La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida celebraron la decisión de la Justicia de aplicar una medida cautelar al avanza del Proyecto Arazatí y aseguraron que avanzarán en el juicio contra la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), un proceso que podría durar hasta dos años.
Esta semana el juez Alejandro Recarey hizo lugar a una medida cautelar de “no innovar” y emitió una sentencia interlocutoria que ordena a OSE a no suscribir el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo.
Esta decisión fue celebrada por FFOSE y la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida quienes aseguraron que irán a juicio por el proyecto y que esta medida cautelar estaría vigente durante todo el proceso.
“A juicio vamos a ir, y esta medida se mantiene hasta tanto termine el juicio; salvo que el tribunal diga otra cosa, pero hoy por hoy, esta medida se mantiene hasta que ese juicio, que puede durar uno o dos años, termine”, aseguró el abogado Juan Ceretta.
“Desde ya nos estamos poniendo a trabajar para la promoción de ese juicio, y por supuesto que también estando atentos a los recursos de apelación que los demandados han anunciado que van a interponer -que seguramente tenemos que contestar- y serán puestos a consideración del Tribunal de Apelaciones como corresponde”, agregó el abogado.
El festejo de los involucrados
Luego del fallo, los denunciantes celebraron la decisión del juez Recarey, desde FFOSE remarcaron que es una luche que viene de hace muchos años. “La vamos a seguir dando porque evidentemente estos embates de privatización van a seguir”, dijo la vicepresidenta de FFOSE, Noelia Aysa.
Por su parte, desde la Comisión en Defensa del Agua también expresaron su satisfacción por la medida cautelar. “Los derechos de las y los consumidores y posibles afectados han sido protegidos”, aseguró Anahit Aharonian, integrante de la comisión, en conferencia de prensa.
¿Qué establece el fallo?
En su sentencia a la que accedió Ámbito, Recarey asegura que “hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable”, en infracción al artículo 47 de la Constitución, puesto que “será el privado el que diseñe, construya y mantenga la infraestructura de toma de agua bruta del Río de la Plata, su análisis inicial, su potabilización, y finalmente su traslado a Melilla (en Montevideo)”.
Asimismo, el letrado afirma que existen “extremos indiciarios serios”, los cuales “llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana de agua de menor calidad a la que podría disfrutar (proveniente de otras fuentes más limpias)”.
Por esto y otras cosas, Recarey resolvió: “Acceder a la medida de no innovar solicitada. Y, en su mérito, ordenar a OSE que no suscriba el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo. Ello hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”.
Fuente Ambito
