El Gobierno de Gildo Insfrán adjudicó el fuerte incremento de contagios y de muertes por coronavirus en Formosa a las marchas que se realizaron a comienzos de
marzo y que, según afirmaron, fueron promovidas por la oposición.
El ministro de la Comunidad provincial, Aníbal Gómez, vinculó directamente el fuerte aumento en las estadísticas de la enfermedad a las “movilizaciones promovidas desde el arco político opositor”.
Puntualmente, resaltaron “la llegada a Formosa de dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio y con la irresponsabilidad manifiesta en casos como el del diputado Ricardo Buryaile, quien viajó a Buenos Aires siendo COVID positivo y omitiendo sus síntomas en la declaración jurada obligatoria para subir al avión”.
“Formosa está transitando el mayor pico de contagios, casos activos y fallecimientos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia. El día 4 de marzo se estableció la fase 1 y el 5 de marzo se iniciaron las marchas. 13 días después, el 18, hubo un incremento en la tendencia de muertes por coronavirus en la provincia“, explicó el ministro.
Las filminas del gobierno de Formosa sobre el coronavirus que vincula las muertes a la marcha opositora.
En ese sentido, aseguró que solo en marzo se diagnosticaron 1084 nuevos casos y 20 fallecimientos, “es decir, más de la mitad del total de fallecimientos ocurridos en la provincia desde el inicio de la pandemia”.
Según Gómez, “muchos” de esos contagios “están directamente relacionados con las aglomeraciones de personas y marchas organizadas en violación de las medidas sanitarias” que rigen en la provincia.
“El virus no conoce de banderas políticas, ni perdona. La irresponsabilidad se refleja en los contagios y los contagios se reflejan en los fallecimientos de comprovincianos por esta enfermedad. La responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos es de todos y cada uno de nosotros mismos”, agregó el ministro.
Protestas inéditas
Las manifestaciones en Formosa se iniciaron luego de que el gobierno de Insfrán ordenara el 4 de marzo que la capital provincial volviera a la fase 1 del aislamiento por el aumento de casos.
Inmediatamente, una parte importante de la población salió a manifestarse públicamente al día siguiente, lo que provocó una fuerte represión por parte de la Policía local.
Al grito de “queremos trabajar“, decenas de formoseños -convocados inicialmente por comerciantes y otros sectores afectados por el regreso a la cuarentena estricta- marcharon hacia la Casa de Gobierno. Al querer sortear el vallado de seguridad, se enfrentaron con efectivos policiales que arrojaron balas de goma, gases lacrimógenos, y detuvieron a manifestantes y algunos periodistas.
Las filminas del gobierno de Formosa sobre el coronavirus que vincula las muertes a la marcha opositora.
Esa situación, lejos de aplacar los ánimos, provocó nuevas y masivas protestas, que fueron apoyadas por dirigentes de la oposición. Las manifestaciones continuaron durante varios días.
La provincia ya había sido denunciada semanas antes por la situación de los centros de aislamientos. que fue calificado por la oposición como “un régimen carcelario más que un régimen sanitario“.
Sin embargo,el gobierno nacional defendió el plan sanitario de Insfrán: “No hay violación sistemática de derechos humanos en Formosa, es casi un chiste“, dijo en aquel momento el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
Días atrás, Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins denunciaron que el gobierno de Formosa comete medidas “abusivas e insalubres” para prevenir la propagación del Covid-19.
A través de un informe, las organizaciones de Washington denuncian además que las autoridades provinciales “también han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el Covid-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.
JPE
