Este miércoles se llevó adelante una nueva movilización protagonizada por organizaciones, familias y personas con discapacidad ante el desdén del gobierno nacional por no cumplir con la Ley de Emergencia que beneficiaría al colectivo. Si bien se registraron marchas en distintos puntos del país, el epicentro de la protesta fue en las inmediaciones del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones.
Como se sabe, en esta oportunidad, al mismo tiempo se desarrolló el primer cese nacional de actividades en la historia del sector. Además, coincidió con la reciente presentación del oficialismo en el Congreso de la denominada Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
“Esta movilización venía planeada desde antes que presentaran este proyecto de Ley y tenía que ver con los atrasos en los pagos, que dependiendo de la obra social, ya sea Incluir Salud o PAMI, se debe desde noviembre y desde octubre en algunas localidades como CABA”, indicó a Tiempo Fernando Gantesti de la comisión directiva de la Asociación de Transportistas para personas con Discapacidad (ATAECaDis).
Entre otros reclamos, se sumó “la recomposición hacia el área real, porque ahora se está aumentando el nomenclador por el IPC del mes, pero arrastramos un atraso de aproximadamente un 70%”, añadió Gantesti desde la avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires, cuyas protesta tuvo sus réplicas en Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Corrientes, entre otras provincias.
Una de las manifestantes, en diálogo con la prensa, expresó que pelean por “la Ley de Emergencia que quieren desfinanciar e Incluir Salud y Pami. Este gobierno no responde ni al Congreso ni a la Justicia. Queremos conseguir nuestra demanda”.
Más temprano, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos, habían advertido que “si bien el Ministerio de Salud se comprometió a saldar esta deuda durante el mes en curso, los tiempos de pago continúan siendo excesivamente lentos, lo que impide a los prestadores cumplir con obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores”. Todo ello, generó “un daño profundo en todo el sistema: prestadores, trabajadores y personas con discapacidad”.
En representación del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Alex Goldman, se explayó en Urbana Play sobre la nueva norma que busca aprobar el oficialismo: “Este proyecto es un engaño. Se presenta como una ley contra el fraude, pero en realidad es una excusa para ajustar a las personas con discapacidad”.
“Lo que no dicen es que están metiendo mano en el corazón del sistema, que es el Nomenclador nacional. Eso va a hacer que cada institución tenga que negociar como pueda los aranceles con cada prepaga u obra social”, concluyó.
Fuente Tiempo Argentino
