Las actividades del Parlamento, que comienzan esta semana marcadas por un año electoral y el último del gobierno de Luis Lacalle Pou, deberán concretar la situación de proyectos clave con media sanción antes del final del mandato del presidente.
Durante su último discurso en la Asamblea General como presidente, Luis Lacalle Pou prometió que cumpliría “con la palabra empeñada” y que durante los 364 días restantes se haría “cargo” de sus obligaciones. Con estas palabras comenzaron las actividades del Parlamento uruguayo que se encuentra a la espera de varios proyectos de ley que ya tienen media sanción y son clave para los partidos políticos que los propusieron.
La polémica alrededor de la ley de eutanasia
A comienzos de octubre la Cámara de Diputados aprobó de ley que despenaliza y regula la eutanasia y el suicidio asistido, luego de un extenso debate y arduas negociaciones. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Salud del Senado y se espera que se pueda votar antes de mitad de año.
El proyecto fusiona propuestas del Partido Colorado y el Frente Amplio y obtuvo en octubre el apoyo transversal de diputados de todos los partidos para alcanzar los 57 votos sobre un total de 96.
En tanto, desde el Ministerio de Salud aseguraron que hay leyes y reglamentaciones que cumplen el objetivo del proyecto de ley. Desde la cartera aseguran que la ley no se necesita debido a que la cartera cuenta con muchas áreas y programas como el de Cuidados Paliativos y el de Adultos Mayores.
La legislación apunta a “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ella determina”, dice el texto.
La solicitud de la eutanasia quedará habilitada para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan “una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables”.
Durante las discusiones, no obstante, se acordó agregar que los solicitantes deben estar transitando la “etapa terminal” de la enfermedad, con la única excepción de las personas con cuadriplejia.
Todas las instituciones de salud quedan obligadas a ofrecer el servicio, pero los médicos pueden apelar a la “objeción de conciencia” para negarse, en cuyo caso el centro de asistencia debe designar a otro profesional.
Hacia una nueva ley de medios
Otro de los proyectos pilares que se esperan que se apruebe este año es la Ley de medios. La misma fue aprobada a mediados de diciembre, días antes de que el Parlamento suspenda sus actividades. Actualmente, esta siendo analizada por la Comisión de Industria del Senado.
Esta nueva ley, sobre la cual la Universidad de la República (Udelar) se mostró en contra de algunos puntos, es la última gran movida que pretende aprobar el gobierno antes de las elecciones presidenciales del año que viene. El proyecto pretende desplazar la ley de medios vigente aprobada en el gobierno de José “Pepe” Mujica y tiene el objetivo de “aclarar” varias situaciones.
Luego de estar más de tres años trabado en el Parlamento, finalmente el texto obtuvo el visto bueno por parte de la comisión de Industria y ahora fue aprobada en general en Diputados durante la sesión extraordinaria, con 47 votos a favor y 42 en contra.
En tanto, Cabildo Abierto es una incógnita respecto su apoyo en la votación en el Senado ya que, en su momento, aseguraron que votarían en contra de los artículos 39 y 40 que proponen que los titulares de los medios puedan acordar prestar servicios de forma conjunta y el otro que obliga a los cables para abonados a retransmitir los canales de televisión abierta.
Prioridad para el gobierno: ley de financiamiento de partidos políticos
En conjunto con la Ley de medios, el proyecto de financiamiento de partidos políticos es otro de los pilares del gobierno de Luis Lacalle Pou. Aprobada con media sanción a finales de noviembre, se pudo lograr un acuerdo inédito entre el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente para la conformación del proyecto, al que se le sumó el apoyo de Cabildo Abierto. Sin embargo, la misma tuvo que volver al Senado tras sufrir cambios en el articulado, los cuales deberán ser refrendados.
La normativa incluye, entre otras cosas, la bancarización obligatoria de todos los aportes mayores a 7 mil Unidades Indexadas (UI), topes para los aportes que cada candidato puede hacer a su campaña, un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a que también los votos para los municipios conlleven un pago del Estado y otro que autoriza hasta casi triplicar el monto que actualmente puede dar el Estado por voto a intendente —pasa de 13 UI a 35.
En coincidencia, la vicepresidente aseguró a finales de enero de este año que este proyecto es una de la prioridades del gobierno de Lacalle Pou. “Es una ley importante, que tiene que concretarse”, remarcó. No obstante, recordó que debido a las elecciones 2024 “este es un año especial” y adelantó que “hace que la dinámica parlamentaria tenga determinadas características diferentes”, por lo cual convocará a los coordinadores de bancada de todos los partidos para definir una agenda consensuada.
Fuente Ambito
