La familia Macri ingresó en una cuenta regresiva para evitar la quiebra del Correo Argentino SA, controlada por Socma, el holding fundado por el padre del ex presidente. Este
lunes los abogados presentaron un nuevo escrito, con 410 conformidades a su propuesta de pago, que incluye una cancelación de la deuda para ellos reconocida, en 1.000 millones de pesos a favor del Estado. La jueza Marta Cirulli tiene hasta diez días para resolver si decretará la quiebra de la compañía o si va a homologar la propuesta.
Cuando Mauricio Macri era presidente de la Nación, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal del fuero Civil y Comercial Gabriela Boquín, rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva”, y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Dijo que la deuda era de 70.000 millones de pesos.
Desde la compañía sostienen que la cifra denunciada por la representante del Ministerio Público Fiscal “es incorrecta”, y recientemente en base a un informe de la Sindicatura que respondió a la consulta de los acreedores Transporte Chimiray S.R.L. y Carlos Mariano Moiraghi, y del propio Correo SA, sostuvieron que aplicando la tasa mencionada por la Sindicatura para el reajuste, al 28 de febrero de 2021 la deuda era de 1.011.610.941,75 pesos.
Todo esto se desarrolla en el marco del cramdown (proceso de salvataje) ordenado por la jueza Marta Cirulli. Esta instancia se inicia cuando la concursada no llega a un acuerdo con sus acreedores, entonces se da la posibilidad a los mismos y a terceros interesados de realizar una oferta para mantenerla operativa.
La Sindicatura General expresó en diversas oportunidades “que el reajuste del crédito verificado del Estado Nacional debe conformarse de acuerdo con los parámetros establecidos en el Contrato de Concesión”.
Es decir que si ambas partes ya habían anticipado y convenido cuál sería el mecanismo de ajuste en caso de incumplimiento, “son esos los criterios que –según esta opinión– deben aplicarse”.
En ese contexto, Socma como controlante del Correo SA realizó una oferta donde a los acreedores categoría A, es decir al Estado “se les ofrece el pago íntegro (100% -cien por ciento) del capital verificado o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago”.
En función de los números analizados por la compañía, la deuda reconocida sería de 1.000 millones de pesos, y ofrece pagarla en su totalidad. Ahora deberán pronunciarse sobre la oferta la fiscalía y la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.
Para darle mayor respaldo a su planteo, este lunes Socma realizó otra presentación, en la cual aseguran tener 410 conformidades “que ascienden a un total aproximado de 59% de capital e implican de acuerdo a nuestro cálculo cerca de un 85% aproximado del capital verificado”.
Asimismo, acompañaron el planteo con 94 ratificaciones a las conformidades, y que por su volumen “enfatizan su representatividad y significación, y despejan cualquier sospecha respecto de la procedencia de las ya presentadas”, indicaron los abogados de Socma.
De no conformar la oferta y no avanzar con el proceso de salvataje, la próxima instancia para la jueza Marta Cirulli será decretar la quiebra del Correo Argentino.
El cramdown inició cuando en 2019 el Estado desestimó la última de las propuestas que la empresa había realizado para evitar el proceso de salvataje. Aquella propuesta, consistía en el depósito al contado de 296 millones de pesos 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, pero vinculada al pago por parte del Estado de alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en 2003 realizada por Néstor Kirchner.
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