El convenio entre Antel y Spotify llegó a su fin y los uruguayos perderán los beneficios que ofrecía esa posibilidad para el plan Premium, según anunció la empresa estatal por medio de un comunicado.
Se trata de un nuevo episodio de tensión entre la plataforma sueca de música por streaming y el gobierno, luego de que amenazara con irse del país por dos artículos de la Rendición de Cuentas, que finalmente fueron observados para que la compañía mantenga su servicio.
Ahora se suma la finalización del servicio Spotify Premium por medio de Antel, que precisó a través de su página web que desde el 1 de diciembre pasado la plataforma dejó de comercializar ese servicio a través de la firma.
“Si contás con una suscripción mensual activa, la misma no será renovada. Podrás utilizar Spotify Premium hasta finalizar la vigencia de dicha suscripción”, advirtieron desde la compañía que conduce Annabela Suburú.
De este modo, se espera que los usuarios de la plataforma deban pagar ahora la membresía de 7,99 dólares, frente a los 270 pesos que debían abonar los clientes de Antel que tenían un contrato telefónico.
Spotify se queda en el país tras idas y vueltas con el gobierno
Vale recordar que hace algunos meses Spotify comenzó con una serie de negociaciones con el gobierno en las que llegó a oficializar su ida de Uruguay a partir del año que viene.
Sin embargo, hace dos semanas el exsecretario de la Presidencia y precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, confirmó que la aplicación continuará operando en el país, tras alcanzar un punto de acuerdo y quedando pendientes las conversaciones con artistas y productoras.
El contrapunto se dio por los artículos 329 y 330 de la Ley de Rendición de Cuentas, que apuntaban a impulsar una retribución económica para el intérprete cuando se reproduzca una canción en redes sociales e internet.
El restante apuntaba a que “los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales” tienen el derecho a una justa y equitativa remuneración.
Para la firma esto podía significar “pagar dos veces”, algo que fue descartado de plano. Para 2024, quedará la discusión en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), donde se creó una comisión para que artistas y productoras puedan debatir con respecto al tema de fondo, vinculado a los cobros.
Fuente Ambito
