Villapinzón, Colombia – Unos sonríen, como Crisanto y María, campesinos que recibieron tierra, y otros lloran, como Yaneth, viuda de un policía asesinado en medio de la violencia: dos caras de la moneda en un país dividido describen la llegada al poder de Gustavo Petro, el mandatario que cambió la historia política de Colombia.
El primer presidente izquierdista del país cierra hoy su primer año de gobierno, acorralado por escándalos de corrupción y dolores de cabeza en temas seguridad, pero con el respaldo de las bases que creen en su capacidad para transformar una de las sociedades más desiguales de América Latina.
En Villapinzón, a unos 80 kilómetros de Bogotá, Crisanto Heredia y María Romero recibieron las escrituras de un pequeño predio tras años de espera.
Cultivador de papa y ganadero, el esposo, de 55 años, fue testigo de los enfrentamientos entre en el Ejército y los guerrilleros de las desaparecidas FARC cuando avanzaban hacia la capital, a principios de siglo.
En 2005, cuando la fuerza pública retomó el control de la zona, inició un trámite para obtener los documentos de la tierra y retomar la producción. A finales de junio, luego de 18 años de gestiones en tres gobiernos, recibió el título.
“Sentimos una gran emoción, alegría al ver que ya regresa el título a nuestro poder”, expresa cubierto con una ruana.
Claves del presente
El presidente asegura que el Estado tiene una deuda histórica con los campesinos. La inequitativa distribución de la tierra está en el corazón de un conflicto armado que dura más de seis décadas.
Petro se ufana de haber titulado más de un millón de hectáreas a cultivadores e indígenas en sus primeros siete meses de gobierno gracias al fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, frente a las 1,4 millones de hectáreas entregadas por su antecesor Iván Duque durante todo su cuatrienio (2018-2022).
Lejos de esa alegría, Yaneth Calvo aún suelta lágrimas por su esposo, asesinado el 2 de marzo en una protesta de indígenas y campesinos, acusados de estar influenciados por disidentes de la guerrilla FARC que no dejaron las armas en 2017, contra una petrolera en San Vicente del Caguán (sur).
Antes de ser retenido junto a otros 70 uniformados y luego apuñalado, Ricardo Arley Monroy había expresado preocupación a la madre de sus dos hijos. “A inicios de este gobierno, (él) sentía que la fuerza pública estaba siendo abandonada y que a ellos les estaban quitando muchas maneras de defenderse”, dice la mujer.
Petro lanzó un ambicioso plan bautizado como la “Paz Total”, con el que pretende apagar el conflicto armado con diálogos. En los primeros 12 meses pactó ceses al fuego con guerrilleros, paramilitares y pandillas.
La oposición derechista y reservistas de las fuerzas militares le critican que entregó el país al crimen y sacrificó la seguridad.
“Han cedido demasiado a los grupos al margen de la ley”, se queja Yaneth con los ojos vidriosos, mientras observa las pertenencias de Monroy.
Nudos
Obstinado en sus ideas, Petro ha perdido apoyos de congresistas que se niegan a votar a favor de sus propuestas de ley de gobernadores de varios de los 32 departamentos que consideran que el mandatario se salió de rumbo y más recientemente de su hijo Nicolás, quien confesó ante la justicia una supuesta financiación ilegal a su campaña.
En el departamento del Meta (sur), el gobernador Juan Guillermo Zuluaga asegura que los rebeldes están recuperando territorios a punta de terror.
“Por buscar la paz no podemos descuidar la seguridad. Somos aliados del gobierno en la búsqueda de la paz, pero paz total; sin seguridad total, no existe”, dice Zuluaga con un sombrero de vaquero.
El fantasma de la violencia vuelve a recorrer el país después que seis décadas de conflicto hayan dejado al menos nueve millones víctimas.
Petro prometió transformaciones profundas en un país gobernado históricamente por élites liberales y conservadoras. Pero su voluntad choca con una escasa planeación y un entorno convulsionado.
“La llegada de Petro generó unas expectativas muy altas, la gente imaginaba que todo iba a cambiar y la desilusión es profunda”, dice Eugenie Richard, analista de la Universidad Externado.
Quienes sí han sentido un cambio opinan lo contrario. En abril de 2022, policías fuertemente armados capturaron en Medellín (noroeste) a Laura Ramírez, una contadora de 25 años que hizo parte de las multitudinarias protestas contra Duque. Fue imputada por concierto para delinquir y terrorismo y pasó casi 8 meses en prisión.
Catapultado tras ese estallido social, Petro se puso del lado de sus simpatizantes. Algunos de ellos, como Ramírez, consiguieron la libertad y ahora trabajan en el gobierno.
Por el “presidente Gustavo Petro me he sentido muy protegida”, dice Ramírez, “vocera” de la estatal Oficina del Alto Comisionado para la Paz en las barriadas de la ciudad.
“No podemos decir que todo está perfecto”, pero Petro “nos ha devuelto la credibilidad a los jóvenes”, valora.
Agencia AFP
Fuente Ambito
