La diputada nacional chaqueña encabeza junto a Lucía Cámpora y Gabriela Estévez un proyecto para obligar a bancos y billeteras virtuales a reestructurar deudas, en un contexto donde el endeudamiento golpea a más del 90% de los hogares y se profundiza la pérdida de ingresos.
La diputada nacional por Chaco, Julieta Campo, presentó junto a sus pares Lucía Cámpora (Ciudad de Buenos Aires) y Gabriela Estévez (Córdoba) un proyecto de ley orientado a dar respuesta a una de las problemáticas más extendidas de la actualidad: el endeudamiento de las familias. La iniciativa, acompañada por otros integrantes del bloque de Unión por la Patria, propone la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal que obliga a bancos y entidades no financieras a renegociar las deudas de personas físicas en situación de mora mediante un procedimiento administrativo. Se calcula que un 91% de los hogares argentinos están endeudados.
El proyecto de “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados” establece un mecanismo de reestructuración que podrá ser solicitado por personas con deudas de consumo que superen el 30% de sus ingresos o el 20% en situaciones de vulnerabilidad. La propuesta alcanza tanto a entidades financieras como bancos como a plataformas no financieras, entre ellas billeteras virtuales como Mercadopago, Ualá o Naranja X, que registran tasas reales superiores al 5% mensual y niveles de irregularidad del 18%, considerablemente más altos que los del sistema bancario debido a menores regulaciones.
Entre los ejes centrales de la iniciativa se incluye la suspensión de juicios de embargo y cobros mientras dure el proceso, el congelamiento de intereses por mora y multas y la prohibición de empeorar la calificación crediticia del deudor. Además, se establecen instancias de negociación obligatoria entre deudores y acreedores y, en caso de no llegar a un acuerdo, el Estado podrá definir una reestructuración en función de la capacidad de pago del hogar. El esquema prácticamente no implica costos fiscales y se complementa con la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares, destinado a relevar información clave para el diseño de políticas públicas.
La iniciativa lleva también las firmas de Paula Penacca, Julia Strada, Lorena Pokoik, Teresa García, Carlos Castagneto, Vanesa Siley, Mario Manrique, Raúl Hadad, Juan Carlos Molina, Luciana Potenza, Florencia Carignano y Luana Volnovich, y se inscribe en una serie de proyectos impulsados por el bloque de Unión por la Patria. En ese marco, se articula con antecedentes legislativos previos, entre ellos dos iniciativas impulsadas por la diputada Estévez.
La problemática del endeudamiento familiar ya había sido advertida en octubre de 2025 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que “nadie puede construir su vida con la soga al cuello” y remarcó la necesidad de contar con un programa que permita renegociar deudas con “tasas justas, plazos sostenibles y respaldo del Estado”.
El proyecto retoma como antecedente el sistema de conciliación previa en las relaciones de consumo (COPREC), creado en 2014 durante la presidencia de Cristina Kirchner y recientemente discontinuado por el gobierno de Javier Milei. Asimismo, incorpora experiencias internacionales como el programa “Desenrola Brasil” y distintas políticas europeas de desendeudamiento.
En sus fundamentos, las autoras señalan que, según el INDEC, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025, proporción que asciende a uno de cada tres en los sectores de menores ingresos. También advierten que el destino de los créditos ha cambiado: cada vez más se utilizan para sostener gastos corrientes y no para inversiones en bienes durables.
Este fenómeno configura un esquema regresivo en el que el peso de la deuda impacta directamente sobre los ingresos de las familias, generando refinanciaciones constantes, pérdida de capacidad adquisitiva y, en muchos casos, situaciones de mora. El escenario se vincula con la caída del poder de compra de los salarios, la retracción del consumo y la destrucción de empleo, en el marco de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
