El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) denunció este martes la “casi absoluta impunidad” en México frente a la alarmante cantidad de desapariciones forzadas de las últimas décadas y pidió a las autoridades una investigación más adecuada de los casos.
En un comunicado, el CED se manifestó “preocupado” porque las cifras oficiales de México de 111.540 personas desaparecidas entre 1962 y 2023 parecen estar subestimadas por no haberse actualizado según un protocolo local y normas internacionales.
El CED llamó al Gobierno de México a que “asegure la transparencia de la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional” de personas desaparecidas para “garantizar la confiabilidad de los datos recabados”.
El comunicado, publicado en la página web de la ONU, agregó que solicitaba que el proceso fuera coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda, de manera independiente e imparcial.
Asimismo, el CED también subrayó que México debe “establecer mecanismos que aseguren la participación de los colectivos de víctimas y adoptar medidas para evitar su revictimización y proteger la seguridad de la información contenida en el Registro“.
También expresó su “preocupación por la inadecuada investigación” de la cantidad de desapariciones, así como de las consecuentes bajas condenas penales y la “casi absoluta impunidad”.
El CED instó al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a garantizar la investigación “inmediata, imparcial y exhaustiva” de las denuncias de desapariciones forzadas, pero “también de las desapariciones cometidas por personas o grupos que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado“.
También pidió a las autoridades que actuaran con la debida diligencia en todas las fases del proceso, enjuiciara y castigara a los autores con penas correspondientes.
El antecedente clave, Ayotzinapa
El comunicado se publicó luego de cumplirse el noveno aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, secuestrados en la noche del 26 de septiembre de 2014.
El secuestro ocurrió cuando casi un centenar de jóvenes que viajaban en cinco autobuses fueron atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero, en el sur de México, mientras se disponían a participar en la manifestación anual de conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza Tlatelolco de la capital, perpetrada por militares en 1968.
Según la versión del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), policías corruptos detuvieron a los estudiantes de magisterio y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos con integrantes de una banda rival.
Sin embargo, esto fue desmentido por López Obrador, al concluir que fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles.
La semana pasada fueron secuestrados siete jóvenes de entre 14 y 18 años en el estado de Zacatecas por un grupo armado, cuando salían de una fiesta.
A pocos días, las autoridades mexicanas encontraron seis cadáveres y confirmaron que se trataba de los jóvenes secuestrados en esa región. El séptimo secuestrado fue encontrado herido.
Fuente Telam
