“En nuestro alegato de apertura –recuerda la fiscal federal Indiana Garzón– señalamos la existencia de un principio, tomado del mundo financiero, usado en ocasión de las crisis bancarias, sobre todo la del 2008: ‘Too big to fail, too big to jail’, es decir, demasiado grande para caer, demasiado grande para ser encarcelado. El desafío fue llevar a juicio la conducta de un claro exponente del poder salvaje y de la impunidad de acciones por fuera de la ley”.
Días después de aquella exposición, el Tribunal Oral en lo Criminal de Santiago del Estero condenó al presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro, a la pena de tres años de ejecución condicional por ser responsable del delito de contaminación en tres hechos en concurso real. La sentencia dejó de ser un hecho aislado: otros empresarios también empiezan a ser juzgados y condenados.
Los magistrados del tribunal santiagueño dieron por probado que desde su ingenio La Florida el empresario contaminó la zona de El Palomar, al noroeste de Santiago del Estero: volcaba al canal público interprovincial del Este unos 80 millones de litros de vinaza, un líquido derivado de la producción de etanol y asociado a la fermentación de jugos o mieles de caña de azúcar. Sin el tratamiento adecuado es altamente tóxico.
Rocchia Ferro, además, deberá pagar una multa de 100.000 pesos y afrontar los costos de una serie de obras para reparar el perjuicio: instalación de un pozo de agua potable, construcción de una casa albergue docente, una posta sanitaria y un galpón techado destinado a esparcimiento y juegos infantiles; también un cerco perimetral olímpico y portón de ingreso para la Escuela 612; compra y colocación de tapa de pozo ciego; construcción de un puente peatonal; provisión de guardapolvos y útiles escolares para 100 alumnos de la escuela y otorgamiento de 20 becas en la Universidad de San Pablo Tucumán.
También deberá donar una camioneta 0 KM, dos cuatriciclos y una lancha a la provincia de Santiago del Estero. Y cumplir reglas de conducta por el plazo de dos años.
“Desde noviembre de 2015 –explica Garzón–, que fue la primera vez que se convocó y se sentó a juicio a Rocchia Ferro, hasta la última semana de mayo que fue la condena, el proceso resultó una carrera de obstáculos, no dejaron por oponer nada: cuestiones de competencia, acumulación de expedientes, suspensión del proceso a prueba, reparación, etcétera. La fiscalía siempre sostuvo que la pena era la única manera de parar la conducta criminal de los acusados porque a las empresas de este tamaño, en cuanto a producción y ganancias, las multas y otras sanciones de orden administrativo no les hacen mella. Incluso, las reparaciones que propusieron a lo largo de este proceso constituyen un costo mínimo en el volumen de las ganancias anuales, una verdadera limosna”.
Delitos ambientales, deuda y empresarios
Antes de la condena a Rocchia Ferro, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán había sentenciado a tres años de prisión a los empresarios azucareros Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep por contaminación con vinaza proveniente del ingenio La Trinidad entre 2007 y 2009. El juicio tuvo que realizarse tres veces porque en las dos primeras oportunidades los tribunales provinciales (con diferentes conformaciones) habían absuelto a los empresarios.
“La verdad –dice con el tono grave de las confesiones el fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Gustavo Gómez– que todos estos procesos y juicios se lograron porque la Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires, para mí el tribunal más ambientalista que tenemos en la Argentina, impulsa y hace lugar a los recursos que presentamos. Los jueces, no solo los tucumanos sino todos los de la región norte del país, son muy reacios a llevar adelante las causas por crímenes ambientales. Los fiscales estamos permanentemente discutiendo con los jueces el trámite de estas causas. Al mismo tiempo, no son muchos los abogados que quieran patrocinar como querellantes estos delitos de contaminación porque los acusados siempre son personas poderosas”.
Hay más. A principios de mayo, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás condenó a la empresa productora de agrotóxicos Atanor al pago de 150 millones de pesos de indemnización al Estado argentino por contaminar de manera «irreversible» el río Paraná.
“Si bien las sentencias y los juzgamientos a empresarios son noticias por estos días, en especial por los fallos federales en Tucumán y Santiago del Estero por los ingenios azucareros, hay que tener presente que son causas que llevan varios años. Es lo que pasa con Atanor, que es un conflicto socioambiental que lleva más de ocho años de gestión judicial, y ese es justamente uno de los problemas graves que enfrentamos: la falta de resolución en plazo razonable. Es una deuda del Estado”, subraya Fabián Maggi, abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiente de San Nicolás (Fomea) y responsable de la condena inédita.
“Logramos que el fiscal federal realice un allanamiento y tome muestras tanto de suelo como de los afluentes industriales. Estos datos fueron luego analizados por un perito, por un experto del Conicet y de la Universidad de La Plata, que, entre otras cuestiones, dictaminó que se generó un impacto negativo en la biota acuática con altos contenidos de atrazina. De esa manera pudimos demostrar que existía un alto grado de contaminación en toda esa zona”, repasa Maggi.
Para el abogado, la condena a Atanor es un hito porque, primero, no existen antecedentes de un fallo que “determine que una industria dañó de manera irreversible» el curso del río Paraná. Y segundo, “porque se trata ni más ni menos de una multinacional productora de agroquímicos, con la importancia que eso tiene en nuestro país”.
“La mayor dificultad en estas causas –coincide Gómez– es la demora. Rocchia Ferro estaba en condiciones de ser juzgado en el 2019, pero a través de argucias legales demoró el proceso. Lo mismo pasó con el caso Drube donde el acusado fue dos veces sobreseído. Los fallos en la justicia federal del norte no nos acompañan”.
Foto: Télam
Los poderes salvajes y la conciencia social
“Una manera de dimensionar la importancia de esta condena (en referencia a Jorge Rocchia Ferro) es comparar estos procesos con los seguidos por delitos de lesa humanidad. En éstos hay una conciencia social y jurisprudencia ya establecida como para que se haya avanzado bastante en juicios y condenas a los responsables. No obstante, juzgar a los responsables civiles sigue siendo difícil y hasta imposible. Pues bien, respecto de los delitos ambientales la conciencia social es mucho menor y la jurisprudencia escasa: no obstante, se pudo juzgar y condenar a un empresario, no un empresario cualquiera, sino al presidente de la Unión Industrial de Tucumán, dueño del ingenio más grande, entre otros, y además dueño de una universidad privada”, destaca la fiscal federal Indiana Garzón.
Y concluye: “Como si exigirles el respeto a las reglas a los dueños y gerentes de bancos –en este caso dueños y gerentes de empresas–, fuera una desubicación de operadores judiciales que desconocen los perjuicios que supuestamente se provocan a la economía y, sobre todo, por el desconocimiento de una supuesta supralegalidad de estas actividades. Por encima de la ley, o por fuera de la ley: son ‘poderes salvajes’”.
Fuente Tiempo Argentino
