El gobierno nacional continúa sus esfuerzos por mediar la escalada de violencia narco en Rosario y, en ese sentido, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que enviará al Congreso un proyecto para de ley de extinción de dominio. Desde su cartera reafirmaron el compromiso por “acelerar los procesos de decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico“.
Durante la presidencia de Mauricio Macri se había debatido una iniciativa similar que apuntaba contra los funcionarios con procesamiento firme en casos de corrupción con el objetivo de la extinción de sus propiedades.
Ola de violencia en Rosario: a qué medidas apunta el Ministerio de Justicia
Otra de las reformas que buscará implementar Cúneo Libarona será implementar el Sistema Acusatorio en la provincia de Santa Fe, luego de que el DNU que firmó el presidente Javier Milei le quitara esa facultad al Congreso.
Según explicaron, a partir de esta normativa apuntan a “perseguir” penalmente al crimen organizado y en especial el narcotráfico, brindar apoyo a jueces y fiscales para la realización de investigaciones y que las causas vinculadas al tráfico de estupefacientes sean “rápidamente elevadas a juicio”.
También está previsto que el Ministerio Público Fiscal se haga cargo de “investigaciones más complejas, con su reconocido esfuerzo”.
Reforma del Código Penal: qué cambios busca introducir el Gobierno
El ministro de Justicia ya había anunciado más temprano que buscaría llevar adelante una reforma del Código Penal. El propio titular de la cartera adelantó que ya se “puso en marcha una comisión redactora” para establecer modificaciones que incluyan en la normativa “nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados“.
Además, a través de un pedido al Consejo de la Magistratura de la Nación, el ministro de Justicia tomó el compromiso de “acelerar los concursos de las vacantes de jueces y fiscales pendientes en Santa Fe y el resto del país”.
A su vez, manifestó que llevará adelante la creación de un “espacio de trabajo físico donde confluyan y trabajen con coordinación las justicias federales, provinciales y las agencias de investigación y seguridad“.
Fuente Ambito
