Mariano Garay, el intendente de la ciudad de Santo Tomé, Corrientes, sumó una nueva denuncia penal luego que una adolescente de 16 años revelara que recibía en su celular mensajes con
contenido e insinuaciones de tipo sexual.
Hace tres semanas, una joven ex empleada del municipio ya lo había acusado ante la Justicia de reiterados abusos sexuales.
En ambos casos, si bien se trata de delitos diferentes, hay un hilo conductor: el abuso ante las necesidades de las víctimas. La adolescente se contactó con el intendente de la ciudad para acceder a una beca estudiantil; mientras que la joven pasaba por algunos problemas económicos con un trabajo de medio tiempo en una panadería y Garay le consiguió un puesto en el municipio.
Para defenderse, Garay sostiene ante sus allegados que las imputaciones son parte de una campaña sucia que tiene como objetivo desplazarlo del cargo. Y que accionará judicialmente contra las personas que lo denunciaron.
Apenas se conoció la denuncia por abuso, Garay publicó una carta abierta a través de sus redes sociales. Allí aseguró que “buscan solamente agraviarme y dañar mi imagen”. Sobre la joven, dijo que “siempre se la respetó y se le dio un lugar dentro de nuestro espacio político. Lo curioso (y tristemente obvio) del caso es que hace la denuncia luego de haberse enterado de su despido, en año electoral y en plena campaña política”.
En su descargo, Garay dijo que la joven dejó de ir a su trabajo en diciembre del año pasado y que oportunamente fue advertida que podía ser despedida. Sostuvo que la denunciante fue hallada en su horario laboral atendiendo el local comercial de su nueva pareja. Lo curioso es que también fue cesanteada una hermana de la denunciante.
El fiscal del caso, Facundo Cabral, le bajó rápidamente el tenor a la denuncia de la ex empleada municipal. Si bien la joven, de 21 ños, dijo que fue víctima de reiterados abusos sexuales que se produjeron en la casa de Garay, adonde era citada, Cabral avanzó sólo con la figura del abuso de autoridad.
La abogada que acompañó a la familia de la adolescente en la denuncia, Antonella Herrera, también cargó contra el fiscal por considerar que no actuó con perspectiva de género. Sostuvo que al momento de brindar testimonio, a la menor “le solicitaron que entregue su teléfono como prueba, pero no se dispuso el secuestro del teléfono del acusado”.
Para Herrera, el fiscal considera que la adolescente “tiene que presentar el celular para demostrar que está siendo víctima” del delito de grooming. En los mensajes, Garay le habría propuesto a la chica encontrarse en su casa para tener relaciones sexuales. Lo mismo había ocurrido con la joven empleada, a la que conoció en la fiesta de cumpleaños de un joven que vive en la ciudad.
La abogada dijo que la estudiante “en este memento tiene miedo porque hay muchos comentarios negativos” sobre ella. Y dijo que el Juzgado de Instrucción y Correccional de Santo Tomé caratuló el caso como grooming “porque las comunicaciones tienen un contenido e insinuaciones de índole sexual. Es grave que una persona mayor de edad tenga esa conversación con una menor a la cual convocó por unas becas que hay en Santo Tomé para los estudiantes”.
La Justicia por ahora no citó a Garay, pero sí dictó una perimetral en favor de la víctima. La jueza Sara Marina Durand de Pereyra dispuso que el intendente no puede acercarse a menos de cien metros de la adolescente.
Por su parte, la ex empleada municipal realizó una ampliación de su denuncia esta semana. Sostuvo que intentaron hackear sus cuentas sociales y que las personas a las que propuso como testigos están recibiendo llamados para que desistan de presentarse.
GL
En los últimos diez años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, sólo en 2018 fueron 278. La mayoría de los asesinatos ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por parejas o ex.
Dónde llamar
Atención para mujeres en situación de violencia.
Atención a Víctimas de Violencia Familiar.
