“No me importa que me den nada, solamente quiero los huesitos de mi padre para ponerlo en tierra”, decía Aurora López tiempo atrás. Murió en 2019, tenía 94 años y nunca pudo hallar los restos de su padre: Alejo López.
“Mi abuelo era bajito y crespo. Tenía 32 años, estaba trabajando en la estancia Gauto. Era muy serio pero tenía su picardía, era muy chistoso”, cuenta Amalia Mercedes Carrizo, de 84 años, a Tiempo Argentino.
Carrizo no llegó a conocer a su abuelo y poco sabía de él.
“Mi abuela Mercedes Campano estaba embarazada de mi mamá. A él lo mataron en diciembre y mi mamá nació el 18 de febrero. Mi mamá no conoció a su papá y no podía explicarme qué había pasado y cuando tocábamos el tema, la abuela se ponía a llorar”, repasa desde Pico Truncado, al norte de Santa Cruz.
Fue por la lectura del libro “La Patagonia Rebelde” de Osvaldo Bayer, que su tío Alejo, el mayor de los hermanos, supo lo que había sucedido.
“Mamá sabía lo que le contaba el tío, se empaparon del tema con don Bayer. Ahí empezó todo”.
Hasta sus últimos días, Aurora anheló encontrar los restos de su padre, quien junto a Facón Grande y otros huelguistas, fue fusilado por el Ejército el 22 de diciembre de 1921 en un estancia ubicada a aproximadamente 3 kilómetros de Jaramillo.
“Cuando leí el libro que escribió don Bayer, lloré tres días seguidos, hubo mucha crueldad con ellos”, dice sobre los hechos acontecidos entre 1919-1921 en los que fusilaron a 1500 peones.
Por la verdad
“Al comienzo de la gestión, una de las misiones fundamentales pedida por la gobernadora Alicia Kirchner para trabajar en Memoria, Verdad y Justicia fue que trabajásemos no solo en lo referido a la dictadura cívico-militar sino también en la masacre durante las huelgas entendiendo que, pese a haber sucedido en un contexto histórico democrático, el Estado, en manos del Ejército Argentino, violó los Derechos Humanos de los obreros”, recuerda Nadia Astrada, secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz.
Con este lineamiento la Secretaría llevó adelante una primera reunión en 2018 con activistas, encuentro que sería fundacional para la Mesa Provincial de Huelgas.
“Fue un trabajo colectivo muy interesante, se abrieron mesas locales que se comprometieron con el reclamo de Justicia, Memoria y Verdad”, comenta. Al año siguiente, se dispuso que el 7 de diciembre sea feriado provincial en conmemoración de los obreros fusilados.
Finalmente, el 7 de junio de 2021, el Gobierno de Santa Cruz se presentó ante la Justicia Federal como querellante en la causa donde se solicita se declaren delitos de lesa humanidad a los fusilamientos.
Posteriormente, la Secretaría de DD HH de la Nación y seis familiares de víctimas, con el acompañamiento de la senadora Ana María Ianni, se sumaron como querellantes.
El 12 de julio pasado, el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, viajó hasta Pico Truncado para tomarle declaración a Carrizo.
María José Román, letrada patrocinante de la querella de familiares, manifiesta: “Por primera vez, estos hechos han sido denunciados en la Justicia, por lo cual esta investigación y la denuncia son históricas. Hasta ahora, estos hechos eran popularmente conocidos gracias a la investigación de Osvaldo Bayer y las investigaciones de expertos, el trabajo de las Mesas y de muchos activistas, pero nunca se había presentado una denuncia e iniciado una investigación penal preparatoria en sede judicial”.
Por otra parte, explicó, que al ser hechos de hace 103 años, “supone que tanto víctimas como victimarios no están vivos, por ellos la imputación penal no puede ser dirigida a autores materiales del hecho y como son crímenes cometidos por el Estado entran en la categoría de crímenes de lesa humanidad o genocidio y cómo tal son imprescriptibles”.
“Esta instancia conlleva un reconocimiento por parte de una sentencia judicial al derecho que tienen toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias y quiénes participaron, como parte del derecho a la reparación por violaciones de los Derechos Humanos”.
La dificultad que se está presentando es la reticencia de los dueños de estancias para la inspección de las tierras, motivo por el cual evalúan citar a los dueños de las estancias para que presten colaboración con la investigación.
El proceso continúa avanzando con nuevas pruebas y testimoniales. Además, existe un compromiso del Equipo Argentino de Antropología Forense para la geolocalización de tumbas masivas y la toma de muestras de sangre a familiares que permitan realizar el cotejo.
“Estoy muy entusiasmada, muy contenta, se va a cumplir lo que mamá siempre quiso. A Ana María Ianni y a la Dra. Alicia Kirchner no sé cómo agradecerles”, expresa emocionada Carrizo confiando en que pronto podrá conocer donde se encuentran los restos de su abuelo y de los 1500 obreros asesinados por luchar por condiciones dignas de trabajo. «
Fuente Tiempo Argentino
