Suceden tantas situaciones en la Argentina, y ocurren tantos recortes y ajustes al mismo tiempo, que muchos pasan desapercibidos. Uno es el de las escuelas técnicas, dispuesto en el presupuesto 2026 por el Gobierno nacional y avalado por La Libertad Avanza y gobernadores aliados. Pero el tema no se cerró: familias de alumnos presentaron una acción colectiva solicitando un amparo que frene ese desfinanciamiento, que acaba de ser aceptada por la Justicia.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 resolvió dar curso como acción colectiva al amparo presentado por familias de estudiantes de escuelas técnicas públicas contra el artículo 30 del Presupuesto 2026.
Se trata del primer amparo colectivo que cuestiona el recorte al financiamiento de la educación técnico-profesional a nivel nacional y que fue impulsado por Agustin Letcher, Tamara Bezares, Pablo González, Gabriel Ponce, Adrian Ojeda, Gerardo Marchesini y Rodolfo Zarate.
El desfinanciamiento de las escuelas técnicas
En esta primera decisión, la Justicia reconoció que existe una afectación común y homogénea sobre el conjunto de estudiantes de la educación técnico-profesional estatal y, por eso, dispuso que la causa tramite como amparo colectivo, con efectos sobre toda la clase involucrada.
La demanda impugna las modificaciones introducidas por el Presupuesto, que eliminaron mecanismos clave de financiamiento del sistema educativo, entre ellos el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional y los pisos de inversión en educación y ciencia y tecnología.
Junto con la demanda se solicitó una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 30 del Presupuesto 2026 mientras se resuelve la cuestión de fondo, con el objeto de evitar que el desfinanciamiento siga deteriorando de manera inmediata las condiciones de cursada, el equipamiento, la infraestructura, los insumos y las prácticas profesionalizantes de las escuelas técnicas públicas.
Las familias remarcaron que la resolución es un paso clave, porque reconoce que no se trata de casos aislados, sino de una afectación estructural al derecho a la educación técnico-profesional, en un contexto de retroceso sobre garantías legales de financiamiento previamente vigentes.
«Lo que decidió ahora el juzgado fue admitir la tramitación del caso como amparo colectivo, reconocer que existe una afectación común sobre el conjunto de estudiantes de escuelas técnicas estatales y delimitar el alcance de la clase involucrada. A partir de acá, el expediente sigue su trámite y quedará pendiente la decisión sobre la tutela urgente que pedimos para suspender los efectos del artículo 30 mientras se discute el fondo«, resaltó a Tiempo Tamara Bezares, abogada de la causa.
Comentó que no hay un plazo exacto que pueda anticiparse: «La cautelar todavía no fue concedida ni rechazada; es una decisión pendiente. Esta primera resolución ordenó el trámite colectivo del amparo y ahora esperamos que el juzgado se pronuncie sobre la tutela urgente solicitada desde enero pasado».
«Llevando al abismo a las escuelas técnicas»
Los reclamos se vienen sucediendo desde inicios de año. En enero, tras la presentación judicial de un grupo de padres de alumnos de escuelas técnicas para restituir la vigencia de las normas derogadas en el Presupuesto 2026 respecto a la educación técnica, los integrantes del bloque del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley en esa línea.
Con las firmas de Romina del Pla, Miriam Bregman, Néstor Pitrola y Nicolás del Caño, la iniciativa sostiene que la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, “elimina el principal fondo de financiamiento del INET (Instituto Nacional de Educación Técnica)”.
Entre los fundamentos del proyecto reiteraron que la derogación de estos artículos -los cuales perdieron vigencia con la aprobación del Capítulo II de la Ley de Presupuesto 2026-, “la situación de desfinanciamiento se profundizará llevando al abismo a la educación técnica, siendo que distintos especialistas calculan que el presupuesto 2026 derivará en un recorte de 84,5% de los recursos del INET”.
“Abundan los artículos que plantean pasar ‘motosierra’ por la educación, la ciencia, la salud, los salarios, el ambiente y muchos otros puntos que contienen reivindicaciones populares. Mientras, otros tantos artículos benefician a grandes empresarios, y habilitan al gobierno a continuar y profundizar una política de endeudamiento y entrega colonial”, cuestionaron en los fundamentos del proyecto de ley en referencia al presupuesto 2026.
El artículo 30 de la Ley deroga el piso de financiamiento obligatorio y elimina la ecuanimidad en la distribución de recursos que garantizaba la Ley 26.058 de Educación Técnica Profesional.
En diálogo con Tiempo, Gerardo Marchesini, docente de la educación técnico profesional explicó que la eliminación del Fondo de Educación Técnico-Profesional afectará a 1.900.000 estudiantes en Argentina, especialmente en niveles secundarios técnicos y en formación profesional: “Sin formación técnico-profesional no hay cualificación del empleo. Las especialidades abarcan muchísimas áreas, ya que es una educación dinámica que va incorporando las nuevas tendencias dentro del ámbito de producción de servicios: programación, inteligencia artificial, desarrollo de sistemas embebidos, por nombrar algunos, la biotecnología, las energías renovables, que se suman a las formaciones más tradicionales, como ser las construcciones, energía, mecánica y automotriz”.
“El artículo 30 de la ley de presupuesto es un tiro directo a la posibilidad de un país con desarrollo porque no sólo afecta a la educación técnico-profesional, también afecta al sistema general de educación pública, al desarrollo de la ciencia y tecnología y al desarrollo de la soberanía nacional”, advirtió.
La normativa eliminada este año establecía que el Estado debe invertir el 0,2% de los ingresos corrientes en el fondo para la educación técnica, lo que hoy equivaldría a unos 322 mil millones de pesos. Sin embargo, el gobierno dispuso arbitrariamente otorgar sólo 11 mil millones de pesos.
Fuente Tiempo Argentino
