El Estado en Uruguay gasta más de 20.000 millones de dólares por año, según cifras oficiales. Esto incluye desde las jubilaciones a los salarios de los empleados estatales, pasando por las diversas transferencias a los múltiples organismos del Estado, las inversiones, etc. Si se agrega el pago de intereses de la deuda y las intendencias departamentales, la cifra total de gasto es superior al 30% del PBI.
Recordar esto viene al caso porque el gobierno de Luis Lacalle Pou ha planteado que en la próxima Rendición de Cuentas hará énfasis en salud mental y adicciones, con una inversión anual de u$s 20 millones para diversos programas. Es una cifra enorme, que ojalá dé los resultados esperados, en un tema angustiante para muchas personas y familias. Pero es una cifra pequeña comparado con el gasto total mencionado.
Es que no hay que engañarse: el gasto del Estado es particularmente rígido y la mayor parte de las partidas ya están comprometidas: jubilaciones, sueldos, gastos de funcionamiento general, son casi inamovibles. Por eso es tan difícil hacer “espacio presupuestal” para nuevas necesidades emergentes, y muchas veces el Estado termina corriendo de atrás a los desafíos, incluso los más urgentes. Lo que sucede con la actual crisis hídrica es un contundente ejemplo.
De cara a una nueva Rendición de Cuentas, una vez más se abrirá una intensa discusión sobre diversas demandas por mayor gasto (la Universidad, por ejemplo, pretende un aumento presupuestal significativo). Y si bien es posible que puedan darse cambios relevantes en algunas áreas, serán movimientos en el margen, no en los grandes componentes del gasto. Además, la situación fiscal no está para grandes generosidades.
Déficit fiscal en alza
La nueva Rendición de Cuentas es la última para este período de gobierno en la que se pueden establecer gastos agregados, pero llega en momentos en que la economía está afectada por la sequía y la situación en Argentina, que golpea al comercio. Además, Uruguay está sufriendo notorios problemas de competitividad, por la caída del dólar (consecuencia de la política anti inflacionaria).
Así, la recaudación está cayendo, pero el gasto sigue de largo, inercial. Es más: dada la política de recuperación salarial, el gasto en salarios y jubilaciones está subiendo en términos reales. A todo esto hay que agregar la decisión de bajar impuestos, que implicará resignar ingresos por u$s 150 millones anuales (aunque parte de eso podría “volver” por más consumo).
De todo esto resulta un aumento del déficit fiscal global, que pasó de 3,2% anual al cierre de 2022 al actual 3,6% en el año móvil a marzo. Los ingresos primarios cayeron de 26,1 a 25,8% del PBI, principalmente por la menor recaudación de impuestos (DGI). Mientras, los egresos primarios subieron de 26,9 a 27,1%.
Así las cosas, es difícil que el gobierno logre cumplir su meta de cerrar el año con un déficit de 2,6% del PBI. Es cierto que la regla fiscal vigente impone determinados límites en términos de resultado fiscal estructural, contemplando contratiempos coyunturales como los que notoriamente hay este año. Pero de todos modos la trayectoria fiscal es incómoda, en especial para una conducción económica que ha hecho de los equilibrios macroeconómicos un objetivo central de su gestión.
Uruguay tiene una posición financiera sólida y el mercado así lo reconoce, con un riesgo país en mínimos históricos. Pero no hay que dormirse en los laureles: el endeudamiento ha tenido un aumento apreciable, especialmente por el abultado déficit generado en la pandemia. Luego de una reducción importante en 2021 y 2022, el rojo de las cuentas del Estado está subiendo y enciende una luz amarilla.
Fuente Ambito
