El miércoles de la semana pasada, a las 4 de la tarde en punto, el INDEC informó que el 42% de los argentinos está técnicamente en situación de pobreza. Y que
de ese porcentaje, el 10,5% la están pasando aún peor, y se encuentran en situación de indigencia. Del total de pobres e indigentes -unas 19 millones de personas– muchos son jóvenes menores de 15 años.
La noticia no causó una gran convulsión. Hubo alguna declaración de ocasión de un par de ministros, apuntando a que la solución es el crecimiento económico -algo que no se logra desde una década- pero, llamativamente, ni una palabra al respecto del Presidente Alberto Fernández, que sí tuvo tiempo de chicanear a la oposición por la cuestión vacunas, antes de que anunciara que fue alcanzado por el Covid-19.
Los datos de pobreza e indigencia conocidos la semana pasada ya empiezan a ocupar un espacio menor en los medios de comunicación y en la conversación pública. Retornarán dentro de seis meses, cuando se difunda el nuevo informe del INDEC.
Todo esto demostraría o dejaría en evidencia que la sociedad argentina tiene una mayor tolerancia (¿acostumbramiento?) al creciente flagelo de la pobreza que a eventuales medidas de lo que se conoce como ajuste.
Cualquier insinuación de volver al equilibrio fiscal y, así, sentar las bases para empezar a crecer y, por ende, a bajar la pobreza, es mirada con desconfianza. A pesar de lo que dice el propio ministro Martín Guzmán: sin un ordenamiento de la macroeconomía no hay chances de volver a crecer.
Lo de la tolerancia a la pobreza más que al ajuste se podría explicar así: en un año hay tres millones nuevos de pobres y no hubo una gran convulsión. Tampoco hubo un estallido social en el conurbano, donde el 51% de la población está bajo la línea de pobreza. Está más alto el umbral de acostumbramiento a la pobreza.
En cambio, cuando se anuncia una medida de ajuste, arde Troya. Le pasó al gobierno anterior con los aumentos de las tarifas y con la modificación de la fórmula jubilatoria. Mucho antes, en marzo de 2001, le había ocurrido lo mismo al ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. Un día anunció por televisión un ajuste importante y a las dos semanas se tuvo que ir a su casa. Otro caso: el recorte de salarios a empleados públicos y jubilaciones del 13% anunciado por el ex presidente De La Rúa generó un rechazo unánime. Hoy el panorama es distinto. La ilusión monetaria disimula la fuerte pérdida de poder adquisitivo de estos años, que empequeñece aquel 13%.
El rechazo al ajuste también lo comprueba el propio Gobierno, o parte de él. El ministro de Economía insinuó que las tarifas de luz y gas deberían aumentar en el orden del 30% para no incrementar el déficit, ni la emisión monetaria ni la inflación (una de las causas que hace subir la pobreza). Desde el kirchnerismo le pusieron límites: aceptan apenas un tercio de ese aumento.
Es evidente que la opinión pública presta mucha más atención a los aumentos de la nafta, el gas y de la luz que al crecimiento persistente de la pobreza.
Tal vez se deba a que la suba de tarifas y precios se anuncian en las tapas de los diarios y en los noticieros de radio y TV, mientras que la pobreza crece pero en forma silenciosa. Lo mismo con el empleo: Se perdieron 700.000 puestos de trabajo durante la pandemia.
Hace rato que la clase política aprendió que los ajustes no se cuentan en conferencia de prensa. Tal vez por eso este Gobierno atravesó sin sofocones el hecho de que en 2020 el gasto en salarios estatales, jubilaciones y universidades creció menos que las inflación.
En la última década -al menos con datos anteriores a la pandemia- solo en la Argentina y en Venezuela los indicadores de pobreza e indigencia eran peores en 2019 que en 2009. El resto de la región logró mejoras significativas. Fue una década realmente perdida.
Conclusión: la pobreza se expande sin pausa. Pero si hay ajuste, es mejor que no se note.
