Los celulares son una realidad en los hogares del siglo XXI. Pero eso que se naturaliza representa desafíos, búsquedas e interrogantes cuando se cruza con las instituciones educativas. El tema ya es objeto de estudio de investigadores, y ya empieza a formar parte de agendas de jurisdicciones como CABA y Provincia de Buenos Aires.
En este marco, la Unesco y su Oficina Regional en Montevideo publicaron un informe en el que analizan el estado de situación de la regulación del uso de celulares en escuelas de doce países de América Latina, entre ellos la Argentina; expone los principales argumentos a favor y en contra de su implementación, al tiempo que busca visibilizar la importancia de ir hacia una educación que fomente la “ciudadanía digital”.
El debate sobre la regulación de los celulares en las escuelas
La primera diferenciación que se plantea en el trabajo tiene que ver con la modalidad de la regulación. Mientras las políticas públicas en países europeos se inclinaron mayoritariamente por la prohibición del uso de celulares en las escuelas sin excepciones, los países latinoamericanos han optado por restringir el uso de los dispositivos móviles bajo determinadas condiciones, pero sin una veda total.
Por otra parte, si se analiza los países latinoamericanos que han implementado algún tipo de política de restricción sólo cuatro países lo hicieron a través de una Ley Nacional (Brasil, Chile, Colombia y Paraguay); dos países lo hicieron con leyes provinciales como es el caso de Argentina que cuenta con 11 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con legislación vigente en la materia y México que cuenta con normativa estadual en el estado de Querétaro.
En tanto, Ecuador y El Salvador han implementado disposiciones sólo a nivel ministerial. Asimismo, otros países de la región se encuentran desarrollando distintas iniciativas a nivel parlamentario como Panamá con un proyecto de ley en debate y Uruguay con un anteproyecto de ley.
La expectativa de los países de la región sobre los resultados de estas medidas -que aún no son medibles de manera directa en cuanto a su impacto- aluden principalmente a mejorar el rendimiento académico y la salud emocional de los estudiantes.
El documento analiza además las características del tipo de restricción que ha implementado cada país de la región. En cuanto al nivel de enseñanza, la mayoría lo ha instrumentado en educación primaria y media, mientras que otros países como Paraguay, Ecuador y algunas provincias argentinas (como el distrito bonaerense y Neuquén), lo han hecho sólo en el nivel primario. En cuanto al ámbito, todos los casos aplican la restricción de usos celulares en clase, pero Brasil y Chile incluyen los recreos mientras que Ecuador, El Salvador, Colombia y Paraguay son más flexibles y lo define cada institución. Particularmente en el caso de Brasil, la ley abarca otros ejes, entre ellos la regulación del uso de redes sociales y la responsabilidad parental.
A diferencia de países europeos, la mayoría de las experiencias latinoamericanas contemplan excepciones a la norma por cuestiones de salud o necesidades especiales de los alumnos, así como por situaciones de emergencia o de relevancia para un determinado proyecto pedagógico.
Argumentos y efectos
En cuanto al debate latente entre quienes defienden y quienes se oponen a la regulación del uso de celulares en instituciones educativas -más allá de si sus países cuentan o no con legislación vigente o estén en proceso de hacerlo- hay coincidencia entre los argumentos a favor y en contra que esbozan distintas naciones a nivel mundial.
Quienes están a favor de regular el uso del celular citan como referentes a asociaciones de pediatría nacionales e internacionales que subrayan los efectos negativos del uso intensivo del dispositivo móvil sobre la salud de niños y adolescentes: factor de distracción, cyberbullying y exposición a riesgos en línea. Lo que promueven es mejorar la atención en clase y el rendimiento escolar, evitar una exposición excesiva a las pantallas y promover el intercambio cara a cara.
En tanto, quienes se manifiestan en contra de la regulación se basan más bien en voces de especialistas y académicos universitarios que abordan estos temas desde una perspectiva social y educativa diferente. Sostienen, por ejemplo, que regular puede parecer una solución al problema, pero que en realidad el problema sigue existiendo y puede, inclusive, generar efectos adversos.
Refieren que la abstinencia en horas escolares puede originar un mayor tiempo con el móvil en la casa o bien una mayor situación de vulnerabilidad para quienes disponen de los celulares como única tecnología disponible y desconocen cómo hacer un uso responsable y seguro del mismo. Además, advierten sobre el aumento de brechas entre escuelas que solo tienen los celulares de los alumnos como acceso a tecnología y otras que cuentan con más equipamiento tecnológico.
Ciudadanía digital
Durante la presentación del informe, las referentes de Unesco reflexionaron: “Hay riesgos que son inevitables y ninguna prohibición o restricción va a ser que los alumnos estén exentos de experimentarlos en entornos digitales”. Por ello, desde el organismo promueven la formación en ciudadanía digital, que enseñe a “identificar, comprender y responder a los riesgos que puede generar el uso de internet”. La clave pareciera estar no en si se permite o no el uso del celular, sino en “aprender a utilizarlos de forma responsable, segura y reflexiva”.
La asesora principal en Ciudadanía Digital de la Unesco y autora del informe, Roxana Morduchowicz, explicó que fomentar la educación de “ciudadanos digitales” apunta a formar personas que sepan “utilizar las tecnologías e Internet de manera reflexiva, ética, creativa y participativa para aprovechar todo su potencial”. Para ello, sostuvo que es fundamental fortalecer competencias que permitan tanto a alumnos como docentes “comprender el mundo digital para que puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías”.
“El desafío más importante es hacer conscientes a los sistemas educativos de la importancia de trabajar estas competencias, más allá de que entendemos que hay problemas educativos que persisten y son muy acuciantes, pero no deja de ser muy relevante a la luz de lo que es la cotidianeidad de nuestro niños, niñas y adolescentes; trabajar en la formación de ciudadanos digitales para proteger sus derechos y brindarles más oportunidades de desarrollo”, expresó la especialista de Programa para Educación de UNESCO Montevideo, Zelmira May a Tiempo Argentino.
Consultada sobre la situación en Argentina, May refirió que Unesco se encuentra abordando estas temáticas en torno a ciudadanía digital tanto con la Secretaría de Educación a nivel nacional como de manera directa con distintas jurisdicciones atendiendo a las demandas, particularidades y prioridades de cada provincia.
“Este informe trae luz sobre un tema muy importante en la región, que comenzó a pensarse de manera global con el lanzamiento en 2023 del Informe Regional de Tecnología y Educación que ayudó a poner el foco no en cómo se usa la tecnología o cómo integrarla en la escuela, sino más bien para qué usarla y en beneficio de quién”, dijo a este medio Cardini.
Los países de la región ya están pensando los siguientes pasos a seguir a través de distintas iniciativas, entre las que se destacan: fortalecer la capacitación docente para el uso apropiado de celulares, elaborar guías de orientación, realizar campañas de concientización y mediciones del impacto de estas políticas.
El trabajo de la Unesco
La Unesco trabajó en el relevamiento de datos con funcionarios y equipos técnicos de los Ministerios de Educación y Comunicación de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
El documento fue presentado a la prensa en la sede del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de Unesco, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, y contó con la exposición de la especialista de Programa para Educación de UNESCO Montevideo, Zelmira May; la Jefa de Oficina para América Latina y el Caribe del IIPE UNESCO, Alejandra Cardini; y la asesora principal en Ciudadanía Digital del organismo y autora del informe, Roxana Morduchowicz.
Fuente Tiempo Argentino
