La crisis en la transición democrática en Guatemala originada en decisiones adoptadas por la Fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arévalo podría llevar a la Unión Europea (UE) a adoptar sanciones contra los responsables, advirtió este martes el Gobierno de Francia.
La reacción internacional
El anuncio en París se conoció luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertara sobre “una inminente ruptura del orden constitucional” en el país centroamericano debido a las actuaciones “arbitrarias” del Ministerio Público contra el proceso electoral.
Ambos pronunciamientos se sumaron a otros -como reiterados llamados de atención de Estados Unidos- para rechazar distintas medidas adoptadas por la Fiscalía que amenazan la normal transición en Guatemala y la asunción de Arévalo, prevista para el 14 de enero próximo.
“Francia condena con firmeza los intentos de cuestionar los resultados de las elecciones generales”, cuya regularidad confirmó una misión de observación electoral de la UE, dijo una vocera de la diplomacia francesa.
#CIDH adopta Resolución sobre #DerechosHumanos y graves riesgos para el Estado de derecho en #Guatemala. 👉https://t.co/V5ySTaL1Td pic.twitter.com/FHOAjCYX0y
— CIDH – IACHR (@CIDH) December 11, 2023
“Los procesos judiciales contra el presidente electo, su partido y el Tribunal Supremo Electoral constituyen una grave amenaza contra el proceso de transición, el Estado de derecho y la democracia”, subrayó la portavoz, citada por la agencia de noticias AFP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores francés advirtió así que los países de la UE “trabajan en la adopción de un marco europeo autónomo de sanciones contra los responsables de estas acciones”.
En una declaración, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó el 8 de diciembre la situación en Guatemala de “intento de golpe de Estado, encabezado por fiscales políticamente motivados”.
El lunes, Estados Unidos anunció restricciones de visado a unos 300 guatemaltecos, entre ellos un centenar de diputados, y por los intentos de “socavar” la democracia por parte de la Fiscalía.
El socialdemócrata Arévalo, sociólogo de 65 años, sostiene que la Fiscalía busca evitar que asuma el poder, pues poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.
Los cuestionamientos de la CIDH
La CIDH, en tanto, advirtió que “la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala, desde el inicio del proceso electoral, han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público”, dice el comunicado del organismo, difundido anoche.
Recalcó que el sistema de controles y contrapesos del Estado de derecho, es decir, la división de poderes, se encuentra erosionado por “la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad”.
El organismo también observó cada vez más procesos de antejuicio que fueron acelerados, y también “severamente cuestionados” como el retiro de la inmunidad a los miembros del Tribunal Supremo Electoral.
La CIDH recomendó al Estado guatemalteco consolidar “el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de derecho” y “garantizar mecanismos para la rendición de cuentas” tanto de la fiscal general, Consuelo Porras, como del Ministerio Público “compatibles con los estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos y con el principio de autonomía e independencia de dicha institución”.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) oficializó en octubre los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales del 20 de agosto, en las que se impuso Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, dando así por concluido el proceso electoral.
Sin embargo, el Ministerio Público ha pedido la anulación de todo el proceso electoral por presuntas irregularidades de su formación política y pretende así evitar que Arévalo tome posesión del cargo.
Fuente Telam
