En medio del conflicto irresuelto con Walmart, trabajadores afiliados al Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, le pide a los nuevos dueños de Garbarino un pago extra a
modo de recomposición salarial por la reciente venta de la cadena. Los reclamos se plantearon asambleas que se efectuaron el centro de distribución de La Tablada, el más grande de los 32 que tiene la compañía, que desde junio pertenece al empresario Carlos Rosales.
La disputa está centrada en los 180 afiliados de Camioneros que trabajan en Garbarino, sobre un total de 4.500. Aunque todavía no hubo un reclamo formal, desde la compañía dicen que “los salarios están al día”, recalcan que “el diálogo con el gremio es cordial” y que las negociaciones “al más alto nivel empresario y sindical” están encaminadas. “Esto es diferente al caso Walmart. Acá no se piden que se despidan, indemnicen y retomen a los empleados, sino que se recompongan sueldos”, explicó a Clarín una fuente de la cadena.
Rosales (protesorero de San Lorenzo y titular de la aseguradora PROF) compró Garbarino y se comprometió a pagar salarios atrasados (la base del reclamo de Camioneros) y a mantener la totalidad de los empleados. “Estamos pidiendo un bono de compensación porque la empresa se vendió pero durante la crisis los trabajadores cobraron en cuotas, en el mejor de los casos”, señalaron desde el gremio.
La semana pasada, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y abrió un marco de negociación de 15 días hábiles entre Camioneros y Walmart, que fue comprada por Francisco De Narváez, a raíz del reclamo de Camioneros. El sindicato reclama que indemnicen y retomen a 500 empleados por el cambio de dueño de la compañía y la empresa lo rechaza. En la primera audiencia, este miércoles, las dos partes presentaron sus argumentos y si bien no hubo acuerdo admiten que hay negociaciones en curso.
A través de una solicitada publicada en los principales medios nacionales del país, Walmart denunció presiones por parte del gremio en su Centro de Distribución, “con asambleas, quita de colaboración y trabajo a reglamento”, lo que produjo faltantes de mercaderías, especialmente en las sucursales más chicas. La empresa dijo que las transferencias de contratos de trabajo era “una práctica ilegítima, no prevista por ningún marco legal vigente, ni con la forma en que desarrollamos nuestra actividad en el país”.
Por el cambio de dueño, Camioneros exige que despidan y retomen con la misma antigüedad (con el pago de la doble indemnización) a los 500 afiliados que trabajan en el Centro de Distribución, desde el cual abastecen a sus 92 sucursales. En una entrevista radial, Pablo Moyano sostuvo que “si defender el derecho de los trabajadores, el pago de la indemnización que tiene que hacer De Narváez, es ser extorsionador, lo seremos. Pero es un reclamo legítimo”. La empresa lo rechaza. Dice que la empresa es la misma, mantiene el mismo CUIT y que lo único que cambió es el accionista. Y por eso, “no podemos negociar algo que no está previsto en la ley”.
