“La situación de las personas con discapacidad es muy crítica, hay un maltrato institucional y económico que no se puede seguir tolerando”, señaló Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación. El próximo miércoles 23, a las 12, se realizará un plenario de comisiones para tratar el proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Aunque el objetivo es poder llevarlo al recinto y así avanzar con la aprobación de la iniciativa.
La propuesta ya tiene dictamen de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. En la última sesión de la Cámara baja, realizada el 8 de abril, se votó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, la última instancia que debe tratar el proyecto. De lograrse dictamen en el plenario del miércoles 23, la Emergencia en Discapacidad será elevada al recinto.
Esta semana hubo movilizaciones en Plaza de Mayo y en distintas plazas de todo el país, impulsada por familias y trabajadores del sector. Reclaman por el congelamiento de aranceles desde julio de 2024, la demora en autorizaciones de tratamientos y la falta de altas en el programa Incluir Salud.
“El Gobierno nacional parece haber elegido a las personas con discapacidad como uno de los principales responsables del gasto público y eso las vuelve víctimas de ataques permanentes. Al mismo tiempo, puso en marcha un ajuste presupuestario muy fuerte que deja a las instituciones que prestan servicios al borde del colapso”, explicó Arroyo.
El diputado también brindó ejemplos concretos del deterioro del sistema. Las personas que trabajan en talleres protegidos cobrando 28.000 pesos por mes y no cobraron aún enero, febrero y marzo de 2025, según reconoció la Jefatura de Gabinete en el informe que presentó esta semana en el Congreso. Por su parte, los transportistas no pueden cubrir el costo del combustible; y los acompañantes pedagógicos tardan más de 180 días en cobrar sueldos irrisorios. Además, denunció la implementación de una resolución gubernamental que intenta volver a un esquema de pensiones “de hace 100 años” y el uso de expresiones ofensivas hacia personas con discapacidad.
“La ley de Emergencia en Discapacidad daría prioridad presupuestaria al sector y no implicaría un aumento del gasto público, ya que obliga al Gobierno a reasignar partidas desde otras áreas no esenciales. Necesitamos que el Congreso esté a la altura y que la Emergencia en Discapacidad muy pronto sea ley”, afirmó Arroyo.
El proyecto plantea declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, propone medidas de protección y promoción de derechos para las personas de este colectivo. También contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; el fortalecimiento de los prestadores básicos; que se garantice el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad; y que se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.
Fuente Tiempo Argentino
