Ivana Huenelaf –mujer mapuche-tehuelche de 51 años– dice que no está sola pese a que solo figura su nombre en la denuncia penal por genocidio contra los pueblos originarios de la Patagonia durante los años 1878 y 1890 que el Estado argentino, encarnado en el presidente Nicolás Avellaneda y el ministro de Guerra y jefe de la incursión militar Julio Roca, proclamó como “Conquista del Desierto”.
“Son veinte mil almas las que me acompañan –explica la mujer–. Veinte mil almas que fueron avasalladas, asesinadas, desaparecidas, desarraigadas. Son los espíritus que están conmigo y que necesitan que se haga justicia”.
Hace unos días, el juez Federal Daniel Rafecas consideró que la causa iniciada por Huenelaf en agosto de 2022 debe ser tramitada por sus colegas de Neuquén. La resolución, a los ojos del abogado patrocinante Fernando Cabaleiro, es un “avance”.
Desde el 26 de noviembre, la causa ya se encuentra en el Juzgado Federal N°2 de Neuquén a cargo de Gustavo Villanueva, quien ya le solicitó a los fiscales Walter Romero, Miguel Ángel Palazzani y Adrián García Lois de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado que se expidan sobre la competencia para abordar la denuncia por genocidio contra la campaña militar «Conquista del Desierto».
“Lejos de resolver un rechazo in limine (cuando no hay dudas sobre la improcedencia de la demanda), el juez consideró que los hechos denunciados tienen que ser investigados por la justicia federal de Neuquén; no dijo que no existe el delito. Aun cuando una parte de los hechos denunciados ocurrió efectivamente en Neuquén, consideramos que los planes y órdenes salieron del Poder Ejecutivo nacional, con Avellaneda y Roca a la cabeza, y por eso la jurisdicción adecuada es la Ciudad de Buenos Aires”, enfatiza Cabaleiro.
La Campaña del Desierto y las consecuencias sanguinarias
Con base en la Convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (Ley 24584), la llamada Conquista del Desierto configuró, según la denuncia, el delito de genocidio contra los pueblos preexistentes Mapuche, Tehuelche, Ranquel y Pampa al incluir “fusilamientos, secuestros, sometimientos, torturas, vejámenes, violaciones y desapariciones de personas, entre ellas madres, ancianos y ancianas, niños, niñas y adolescentes a partir de 1878 y cuyas consecuencias se extendieron durante más de un siglo hasta la actualidad en el territorio ancestral que a posteriori pasó a conformar el Estado argentino”.
Siguiendo el texto de la demanda, “se trata de delitos de lesa humanidad cometidos en varios puntos del país que, si bien han tenido un asiento inicial territorial en las provincias de Buenos Aires, Rio Negro, La Pampa y Chubut, se extendieron a otras provincias atento a la conformación de campos de concentración y sometimiento en los que se ejecutaron hechos aberrantes cuya imprescriptibilidad es inherente a la calidad de los mismos”.
Los responsables de la apabullante lista de delitos cometidos bajo el amparo de la “conquista” están muertos. Sin embargo, los denunciantes consideran que el Estado argentino debe responder por las “consecuencias dañosas, atroces, perversas y sanguinarias que aquella ha representado y representa en la memoria viva de cada integrante de los pueblos originarios”.
Con este argumento, el proceso legal iniciado por Huenelaf se enmarca en lo que se conoce como Juicio por la Verdad, que permitió averiguar qué sucedió con las personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y, en consecuencia, determinar quiénes fueron los responsables de los crímenes.
Denuncia espiritual
Para los que la conocen, Huenelaf es, apenas, “Mapu”. Vive en Mallín Ahogado, en una comunidad distante a seis kilómetros de El Bolsón, meca del turismo patagónico, donde atiende un puesto de venta de alfajores y otras panificaciones en la feria. Es madre de siete hijos y abuela de varios más. En 2017, la represión en la comunidad mapuche Pu Lof, en el departamento de Cushamen, Chubut, la alcanzó sin piedad.
“En los mal llamados campos de Benetton, que son nuestras tierras sagradas, cayó un allanamiento de 300 gendarmes; fuimos golpeados, baleados, judicializados –enfatiza–. Después desaparecieron a Santiago (Maldonado), mataron por la espalda a Rafa (Rafael Nahuel), asesinaron a Elías (Garay Cañicol). Todo lo que las comunidades sufrimos es como revivir ese genocidio no reconocido”.
Mapu tuvo la suerte, cuenta, de caminar al lado de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente de la búsqueda irrenunciable de memoria, verdad y justicia (1930-2024). “Norita” se presentó como “testigo de conocimiento” en el expediente por genocidio, al igual que muchos investigadores científicos, historiadores, antropólogos, entre otros, que aportaron desde sus papers y tesis doctorales, las pruebas de la crueldad ejecutada durante la campaña militar.
“Esta denuncia –dice Mapu– es ante la justicia que me persiguió y me procesó, pero también hay una denuncia espiritual. Me acompañan mis ancestros, y un gran grupo de mapuches que creen en nosotros y quieren ayudar en la causa. Hasta ahora solo tenemos la historia contada por los que asesinaron, torturaron y secuestraron. Es hora de escribir nuestra propia historia”.
Medidas y actos reparatorios
El 16 de agosto de 2022, Ivana Huenelaf presentó, junto a su abogado Fernando Cabaleiro de la ONG Naturaleza de Derechos, la denuncia ante los Tribunales Federales de Comodoro Py “para que se inicie un Juicio por la Verdad a los fines que se investigue la comisión de hechos atroces que encuadran dentro de la figura de genocidio: torturas, fusilamientos, desapariciones forzadas y abandono de personas, apremios ilegales, traslados forzosos, disposición y reducción a servidumbre de personas y sustracción de menores”.
La demanda exige que “en ese marco procesal se dicte una sentencia declarativa en referencia a todo ese proceso como un genocidio y se dispongan las medidas y actos reparatorios que por derecho correspondan”.
Fuente Tiempo Argentino
