El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires presentó hace unos días un pedido formal ante los ministerios de Economía y de Trabajo para poder participar en “toda instancia en la que se desarrollen discusiones paritarias”. Se trata de una medida inédita en la que los jueces, fiscales y defensores no se quieren quedar afuera del debate por los haberes y de las condiciones laborales.
“Resolvimos que queremos estar presentes en la mesa salarial, porque nosotros no nos sentamos en esa mesa y allí hablan de nuestro sueldo”, explicó el presidente del Colegio, el fiscal de Morón Matías Rappazzo, en alusión a las discusiones en las que solo participa la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), vinculada al resto de los trabajadores que no son funcionarios, junto a las autoridades del Poder Ejecutivo. Este lunes, por caso, la AJB llevó adelante una medida de fuerza en las 20 departamentales de la Provincia.
En diálogo con Tiempo Argentino, Rappazzo subrayó que este pedido no tendría asidero si se concretara un viejo pedido del sector: “Nosotros queremos la autarquía. Porque si hubiera autarquía, no habría paritarias ni mesa judicial, ni nada; pero como no es así entendemos que tiene que haber representantes de los magistrados y funcionarios en esa mesa”, insistió.
El Colegio está conformado por más de 8.000 jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales de jerarquía. A través de un comunicado interno, la entidad detalló que cuentan “con una legitimidad institucional fundada en su trayectoria y en su vínculo directo con el ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional”, por lo que excluirla “de la mesa de negociación implica privar a este sector de una representación efectiva en la definición de sus condiciones de trabajo”.
“El empleado ingresante del Poder Judicial de la Provincia está en unos 700 mil pesos. Cruzando la General Paz, cobran más del doble. La situación de la Provincia está bastante complicada. En materia salarial está en el puesto 21 o 22, de las 24 jurisdicciones que tiene Argentina”, añadió el fiscal Rappazzo.
El Colegio envió formalmente el 23 de febrero sendos oficios a las carteras de Economía y de Trabajo en los que solicitaba ser parte de la paritaria. Aún no fueron respondidos. En estos escritos se plantea que “las condiciones remunerativas de Magistrados/as y Funcionarios/as, como así también los demás Agentes Judiciales inciden en la estabilidad institucional, en la previsibilidad del sistema y en la posibilidad de sostener estándares adecuados de independencia, idoneidad y dedicación exclusiva que la función exige”.
“La participación institucional del Colegio también contribuye a fortalecer los canales de diálogo republicano, favoreciendo ámbitos de intercambio constructivo que permitan anticipar conflictos, generar consensos y diseñar soluciones sostenibles en el tiempo, en beneficio del sistema de justicia en su conjunto”, se destaca en otros de los tramos del oficio al que tuvo acceso este medio.
El ministerio de Justicia que conduce Martín Mena está al tanto de la solicitud del Colegio. Ambas instituciones mantienen una relación formal que se aceitó sobre todo en la gestión del actual ministro que comenzó a revertir una de las mayores demandas que tenía el Poder Judicial bonaerense: la cobertura de cientos de vacantes que se arrastraban desde hacía años.
En este sentido, a mediados de 2023 había 750 cargos por cubrir. Hacia fines del año pasado, tanto el Senado Bonaerense, como el Consejo de la Magistratura y el Ejecutivo -las distancias instancias por las que deben atravesar los postulantes-, habían logrado achicar esa brecha al nombrar a unos 400 funcionarios y magistrados.
Fuente Tiempo Argentino
