Abordar la Causa Cuadernos desde una perspectiva jurídica implica hacerlo desde el lenguaje perimetrado de los autores intelectuales -y los beneficiarios- de un proceso judicial armado y amañado, cuyo propósito es la persecución y disciplinamiento político.
Un objetivo eminentemente extrajurídico.
Hablar en el lenguaje ceñido que propone el victimario con fines que lo desbordan, devela cierta inocencia anodina o -como en el caso-, un propósito inconfesable.
El fin inmediato de esta causa es idéntico al de la Causa Vialidad; encarcelar, proscribir y deslegitimar a Cristina Fernández de Kirchner.
Lo mismo hicieron con Héctor Timerman, Milagro Sala, Julio De Vido y otros presos políticos.
Que nadie más se atreva a gobernar el Estado a favor del pueblo.
Kafka y el derecho como instrumento de persecución.
En El proceso, Kafka narra las peripecias, burocracias y flagelos que padece quien atraviesa un procedimiento judicial. Es una crítica antiquísima pero actual; el sistema de justicia, lejos de impartirla, utiliza el derecho como herramienta de normalización, descrédito y opresión.
La causa cuadernos es un síntoma de esa modalidad, y de la exhumación del derecho penal de autor. No se juzgan conductas sino personas. Esta causa se inició -y prosiguió- según el calendario electoral.
Comenzó el 1° de agosto de 2018, justo con el escándalo de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal, por entonces gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y a pocos meses de empezar un año de elección presidencial.
Quien fuera dos veces presidenta de la nación por mandato popular no podía serlo nuevamente.
El entramado de la economía concentrada (internacional ¿?) no iba permitir un ciclo gubernamental que lesionara, otra vez, los intereses del capital voraz, cada vez más antagonista con el Estado de derecho y la democracia.
Cristina Fernandez de Kirchner dejó el salario real más alto de Latinoamérica, un desempleo del 5,6%, una cobertura previsional cercana al 100%, creó cerca de 5 millones de puestos de trabajo y con sus políticas generó un crecimiento económico exponencial.
Demasiado para un poder real que pulveriza cualquier atisbo de límite.
Periodismo dependiente, servicios de inteligencia y poder judicial federal penal.
Siempre hay un argumento de cobertura
La causa juzga a la expresidenta de la Nación, a exfuncionarios y empresarios por liderar, organizar o conformar hipotéticamente una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de la industria de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.
En toda la causa no hay ningún registro de pago de coimas a Cristina Kirchner. Ni una prueba. Ni los falsos arrepentidos la mencionaron.
La Ley del arrepentido fue sancionada en octubre de 2016, una maniobra preparatoria para el armado del proceso.
Los medios de comunicación hegemónicos jugaron un rol central. La declararon culpable antes del procedimiento judicial y se montaron en ese discurso público.
No fue mera relatoría, también ofrecieron su participación necesaria.
El periodista Diego Cabot de La Nación recibió -en teoría- las fotocopias de cuadernos escritos por Oscar Centeno. En una maniobra de fórum shoping se los entregó al Fiscal Carlos Stornelli. Dijo que “le generaba confianza”.
La garantía constitucional del juez natural, bien gracias.
Hace unos días declaró que se tomó “licencias literarias” al referirse al material que publicó en un libro de su autoría.
La causa se funda en prueba documental que no puede ser tenida como tal porque son fotocopias, y en arrepentidos que declararon haber sido compelidos y/o extorsionados por el tándem Stornelli/Bonadio para inculpar a Cristina Fernandez de Kirchner y los funcionarios de su gobierno.
Julio César Silva, el encargado del edificio donde vivía la expresidenta, afirmó que declaró bajo amenazas y que el fiscal Stornelli y el juez Bonadio le dijeron “No te olvides que tenés dos hijas”.
En la misma línea, el empresario Daniel Pitón dijo “Mentí para no ir preso”.
Todos los arrepentidos que declararon en el debate oral afirmaron que fueron intimidados para comprometer a la ex presidenta y agregaron que si no lo hacían quedaban detenidos.
Ni siquiera se cumplió la ley del arrepentido que impulsaron sancionar a imagen y semejanza del protocolo de la DEA. Las declaraciones no fueron registradas de manera electrónica -audiovisual- como requiere la norma. Hay fallos de la Corte y de la Corte Interamericana contra maniobras idénticas.
Entonces, ni cuadernos ni arrepentidos.
Pero no es todo, las fotocopias peritadas arrojan inscripciones posteriores, adulteraciones, tachaduras, sobreescrituras y múltiples autores.
Como si fuera poco, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 7 -donde se lleva a cabo el debate, así como la fiscala Leon-, rechazaron nulidades opuestas por las defensas para ser evaluadas al final del juicio. Muchos de estos funcionarios fueron trasladados a ese tribunal por vínculos amistosos de opositores políticos a CFK.
De más está decir que la obtención y aparición de los cuadernos tienen la injerencia de los servicios de inteligencia tanto en su oportunidad como modus operandi.
Según Centeno, los cuadernos fueron quemados en una parrilla aunque, un año y medio después, aparecieron casi intactos. Las pericias demostraron que la letra corresponde a más de una persona, que los últimos fueron dictados y que están llenos de tachaduras y alteraciones.
Y el broche de oro; la declaración del ex policía Jorge Bacigalupo que entregó los cuadernos de Centeno a Diego Cabot.
En su declaración manifestó que el Fiscal Stornelli fue conjuntamente con Diego Cabot a su casa para que se presente a declarar porque sino “se caía la causa”.
Si, el fiscal de la causa -que representa los intereses de la legalidad según el art 120 de la Constitución Nacional-, con el periodista del medio opositor a CFK que lo eligió “por confianza”, a pedirle que se presente para continuar con la persecución.
No fue todo. Dejó ver el odio que motiva el armado de la causa, la persecución a CFK y sus funcionarios y el derecho penal de autor que aplicaron Stronelli y Bonadio. Dijo: “Todo lo que tenga olor a peronismo, me cae como la patada de un burro”.
Esta causa es esa patada de burro, el mensaje de la mafia: No mas peronismo, no más Cristina.
No podrán.
Cristina Libre. «
La autora es abogada y representa al empresario agropecuario Pedro Etchebest en la causa que investigó una presunta red de espionaje ilegal y extorsión vinculada al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal federal Carlos Stornelli.
Fuente Tiempo Argentino
