La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es conducida por el abogado Diego Orlando Spagnuolo, designado al frente de la dirección ejecutiva del organismo. Esta semana despidió a 163 trabajadores y trabajadoras, «algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad», según denunció el diputado nacional Eduardo Valdés (UxP), que presentó un pedido de informes para conocer las razones de las desvinculaciones.
Es la segunda etapa de la ola de despidos. Antes habían echado a 135 en febrero y ahora a 163, incluyendo «mujeres embarazadas, delegados sindicales y personas con discapacidad».
La Agencia Nacional de Discapacidad fue creada en el año 2017 y a partir del 2023 pasó a la órbita de la Jefatura de Gabinete. Está destinada al «diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, como así también de las acciones necesarias para promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, desde una perspectiva social y dinámica, de acuerdo con las determinaciones emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad». Es además el organismo que otorga las pensiones no contributivas por invalidez en todo el territorio nacional.
Valdés pidió saber «las razones de los despidos, además de precisar si alguno de los trabajadores despedidos eran personas con discapacidad y contaban con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)». También «si estas personas ingresaron a desempeñarse como trabajadores del ANDIS en el marco del cupo laboral para las personas con discapacidad y si estas desvinculaciones impactan en las misiones y funciones llevadas adelante por el organismo, y en las políticas públicas planificadas en favor de las personas con discapacidad».
Además preguntó a las autoridades si «ponderaron que la renovación del contrato laboral en forma automática, efectuada por varios años, esconde un fraude laboral en perjuicio de los trabajadores, y, por tal motivo, que el cese en sus funciones podrá implicar a futuro un perjuicio también para la Administración Pública en razón de tener que indemnizar y reincorporar a los trabajadores que fueron cesanteados en forma injustificada».
Según los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad del INDEC, el 10,2% de la población de la Argentina tiene algún tipo de discapacidad. «En el análisis por grupos de edad se advierte que, mientras en la población de seis a 14 años predominan quienes tienen dificultad solo mental-cognitiva (48,3%), entre la de 65 y más años se destaca solo la dificultad motora. En tanto, en el grupo de 15 a 64 años se acentúa la presencia de personas con solo dificultad motora y solo visual», resalta el pedido de informes.
Del estudio se desprende la importancia del alcance de la ANDIS. «El 59% de la población de seis años y más con dificultad declaró experimentar una dificultad, mientras que el 30,5% señala tener dos dificultades o más y el 10,5% no declara tener dificultad y tiene certificado de discapacidad vigente», sostiene el INDEC. «La prevalencia de población con dificultad de seis años y más es 10,2%. En términos absolutos, se corresponde con una estimación de 3.571.983 personas. Es decir, aproximadamente 10 de cada 100 personas que viven en localidades de 5.000 habitantes y más poseen algún tipo de dificultad», completó el texto presentado, en base a las últimas cifras oficiales.
Fuente Tiempo Argentino
