La política tarifaria pasó por tres etapas: los años 90, con la privatización de las concesiones de servicios públicos; la emergencia desde la devaluación -que duró hasta el final del kirchnerismo
de 2015-; y la quita de subsidios por parte del Estado entre 2016-2019, que permitió mejorar las cuentas de las empresas.
Según la interventora del ENRE, Soledad Manin, el período que comprende los años 2003 a 2015 se caracterizó por “tarifas que funcionaron como mecanismo de subsidio directo, posibilitando el incremento de la competitividad de comercios e industrias, a la vez que implicó una mejora de los ingresos reales del conjunto de la población”.
Según se infiere en su discurso, la presente etapa que encabeza también se dirige en esa dirección. “El gobierno de Cambiemos impulsó una política tarifaria basada en el denominado sinceramiento de precios y defensa de la transparencia, que arrojó como resultado la reducción de subsidios y la mejora del ingreso de las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica”, concluyó sobre la gestión anterior.
“El valor agregado de distribución aprobado por Cambiemos resultó inaplicable desde el primer momento. Edenor no cumplió con sus inversiones en 2017 y 2018. Edesur no cumplió en 2019”, acusó la interventora, algo que fue refutado por las empresas en boca de Ricardo Torres (Edenor) y Juan Carlos Blanco (Edesur).
“Se pensaba en ese momento que las deficiencias en la calidad del servicio tenían que ver con la falta de ingresos que las compañías manifestaban. Y realmente vimos que eso no cambió demasiado. No hubo realmente un impacto en la mejora de la calidad del servicio. Y las inversiones no fueron las esperadas”, manifestó.
Tanto Torres, de Edenor, como Blanco, de Edesur, detallaron sus planes de inversiones de 2016 a 2019. Ambos mostraron indicadores de mejoras en el servicio, por reducción en las interrupciones. La interventora Manín no pareció tener esos datos en cuenta en su discurso se apertura.
“Los estados contables de las empresas concesionarias cuentan la situación económico financiera delicada a pesar de la recomposición de sus ingresos”, argumentó Manín.
“La verdad es que es compleja y tiene varios elementos. Uno de los elementos es el costo de generación y eso no es regulado. Pero después también está el costo de transporte, que es lo que vimos en la audiencia pública de ayer, donde se debatieron las cuestiones de la transición tarifaria con los transportistas y que forma parte de la factura y el costo de distribución, que son las empresas que llevan la luz a nuestros domicilios. Y eso es lo que estamos tratando hoy”, planteó.
El incremento tarifario de 2016 a 2019 fue descripto por Manín por todos sus perjuicios, sin reconocerle ningún aspecto positivo.
Juan Carlos Blanco, de Edesur, mostró una cifra que el ENRE omitió en su presentación. Hubo una reducción de los subsidios a la generación eléctrica que superó el 223%. Si bien la tarifa promedio se duplicó, el costo de generación comenzó a ser pagado en mayor medida por los consumidores y en menor medida por el Estado.
“Hay mucho para mejorar, pero no creo que un Estado al que le falta el dinero deba subsidiar a quienes pueden pagar el costo del servicio”, describió Ricardo Torres, CEO de Edenor.
Edenor plantea subsidios para “quienes los necesitan, no generalizados”. “Si el Estado definiera que la totalidad del déficit de Edenor se incluya en las facturas de los clientes, las tarifas debieran aumentar un 28% para los residenciales y 31% promedio”, planteó Torres. Un millón de clientes pagarían $ 800 mensuales y otro millón pagaría $ 1.600. “Sólo el 18% pagaría más de $ 2.100 mensuales”. El 80% de los clientes tienen Internet, celulares inteligentes y la mitad posee auto.
Edesur solicitó una recomposición semestral del 34% para los hogares, que llega al 45% en el resto de las categorías. La otra alternativa es un subsidio de $ 34.260 millones.
“De una factura promedio residencial de Edenor, solo un tercio son ingresos para Edenor. Los restantes dos tercios se los entrega al Estado, para impuestos, energía eléctrica consumida y transporte. Entiendo que se identifique aumento de tarifas con ganancias extraordinarias para las empresas”, según Torres.
“En 2015, Edenor le facturaba a sus clientes el equivalente a $ 34.000 millones, pero estos ingresos eran insuficientes para pagar sus costos y -con tarifas congeladas- la compañía se endeudaba para cumplir con el mercado mayorista eléctrico. En ese momento, la secretaría de Energía (a cargo de Mariana Matranga) revisó nuestros números y nos otorgó un subsidio de $ 27.000 millones. Un gobierno de afinidad con el actual consideró que Edenor necesitaba $ 40.000 millones anuales para operar”, manifestó Torres.
En 2015, Edenor le transfería al Estado $ 21.600 millones para impuestos y compra de energía. En 2020, esa cifra se multiplicó por cuatro, llegando a $ 82.300 millones. Edenor se quedó con menos dinero y el Estado se llevó cuatro veces más plata para pagar la energía eléctrica e impuestos”, describió Torres.
Edenor solicitó subsidios de entre $ 20.000 millones y $ 30.000 millones para cubrir sus cuentas, en caso de no acceder a los aumentos solicitados.
Edesur en AMBA tiene la tarifa más baja de la Argentina, menor a la de Santa Fe, Río Negro y Tucumán. Además, es un 70% más baja que el promedio de América latina, explicaron en su exposición.
“En cuanto a la incidencia de las tarifas en los distintos sectores, el 65% de los clientes residenciales paga menos de $ 1000 por mes. El 36% abona facturas de hasta $ 500, el 29% de entre $ 501 y $ 1000, un 24% entre $ 1001 a $ 2000, mientras que apenas un 7% abona entre $ 2000 y $ 3000 y 4% más de $ 3000. Estos números reflejan que el servicio de energía, para la mayoría del sector residencial, es más barato que cualquier otro”, según Blanco.
NE
