Los jueces y empleados administrativos de un tribunal de apelaciones en el estado occidental de Colima, en el centro oeste de México, comenzaron esta semana a trabajar en sus hogares para evitar ser víctimas de los embates de la delincuencia luego de recibir amenazas o de ser objeto de acciones violentas.
El “home office” fue instaurado oficialmente “ante la enorme ola de violencia que se vive en esta ciudad y particularmente en áreas cercanas a las instalaciones” del organismo del Poder Judicial.
Autoridades judiciales instruyeron a los jueces y trabajadores del tribunal a estar “localizables por correo, teléfono” y redes sociales, consignaron medios locales y la agencia de noticias ANSA.
La medida fue adoptada luego de que el domingo pasado dos personas que asistían a una audiencia ante un juez fueron asesinadas en las afueras del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en ese tribunal.
Poco después fue baleada la patrulla que se encargaba de la custodia de la casa donde, en junio de 2020, fue asesinado el juez Uriel Villegas, que instruía varios casos relacionados con el crimen organizado.
Dos días más tarde fue asesinado en su casa, cuando se encontraba al lado de su hijo, un abogado que brindó asesoría legal a una de las personas que participó en la audiencia del domingo y que posteriormente murió en el ataque.
Horas después, custodios del tribunal identificaron a un sospechoso en un vehículo fuera de la sede judicial que fue perseguido por policías.
Esa modalidad de ataques es poco frecuente en México, un país sacudido por la violencia ligada al narcotráfico.
Antenoche, un ataque con explosivos contra un vehículo en el que se trasladaban funcionarios de seguridad dejó al menos seis personas muertas, de las cuales tres eran policías, y otras 12 heridas en el estado occidental de Jalisco.
Personal de la Fiscalía y la Policía “sufrió un cobarde ataque con artefactos explosivos, que preliminarmente causó la muerte de tres compañeros de la policía municipal”, lamentó el gobernador Enrique Alfaro.
“Se trata de un hecho sin precedentes que pone de manifiesto de lo que son capaces estos grupos de la delincuencia organizada. Este ataque representa también un desafío contra el Estado mexicano en su conjunto”, advirtió Alfaro.
El funcionario dijo que el gabinete de seguridad de Jalisco se hallaba en “sesión permanente para investigar el atentado”, cuya autoría no ha sido atribuida aún a ninguna organización criminal en específico.
El estado es la base de operación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México, con presencia en buena parte del territorio nacional.
En junio pasado, un inusual ataque con explosivos con un coche bomba provocó la muerte de un agente de la Guardia Nacional y dejó a otros tres heridos en el estado central de Guanajuato.
Esa modalidad de ataques es poco frecuente en México, un país sacudido por la violencia ligada al narcotráfico.
Desde fines de 2006, cuando se implementó una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado ordenada por el presidente Felipe Calderón, México acumula unos 350.000 asesinatos, la mayoría adjudicados a grupos de narcotraficantes, así como decenas de miles de desaparecidos.
Fuente Telam
