De la convocatoria participaron representantes de la Red Forestal Chaco Argentina (Redaf), de la organización ambientalista Somos Monte, trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Safci), de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, de la Unión de Pequeños Productores del Chaco (UnPeProCH), del Instituto Agricultura Familiar y Economía Popular del Chaco (IAFEP), del Instituto de Colonización del Chaco, del INTA Sáenz Peña, de la Asociación Conciencia Ambiental, del Frente Nacional Campesino, del Observatorio de Conflictos Sociales de la U.N.N.E., entre otros.
Luego de un informe sobre las situación de los casos más urgentes en los que se están trabajando ante acciones de desalojos llevadas adelante por la justicia provincial, se trazaron tres ejes de acción: la conformación de una red política institucional y social que permita hacer frente a despojo de las tierras dedicadas a la agricultura familiar; la realización de un mapeo de los conflictos existentes en base a la compilación y sistematización de datos que se disponen y el pedido de informes a organismos del Estado provincial; y la conformación de una asesoría jurídica de acompañamiento para la misma red y para las familias de agricultores criollos e indígenas que lo necesiten; en este último punto también surgió la necesidad de informar sobre la legislación vigente que protege a la agricultura familiar y campesina.
En este ámbito la Diputada Cristaldo, junto a los equipos de los diputados Cubells y Schwartz sugirieron una agenda legislativa para el presente año
Entre los acuerdos arribados se pueden citar la conformación de distintos grupos de trabajo que tendrán entre otros objetivos, los siguientes: elaborar una propuesta de conformación de una mesa interinstitucional y social para analizar las diferentes controversias y conflictos existentes en la provincia sobre tierras dedicadas a la agricultura familiar, se sugiere su funcionamiento en el ámbito de la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados.
Así como la elaboración de varios pedidos de informes a Fiscalía de Estado y ATP, para conocer la situación en la que se encuentran los distintos procesos de expropiación sancionados por la Legislatura y el valor fiscal de la tierra; la recopilación y sistematización de datos, a los efectos de conformar una base de información que permita contar con un relevamiento-mapeo lo más actualizado y completo posible sobre todos los casos existentes en la provincia (deberá contener entre otros datos: productores, superficie ocupada, grupo familiar, tiempo de ocupación, situación legal, tipo de producción y de comercialización, ingresos, características de las viviendas, infraestructura, etc.).
Y la conformación de un equipo que permita actuar de manera urgente ante una situación de despojo, cómo movernos en conflictos y a quién acudir en los territorios, ofreciendo información y asesoramiento jurídico, alfabetismo jurídico.
