Quien camina el Conurbano bonaerense sabe que es un territorio donde las fábricas medianas, los talleres pequeños, los comercios medianos y chicos dan forma a la actividad económica, a la posibilidad de brindar trabajo y de fomentar el consumo familiar.
Fernando Moreira, intendente de San Martín, es uno de esos jefes comunales que conoce de cerca los efectos del programa económico implementado por el gobierno de Javier Milei en ese entramado productivo.
Por ese motivo, Moreira encabezó días atrás junto al ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, representantes de cámaras empresariales, de sindicatos, de la UNSAM y del INTI, entre otros, un reclamo “por las 25.000 pymes fundidas por el gobierno de Milei”, en uno de los puentes que une San Martín con Capital Federal.
También firmaron un documento donde señalan que sólo una de cada tres pymes accede al crédito y solicitaron al gobierno nacional líneas de financiamiento específicas, programas de regularización impositiva, revisar el esquema de precios relativos “con costos fijos”, entre otros puntos. El pedido central es que se declare “la emergencia pyme” a nivel nacional y frenar la avalancha de productos importados.
En diálogo con Tiempo, Moreira también analiza la situación crítica en materia de salud pública, donde el gobierno provincial y los municipios reciben, cada vez con menos recursos, a los expulsados del sistema de salud privada.
-¿Cuál es el impacto del programa económico del gobierno nacional en las pequeñas y medianas empresas del Conurbano?
-Muy grave. La industria en general está muy complicada, producto de una política económica que castiga sin ninguna duda al sector. Esto no es una consecuencia no deseada de un programa económico: hay una intencionalidad por castigar al sector industrial. Este gobierno no cree que la industria sea un factor importante para el desarrollo económico y social. Entonces, tenemos unas políticas que, además de la caída de la actividad económica, el salario real y la disminución muy violenta del consumo, tienen un nivel de apertura comercial absurdo. Nos pone a competir con productos chinos, que están profundamente subsidiados. Sin ninguna duda, este gobierno está implementando un industricidio a una velocidad tremenda. Hoy son 25.000 las empresas (NR: cerradas a nivel nacional), pero son muchísimas más las que están realmente muy complicadas, que no saben cuánto tiempo van a aguantar. Esto significa más desempleados, más familias que no llegan a fin de mes, más demandas sociales, más demanda de salud al sector público. Un círculo vicioso muy complicado.
-Una preocupación central de las pymes tiene que ver con el rompimiento de la cadena de pagos y los embargos. ¿Qué salida vienen reclamando?
–Hay planteada una cuestión del alivio fiscal en varios sentidos. La suspensión de los embargos es uno y la emergencia pyme nacional es una de las propuestas que estamos impulsando, y que en todos los municipios de la Argentina también se declare la emergencia pyme. Obviamente planteamos algunas cuestiones que aminoren el golpe en el cortísimo plazo. Pero, independientemente de eso, la cuestión es más de fondo, general y grave, porque nada va a alcanzar si no hay una mirada de gobierno nacional que tenga en cuenta que es fundamental conservar y mantener una industria nacional pujante.
-Otro eje que preocupa es el de la salud pública. El martes pasado ustedes los intendentes se reunieron con el gobernador Axel Kicillof, y el miércoles varios participaron de la Marcha Federal por la Salud. ¿Cómo analiza la situación de la salud pública en el Conurbano?
-El sistema de salud en la Argentina está en crisis, pero, paradójicamente, hoy lo está aguantando el sector público, porque las obras sociales no pueden garantizar las prestaciones mínimas. Los que se quedan sin trabajo, los que perdieron la obra social, la prepaga o los que tienen obra social pero que no logran satisfacer su demanda, son atendidos en el hospital público. La demanda aumentó más del 20% en los últimos seis meses. Por eso digo que los cambios son muy veloces y obviamente el sistema está saturado, porque además de esa caída, el PAMI, que no paga, redujo el presupuesto 40%, no entrega los medicamentos ya desde el principio a sus afiliados. Increíblemente, el gobierno nacional cerró el programa Remediar, que asistía a todos los centros asistenciales con medicamentos para los pacientes ambulatorios. Era clave en la atención primaria, altamente eficiente en términos sanitarios y económicos. Eso lo discontinuó. Compraron y entregaron muchísimas menos vacunas, una suma de situaciones muy complejas.
– ¿Y cómo considera que evoluciona la situación en el corto plazo?
-Los municipios y el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos vemos afectados directamente, porque tenemos que absorber una demanda extraordinaria con menos recursos que antes. Porque la recaudación y la actividad económica caen, porque el gobierno nacional deja de mandar los recursos que tendría que mandar por ley a las provincias, e indirectamente, a los municipios. Es una tormenta perfecta, y donde miremos todo está parecido. Donde miremos la situación es igual. Y lo peor de todo es que vemos que va a seguir empeorando si este gobierno no cambia. La única propuesta que tiene es más motosierra, y por eso estamos ante una situación muy grave.
-¿Qué salida vienen analizando en las últimas reuniones del peronismo nacional y bonaerense?
-Después de una derrota muy fuerte y muy complicada en 2023, tenemos que recomponernos, encontrar el mejor camino para enfrentar a este gobierno y para dar vuelta esta página. Por supuesto, eso requiere de tiempo, de esfuerzo, de conversaciones, de discusiones, de debate, de una estrategia común. Eso no se resuelve de un día para el otro, pero no tengo dudas que el año que viene vamos a resolver esa situación para estar a la altura de lo que la Argentina necesita, que es tener una fuerza política en condiciones de enfrentar esta realidad que nos plantea este gobierno de la mejor manera posible. «
Fuente Tiempo Argentino
