Máximo Kirchner se encuentra denunciado por enriquecimiento ilícito. La investigación está delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano, quien debe determinar si hay irregularidades en el origen
y los montos de los bienes incluidos por el diputado nacional en su última declaración jurada, donde admitió una fortuna de 292 millones de pesos. Para hacerlo, se cruzarán datos de esa declaración con las anteriores, y también con las tasaciones que se realizaron sobre las empresas de la familia Kirchner. En 2005, cuando Taiano debía resolver si apelaba o no el sobreseimiento de Néstor Kirchner por el mismo delito, secuestraron a su hijo por unas horas.
Sólo en doce meses, Máximo Kirchner incrementó sus bienes en casi un 50%. En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), correspondiente al período fiscal 2019, declaró más de 291.739.213,02 pesos, contra 191.182.823 pesos que había volcado en la documentación oficial el año anterior.
Para analizar la conformación de su fortuna, el fiscal Taiano solicitó las declaraciones juradas del diputado y líder de La Cámpora al organismo que dirige Felix Crous. No sólo la última correspondiente al período fiscal 2019, sino también todas las anteriores desde que asumió su banca en el Congreso.
La OA demoró más de un mes en remitir toda la documentación requerida. El objetivo es analizar año tras año cómo evolucionó el patrimonio del hijo de Cristina Kirchner, denunciado por primera vez por presunto enriquecimiento ilícito.
Esas declaraciones juradas son parte de un entrecruzamiento aún mayor que realizará el representan del Ministerio Público Fiscal. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, se requirió al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) toda la documentación patrimonial vinculada Máximo Kirchner, a las tres firmas familiares y al conjunto de propiedades que poseen.
El TOF 5 es el responsable de realizar el juicio contra Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, por lavado de dinero. Allí se radicaron dos expedientes: Hotesur, donde se investigó a la firma hotelera y que se utilizó, sostiene la acusación, para el blanqueo de 80 millones de pesos, y por otro lado Los Sauces, la inmobiliaria señalada como “una pantalla sin fines comerciales”, para el lavado de más de 30 millones.
Ahora la fiscalía cruzará todos los números del patrimonio declarado por Máximo Kirchner con la tasación que la intervención judicial realizó sobre los activos de las empresas y sus inmuebles.
Por un lado están las sospechas que la abogada Silvina Martínez volcó en su denuncia contra el líder de La Cámpora. En la denuncia que dio inicio a este expediente se sostuvo que los bienes del diputado tendrían un valor superior al declarado, pues ascenderían a 25 millones de dólares. La lista está integrada por 26 inmuebles producto de la sucesión de su padre, y que en su mayoría comparte en parte iguales con su hermana Florencia. También la participación accionaria en tres empresas, depósitos de dinero en el país y una caja de ahorro en dólares.
“De las valuaciones efectuadas por los interventores en los expedientes judiciales surge que Máximo Kirchner posee un patrimonio blanco registrado y contabilizado que supera los 25 millones de dólares. Tiene junto a Florencia Kirchner un patrimonio en conjunto de más de 50 millones de dólares (US$50.200.349). Pero para llegar a la cifra final, habría que sumar otras 27 propiedades que eran de Néstor Kirchner y cuyos titulares son ahora el diputado nacional y su hermana”, sostiene la denuncia de Martínez.
Son los números que busca clarificar la fiscalía para determinar si imputará o no al hijo de la vicepresidenta. Las cifras que se van a contraponer son, por un lado, el valor declarado por Máximo Kirchner respecto a su participación accionaria en Los Sauces SA, unos 6.667.336 pesos. En tanto, sus acciones de Hotesur SA, la empresa hotelera también investigada por operaciones de blanqueo, se valuaron en 10.151.867 pesos. Por otro lado, COMA SA -una compañía de los Kirchner que está inactiva- fue valuada en 94.682 pesos.
Según el informe de los interventores judiciales, la inmobiliaria vale 973 millones de pesos y cuenta con un pasivo de más de 4,5 millones (deudas de uno de los hoteles en El Calafate,y de la casa de la vicepresidenta, entre otras). Máximo Kirchner es el socio mayoritario.
Al respecto, Martínez señaló que este año el hotel Los Sauces Casa Patagónica fue tasado por los interventores en 15 millones de dólares. “Sin embargo, Máximo Kirchner, en su última declaración jurada de 2019 tasó al hotel en 585.420,33 dólares ($34.943.740)”.
A su vez, el Hotel Alto Calafate “fue valuado por los interventores judiciales en 8 millones de dólares, de acuerdo a la tasación del último seguro contratado. Pero Máximo Kirchner declaró que la empresa Hotesur, con el hotel Alto Calafate incluido, valía en 2019 apenas 10 millones de pesos ($10.151.867,20)”, dice la denuncia de la abogada.
Como estos números son parte de la denuncia, Taiano realizará el entrecruzamiento de los mismos para detectar si Máximo Kirchner cometió alguna irregularidad en la declaración de sus bienes. El fiscal es el mismo cuyo hijo fue secuestrado en 2005, cuando él debía decidir si apelaba o no el primer sobreseimiento de Néstor Kirchner en una acusación por enriquecimiento ilícito, resolución que debió volver a tomar en 2008 y 2009. Taiano también es uno de los fiscales emplazados por Anses para jubilarse por haber iniciado los trámites correspondientes.
En el contexto de los expedientes que se encuentran en el TOF 5 y que conducirá ante un eventual juicio al banquillo de los acusados a la familia Kirchner, el abogado de la vicepresidenta –Carlos Beraldi-, solicitó que cesen las intervenciones dictadas desde 2016. Sostuvo que no se administrá correctamente la intervención, con inmuebles sin alquilar y acumulación de deudas.
Los 26 inmuebles que Máximo y Florencia Kirchner heredaron de su padre están bajo la órbita del Condominio que también está intervenido. Como titular en un 50% de las propiedades, el diputado acumuló deudas impositivas por más de 4 millones de pesos que ingresaron a la moratoria fiscal y cuyas cuotas (96 en total), las abona la intervención judicial.
