Carlos Torrendell eligió discutir el financiamiento universitario poniendo bajo sospecha a las universidades: cuestionó sus cifras de matrícula, sus tasas de graduación, sus costos y hasta la expansión territorial del sistema. Pero detrás de esa auditoría selectiva hay una pregunta política que su exposición no resuelve: ¿el Estado quiere mejorar la universidad pública o necesita desacreditarla para justificar el ajuste?
Nadie debería defender la opacidad ni negar la necesidad de evaluar resultados. Las universidades deben rendir cuentas, mejorar sus prácticas y explicar cómo administran los recursos públicos. Pero una cosa es exigir transparencia y otra, muy distinta, utilizar indicadores parciales para convertir un derecho en un gasto sospechoso. La eficiencia es una obligación de gestión; no una excusa para incumplir obligaciones estatales.
Decir que pocos estudiantes se gradúan en el tiempo teórico de sus carreras tampoco explica por qué sucede. ¿Cuántos trabajan para sostener sus estudios? ¿Cuántos tienen responsabilidades de cuidado? ¿Cuántos viajan horas para llegar a clase? ¿Qué posibilidades reales tiene de estudiar quien debe elegir todos los días entre cursar y llevar un ingreso a su casa? Una estadística que omite esas condiciones no revela toda la realidad: transforma desigualdades sociales en supuestas fallas individuales.
El argumento es especialmente regresivo porque la universidad pública existe, entre otras razones, para que el origen social no determine el destino educativo. No todos llegan en las mismas condiciones ni recorren trayectorias idénticas. Medir el sistema exclusivamente con criterios de rendimiento inmediato significa ignorar su función democratizadora. La universidad no es una fábrica de diplomas: produce conocimiento, forma profesionales, investiga y amplía derechos.
La discusión presupuestaria vuelve concreto ese conflicto. Para 2027, el Gobierno prevé $7,7 billones para las universidades nacionales, frente a los $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional. La diferencia no se resuelve desacreditando rectores ni exhibiendo cifras sin discutir sus criterios de cálculo. Si hay gastos injustificados, deben investigarse. Pero ninguna sospecha generalizada demuestra que el sistema necesite menos recursos.
Hay, además, un problema jurídico que no puede esconderse detrás de una discusión contable. La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue ratificada por el Congreso después del veto presidencial. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick ordenó su cumplimiento inmediato y declaró inconstitucional el decreto que había frenado su aplicación. El 20 de octubre, la Cámara habilitó la revisión de decisiones vinculadas con la ejecución de esa orden. Esa novedad procesal no equivale a una sentencia definitiva sobre el fondo ni borra la obligación legal: el conflicto sigue abierto.
La educación pública no necesita ser idealizada para ser defendida. Necesita que sus problemas se discutan sin convertirlos en pretexto para vaciarla. El Estado puede exigir resultados, pero también debe garantizar las condiciones materiales para alcanzarlos. No puede reclamar excelencia mientras deteriora los salarios, restringe las becas y compromete el funcionamiento de las instituciones que hacen posible estudiar.
Torrendell puede auditar universidades. Lo que no puede es confundir una planilla de costos con una política educativa ni presentar el ajuste como si fuera una consecuencia inevitable de las estadísticas.
La universidad pública expresa una convicción profundamente democrática: nadie se salva solo, nadie llega solo y los derechos solo se vuelven realidad cuando una sociedad decide sostenerlos colectivamente. Porque el futuro no puede ser el privilegio de quienes pueden pagarlo, sino una construcción colectiva de quienes tienen derecho a soñarlo.
Fuente Tiempo Argentino
