“Cuando la autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente”, esgrime el nuevo protocolo del Ministerio de Educación porteño que conduce Mercedes Miguel, enviado este fin de semana a cientos de miles de familias que integran la comunidad educativa.
“El 5 de septiembre entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27801), que establece la responsabilidad penal desde los 14 años, aprobado en febrero de este año y promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional en marzo. Esto significa que adolescentes a partir de los 14 años también pueden ser penalmente responsables ante hechos que constituyan delitos”, destaca el correo enviado por Educación.
«Situaciones que pueden comenzar como conflictos entre pares, amenazas, hostigamiento, violencia, daños o determinadas acciones en entornos digitales pueden, según sus características y gravedad, exceder el ámbito de la convivencia escolar y requerir la intervención de otros organismos o de la Justicia«, explica el correo.
EL origen del protocolo
El nuevo protocolo lleva las firmas de la titular de la cartera educativa, Mercedes miguel y de Victoria Morales Gorleri, la presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las directivas del Gobierno porteño dejan en manos de la conducción de las escuelas secundarias, la decisión de denunciar a estudiantes que “podrían estar cometiendo un delito”. Esto constituye varios hechos graves: por un lado vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que un simple juego, una protesta estudiantil, o un intercambio de palabras o cruce fuerte entre un docente y estudiante, podría interpretarse como un “supuesto delito”; y por el otro que pone en manos de un tercero su “libertad”, ya que éste debe considerar qué es un delito y que no a la hora de realizar la denuncia.
En ese marco, los sindicatos docentes mayoritarios de la Ciudad salieron a rechazar este documento que está en línea con el Nuevo Régimen Penal Juvenil promovido por el Gobierno Nacional y aprobado en el Congreso.
“Desde UTE rechazamos y repudiamos el nuevo protocolo de actuación ante hechos de posible relevancia penal en las escuelas. Su implementación profundiza una política de control y vigilancia sobre las adolescencias y juventudes, en lugar de fortalecer políticas de cuidado, prevención y acompañamiento”, destacan en un comunicado publicado a las pocas horas de haberse difundido el nuevo protocolo de Jorge Macri.
“Rechazamos que las escuelas se conviertan en puertas de entrada al sistema penal y advertimos sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes. También rechazamos las iniciativas destinadas a reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años, por avanzar contra los derechos de las adolescencias y la Convención sobre los Derechos del Niño”, agrega.
Por su parte, desde la Asociación docente ADEMYS, advierten: “mientras quieren avanzar contra juezas y fallos por la baja de edad de punibilidad y militariza los barrios, quieren que las escuelas se transformen en la antesala de las cárceles. Vigilar y castigar. Esto constituye una clara persecución a los jóvenes y una medida fascista por parte de Jorge Macri y Mercedes Miguel”, señaló Federico Puy, secretario adjunto del sindicato.
Respuesta integral del Estado
Todos los gremios coinciden que este tipo las situaciones de violencia y delito que ocurran dentro de los establecimientos educativos, requieren respuestas integrales por parte del Estado. La prevención exige fortalecer las políticas sociales, educativas y comunitarias y garantizar derechos, especialmente en los territorios donde las desigualdades son mayores.
Señalamos la responsabilidad política de Jorge Macri y Mercedes Miguel por impulsar políticas que avanzan sobre los derechos de las comunidades educativas. El Gobierno de la Ciudad debe asumir su responsabilidad frente a las desigualdades y violencias que atraviesan los barrios populares y garantizar políticas de inclusión, educación, salud, vivienda y trabajo.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación exigen que “el Ministerio de Educación garantice equipos, formación y recursos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia sin convertir a las escuelas en vías de ingreso al sistema penal”.
Fuente Tiempo Argentino
