La familia Macri, dueña de Socma SA -controladora del Correo Argentino SA-, busca salvar de la quiebra a esa compañía. En una audiencia celebrada en el marco del concurso preventivo de acreedores, el grupo empresario realizó una
oferta para cancelar el 100% de la deuda verificada a su principal acreedor: el Estado nacional. El monto que estima es de mil millones de pesos.
El ex presidente Mauricio Macri sostiene que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner-, responde a una “persecución política” con el único fin de avanzar sobre él, sus hijos y hacer extensiva la quiebra a Socma, el imperio construido por su padre, Franco Macri.
Del otro lado, la Justicia sostiene otros argumentos: cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Dijo que la deuda era de 70.000 millones de pesos.
Mientras la justicia federal investiga si el acuerdo fue abusivo y perjudicial para las arcas del Estado, en el fuero Civil y Comercial la jueza Marta Cirulli avanza con lo que se conoce como crown down (proceso de salvataje). Esta instancia se inicia cuando la concursada no llega a un acuerdo con sus acreedores, entonces se da la posibilidad a los mismos y a terceros interesados de realizar una oferta para mantenerla operativa.
En el marco de ese proceso el Grupo Socma realizó una oferta este lunes.
La semana pasada, en base a un informe de la Sindicatura que respondió a la consulta de los “cramdistas” Transporte Chimiray S.R.L. y Carlos Mariano Moiraghi, y del propio Correo SA, desde Socma sostuvieron que aplicando la tasa mencionada por la Sindicatura para el reajuste, al 28 de febrero de 2021 la deuda era de 1.011.610.941,75 pesos.
La Sindicatura General ha expresado en diversas oportunidades “que el reajuste del crédito verificado del Estado Nacional debe conformarse de acuerdo con los parámetros establecidos en el Contrato de Concesión”.
Es decir que si ambas partes ya habían anticipado y convenido cuál sería el mecanismo de ajuste en caso de incumplimiento, “son esos los criterios que –según esta opinión– deben aplicarse”.
Con esos números sobre la mesa, Socma realizó una nueva oferta donde a los acreedores categoría A, es decir al Estado “se les ofrece el pago íntegro (100% -cien por ciento) del capital verificado o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago”.
En caso de que se cuestionen las pautas sobre devengamiento de intereses ya establecidas por la sindicatura general -continúa el escrito- “se abonará la suma resultante de la liquidación firme dispuesta en sede judicial. El pago se realizará en una única cuota con vencimiento a los 30 días de adquirida firmeza la homologación del acuerdo preventivo”.
En función de los números analizados por la compañía, la deuda reconocida sería de 1.000 millones de pesos, y ofrece pagarla en su totalidad. El miércoles próximo, los abogados de Socma deben presentar las conformidades, y deberán pronunciarse sobre la oferta la fiscalía y la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.
De no conformar la oferta y no avanzar con el proceso de salvataje, la próxima instancia para la jueza Marta Cirulli será decretar la quiebra del Correo Argentino.
El cram down inició cuando en 2019 el Estado desestimó la última de las propuestas que la empresa había realizado para evitar el proceso de salvataje, que entienden en Socma es la antesala a decretar la quiebra. Aquella propuesta, consistía en el depósito al contado de 296 millones de pesos 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, pero vinculada al pago por parte del Estado de alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en 2003 realizada por Néstor Kirchner.
