La comisión directiva del Centro de Estudiantes Universitarios «Azucena Villaflor» de la sede CUSAM, que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) instaló en la Unidad Penal 48 de José León Suárez denuncia hostigamiento, persecución y amenazas, por parte de los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Señalan al director Alejandro Martínez, al jefe del penal Omar Gauna y al subjefe Javier Alegre.
«Muchos compañeros fueron trasladados durante los últimos tiempos. Venimos reclamando desde el año pasado. Hasta el momento, no tuvimos ninguna respuesta institucional, a pesar de que informamos sobre todas las trabas que nos están poniendo los penitenciarios a los jueces de Ejecución Penal de San Isidro y San Martín, que son los órganos judiciales y tienen jurisdicción en esta zona», aseguraron desde la citada comisión directiva, en diálogo con Tiempo.
También expusieron su preocupación ante las autoridades académicas y funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, advirtieron que los penitenciarios continúan «haciendo lo que quieren, en forma violenta y amenazando a la comunidad universitaria hace un año en forma sistemática«.
Trabar las carreras de los detenidos es un delito federal
Además, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus en favor de los detenidos, que días atrás fue rechazado por el Juzgado de Ejecución 1 de San Martín. En el incidente, reclamaban por los recortes en los horarios de patio y otros lugares de uso común de esa cárcel.
Los estudiantes reclamaron: «Estamos cansados de esta situación y queremos que se haga justicia a la brevedad posible. Pedimos que las máximas autoridades provinciales intervengan con celeridad en el asunto porque muchas personas se vieron afectadas en el desarrollo de sus carreras universitarias, lo que constituye un delito federal protagonizado por los uniformados«.
«Si realizas algún tipo de reclamo, los jefes del penal te llevan a ‘buzones’ (confinamiento extremo), te dan una terrible paliza y después te sacan de traslado. Nosotros somos estudiantes universitarios y necesitamos una respuesta institucional con extrema urgencia«, denunció la comisión directiva.
Traslados arbitrarios como castigo
Y completó: «Sacaron de traslado a varios compañeros y queremos que los traigan de nuevo para que continúen con sus trayectorias académicas. Las órdenes las están dando directamente de la jefatura de este complejo penitenciario: hay una cúpula que trabaja en complicidad y se cubren entre ellos«.
También señalaron que los penitenciarios -el director Alejandro Martínez, el jefe del penal Omar Gauna y el subjefe Javier Alegre– tienen una saña con los detenidos que estudian. Y que desde hace muchísimo tiempo pretenden destruir el espacio de educación superior intramuros.
Ello, a pesar de que la sede universitaria ha demostrado a lo largo de su historia -con hechos concretos- que reduce la reincidencia. Y cuando los estudiantes son liberados se ponen la mochila al hombro para ayudar a sus compañeras y compañeros para que continúen con la formación académica. Además, cada uno de ellos realiza alguna una actividad para contribuir con el bien común en el encierro y también en el mundo libre.
La mejor política de seguridad ciudadana
No hay dudas de que la universidad en las cárceles disminuye la violencia y construye sujetos críticos que luego participan en el escenario político-social en el que se encuentran inmersos. Además, continúan con la formación académica en el Campus Miguelete de la UNSAM una vez cumplidas sus condenas.
Cabe destacar que no es la primera vez que los penitenciarios hostigan, persiguen y amenazan a los estudiantes detenidos. Durante la pandemia mundial declarada por el Covid-19, esta sede universitaria fue vandalizada e incendiada por los uniformados.
Además, los miembros de la fuerza penitenciaria que cometieron ese delito federal continúan impunes, nunca fueron investigados ni sumariados, a pesar de haber cometido hechos terribles que son penados por la Ley Penal con años de cárcel. Los estudiantes reclaman una respuesta urgente por todos los atropellos que vienen sufriendo.
Derechos vulnerados
Los estudiantes vienen realizando asambleas y reuniones con distintas autoridades y no encuentran una solución al problema. Hasta armaron una mesa de diálogo, pero en la práctica les están violando todos sus derechos constitucionales y también los estipulados en el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos.
En la sede universitaria Cusam se dicta una licenciatura en sociología y otra de trabajo social, además de un gran combo de talleres extracurriculares y muchas otras actividades de formación que transforma las mentes de las y los allí cautivos. Quienes participan junto a miembros de la fuerza penitenciaria; una particularidad que tiene esa sede académica para alcanzar su objetivo de investigación y trabajo institucional en el territorio y la cárcel.
Por todo esto, muchos de los estudiantes y graduados de la sede Cusam participaron en la cuarta Marcha Federal Universitaria, reclamaron el presupuesto y defendieron la educación en contexto de encierro. Lo hicieron -aseguraron a este medio- porque se convirtieron en sujetos críticos y asumieron el compromiso de construir una sociedad mejor; con menos violencia.
No hay dudas de que las personas que acceden a este espacio y son atravesadas por la educación: empiezan a leer a la sociedad en la que viven de una manera diferente. Este es un dato real que surgió de la práctica y la experiencia, es el resultado que arrojó desde su fundación a finales de 2008, cuando se firmó un convenio marco que los penitenciarios no respetan.
Fuente Tiempo Argentino
