El miércoles pasado hubo una movilización para reclamar por un derecho humano fundamental: percibir una jubilación digna después de una vida de trabajo. La movilización, en sí misma, también es un derecho humano: el derecho a manifestarse en reclamo de un derecho vulnerado. Es decir, el miércoles se pusieron en juego dos derechos humanos fundamentales, que están amparados por la Constitución nacional y, también, por los tratados internacionales.
Los gobiernos antidemocráticos no respetan el derecho a la protesta y suelen desplegar un aparato represivo para impedir que los diferentes sectores de la sociedad se expresen. Y ahí se pone en marcha la maquinaria de violencia institucional, que el Poder Ejecutivo aceita para que los engranajes de policías, carros hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos cumplan con la orden de impedir el derecho a opinar distinto y a manifestarlo en las calles.
La represión del miércoles fue especialmente violenta, las imágenes que circulan en las redes sociales son elocuentes: un policía noqueando a una jubilada, otro policía usando una escopeta que tira cartuchos de gases lacrimógenos como si fuera un lanzacohetes contra el foto reportero Pablo Grillo, que está peleando por su vida; otro policía apuntando a dos metros de distancia con una escopeta contra el pecho de una jubilada.
En ese contexto, se produjeron centenares de detenciones. Como suele ocurrir en estos casos, las personas aprehendidas no estaban cometiendo ningún delito, sino ejerciendo su derecho a la protesta. Esa criminalización tiene como objetivo amedrentar y atemorizar a quienes tienen la voluntad de participar de una movilización para que desistan de hacerlo ante la posibilidad de resultar heridos o detenidos y sometidos a un proceso penal.
Normalmente, las detenciones se mantienen hasta altas horas de la madrugada o hasta el día siguiente, generando protestas y vigilias a la espera de la efectiva liberación de esas personas. La novedad en las últimas movilizaciones fue la prolongación de las privaciones de la libertad por varios días, con diferentes excusas, evidenciando un alto grado de encono y arbitrariedad en los funcionarios judiciales.
Por distintas razones, la movilización del miércoles pasado fue particular. La masividad fue una de ellas, teniendo en cuenta que los jubilados y jubiladas se venían reuniendo en soledad cada miércoles frente al Congreso nacional. El apoyo de los hinchas de clubes de fútbol fue otra, dando un marco alegre y colorido a la protesta, y para nada violento. La violencia comenzó con la represión policial, que empezó incluso antes del horario de la convocatoria a la protesta.
Pero el rasgo más contrastante por inusual fue la valiente actitud de la jueza penal Karina Andrade, que ordenó la liberación inmediata del más de centenar de personas detenidas. No hizo más que aplicar la normativa vigente, garantizando las libertades democráticas y el ejercicio del derecho humano fundamental a la protesta social. Se apoyó para eso en la Convención Americana de Derechos Humanos y en precedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Evitó así que el Estado argentino sea luego responsabilizado internacionalmente por ese accionar represivo.
Lo notable es que, además, desnudó la ilegalidad de las detenciones en ese tipo de operativos: aprehensiones sin pruebas de haber cometido delito alguno, condiciones inhumanas de detención, apremios ilegales, e inobservancia de todo tipo de protocolo de actuación en el marco de la vigencia de un Estado de Derecho.
Lo que resalta la actitud de la jueza Andrade es que puso en evidencia la decisión del gobierno nacional de actuar al margen de la ley, como ocurrió durante la represión y las detenciones de la protesta contra la Ley Bases. En aquellos días también se realizaron detenciones como si la orden hubiera sido “salgan a cazar y cacen a cualquiera”. Y, a diferencia de lo que hizo Andrade, los jueces no aplicaron la ley, sino que funcionaron como una extensión del Poder Ejecutivo. Y ahora, el gobierno nacional puso en marcha un nuevo operativo represivo para perseguir, atacar y estigmatizar a la jueza Andrade. Es probable que también intente separarla de su cargo por el delito de hacer cumplir la ley y respetar la Constitución Nacional para que el Poder Judicial sea sinónimo de Justicia. Y por eso mismo debemos defenderla. Defender su accionar democrático es también defender el Estado de Derecho.
*Matías Cremonte es el presidente de la de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas
Fuente Tiempo Argentino
