En un duro e inusual comunicado, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales manifestó su “honda preocupación” por los ataques de funcionarios y medios adictos al gobierno contra jueces y
fiscales, pidió “los mayores esfuerzos” para defender el sistema republicano de gobierno “que garantiza la vigencia de la separación de poderes”, a la que consideró una “barrera infranqueable para toda concepción autoritaria”.
“La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales observa con honda preocupación las manifestaciones efectuadas por algunas autoridades nacionales y medios de comunicación, que afectan el prestigio y la autoridad del Poder Judicial de la Nación, hechas con inocultable finalidad política”, comienza el texto firmado por Roberto Enrique Luqui, presidente de la entidad.
“Esas manifestaciones exceden las críticas que todo individuo o institución pueden formular a los fallos y demás actos judiciales, en el ejercicio de expresar libremente sus ideas. No es lo mismo señalar disconformidad y las deficiencias o errores de los fallos, que atacar institucionalmente a un Poder de la Nación. Por enérgicas que sean las críticas, deben guardar el respeto y la prudencia que corresponde. Los agravios solo generan resentimiento”.
Ante faltas y presuntas irregularidades cometidas por los jueces, recuerda la institución, “la Constitución Nacional establece el procedimiento para separarlos del cargo, con todas las garantías que otorga la defensa en juicio”.
“La Academia considera que los poderes públicos deben hacer sus mayores esfuerzos para que impere el Estado de Derecho basado en la observancia del espíritu y los fines de la Constitución Nacional, particularmente del sistema republicano de gobierno, que garantiza la vigencia de la separación de poderes como principio medular de la organización del Estado“, continúa el comunicado, en su tramo más fuerte.
“En el marco de una visión institucional, ajena a cualquier ideología o interpretación política partidista, la Academia exhorta a los distintos protagonistas que estén a favor o en contra de una legislación en materia judicial, para que las normas que se dicten no se aparten del cumplimiento pleno y efectivo del bloque de legitimidad constitucional“, continúa la declaración de los académicos del Derecho.
Con una cuidada selección de las palabras, la exhortación sin embargo sigue con más advertencias difíciles de no comprender: “Resulta imprescindible asegurar la independencia de los jueces, pieza central del equilibrio de los poderes y garantía de los derechos fundamentales tendientes a proteger las libertades que gozan todos los habitantes del suelo argentino”.
“La Academia reitera, una vez más, que la Nación necesita de la plena y auténtica vigencia de los preceptos constitucionales. Tanto de los que establecen su sistema de derechos y garantías, como de aquellos que regulan sus instituciones, y aspira a que se impongan los valores republicanos con el pleno convencimiento que, en el fiel y cabal cumplimiento de la Constitución nacional, alberga la paz y armonía en las relaciones sociales, como también la barrera infranqueable para toda concepción autoritaria“.
El comunicado firmado por el doctor Luqui se difunde bajo un clima de máxima tensión entre el gobierno y el Poder Judicial. Mientras el nuevo ministro de Justicia ya admitió su plan para desplazar al procurador general interino Eduardo Casal y el diputado Rodolfo Tailhade dedica todo su tiempo a atacar a los fiscales que investigaron delitos de corrupción por parte de Cristina Kirchner y sus ex funcionarios, el presidente intentó suavizar esas embestidas en una reunión con entidades de magistrados.
