El Gobierno redobló la ofensiva judicial contra Mauricio Macri y a través de un decreto presidencial, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se instruyó al procurador del Tesoro,
Carlos Zannini, que se constituya en querellante en la causa que se le inició al ex mandatario por presunta “defraudación y administración fraudulenta” a partir del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El decreto 239/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Justicia, Martín Soria;y de Economía, Martín Guzmán; tiene un importante mensaje político, ya que apuntala la figura del kirchnerismo en la ofensiva contra el jefe del PRO al colocar a Zannini como representante del Estado.
“Instrúyase a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa N° 3561/2019 ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública’”, reza lo dispuesto por el Presidente.
Asimismo insta a la Procuración a que “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional”.
Además, el decreto instruye al procurador a ” iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados”, facultando a ese organismo a “promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
Asimismo convoca a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Carlos Montero, para que “determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada” por el Fondo Monetario.
En su artículo cuarto, solicita la colaboración del Banco Central de la República Argentina “en las materias de su competencia” para avanzar en el esclarecimiento de la causa que se inició a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción.
La denuncia contra Macri
La causa contra Macri fue presentada el pasado 12 de marzo por la Oficina Anticorrupción, a cargo de Félix Pablo Crous. La denuncia se realizó en base a un informe del Banco Central y la Auditoria de la SIGEN titulado “Análisis de los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018”.
En la demanda se acusó al ex jefe de Estado de defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos.
La causa también involucra al entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y a los ex presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris.
La denuncia penal fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 y la causa nro. 3561/2019 fue caratulada como “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
En el informe de la SIGEN se establece que en la celebración del Acuerdo Stand-By suscripto entre la Argentina y el FMI “no se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización” del documento. Además apunta que los funcionarios actuantes “suscribieron la Carta de Intención y los memorándums de fecha 12 de junio de 2018 sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente”. Incluso señala que el acuerdo no tuvo “ni la autorización suficiente del Poder Ejecutivo”.
La causa también se fundamenta en un informe del Banco Central titulado “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019”. Justamente en la denuncia se apuntó que “no resulta casual sino causal” la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018.
Más allá de los datos técnicos de la investigación, la designación de Zannini como querellante en esta causa tiene un fuerte contenido político, ya que representa uno de los principales alfiles de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Incluso este jueves, el procurador del Tesoro rechazó ante la Justicia Comercial que está a cargo del concurso de acreedores la última oferta que presentó la familia Macri para saldar en un pago toda la deuda del Correo Argentino. Además reclamó la quiebra de la compañía en una fuerte ofensiva hacia el ex mandatario.
GRB
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