El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, volvió a rechazar un pedido para aportar su voz para una pericia sobre las grabaciones que destaparon el escándalo por presuntos sobreprecios y retornos millonarios. Ahora, busca un respaldo de la Cámara Federal.
La defensa del exabogado del presidente Javier Milei apeló una resolución del juez Ariel Lijo que había rechazado un planteo con el que Spagnuolo buscaba suspender momentáneamente la pericia y que se declare nulo el pedido para que el imputado aporte su voz a la Gendarmería Nacional. En los audios en cuestión se escucha una voz atribuída al exfuncionario que relata un aparente entramado de retornos y sobreprecios millonarios en torno a procesos de adjudicación de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.
“A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, es una de las frases más resonantes de los audios que para la defensa de Spagnuolo son truchos y creados con inteligencia artificial, conclusión que apuntalaron por medio de un estudio privado. Sobre esa postura, siempre rechazaron su utilización como prueba en la causa. Tanto el anterior juez del caso, Sebastián Casanello, como el fiscal Franco Picardi, manifestaron en varias ocasiones que el material no fue usado para la investigación.
Meses atrás, la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó peritar esas grabaciones. El juez Lijo avanzó en ese sentido y le pidió a las partes que propongan puntos para ejecutar el estudio y uno de los que se incorporó fue un pedido para que el propio Spagnuolo se presente ante la Gendarmería -a cargo de la pericia- y aporte su voz para hacer una comparación. De entrada, quienes defienden al ex funcionario se negaron a que lo hiciera bajo el argumento de que ello implicaría autoincriminarse.
Esa negativa fue planteada ante Lijo semanas atrás. El juez no hizo lugar y, entre otras cosas, planteó que la defensa de Spagnuolo incurrió en una contradicción procesal porque por un lado cuestionó la pericia y pidió su suspensión y por otro “impulsó” su producción por medio de la designación de peritos de parte y la solicitud de incorporación de puntos periciales, algo que para el magistrado es “objetivamente incompatible”.
En un escrito al que accedió Tiempo, el abogado del extitular de ANDIS, Pablo Parera, respondió que “esa afirmación tergiversa una vez más los planteos de esta defensa”.
“(La defensa) jamás se opuso a la realización de la pericia y, de haberlo hecho, la designación de un perito de parte y la propuesta de puntos periciales complementarios no constituyen un ‘impulso’ sino el ejercicio del legítimo derecho de defensa dentro de una diligencia que se le impone”, planteó. A su vez, el letrado aclaró que “lo único que se objeta es que para su concreción se utilice a mi asistido como sujeto de prueba”.
Al apelar, señalaron que la resolución no está adecuadamente fundada porque Lijo sostuvo que el reclamo no logró acreditar cuál sería el gravamen en caso de avanzar con el aporte de la voz. Ahora, el defensor insistió con que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.
Fuentes judiciales consultadas por este medio calificaron el intríngulis como un “papelón”. A su vez, marcaron que lo más probable es que la pericia avance con la utilización de entrevistas que dio Spagnuolo cuando aún era funcionario público y una de las personas más cercanas a Milei.
Mientras tanto, la causa está a la espera de que Lijo determine la situación procesal de los imputados que formaron parte de la segunda tanda de indagados. Se trata de quienes quedaron involucrados tras la detección de nuevas maniobras que implicaron, según el cálculo de Picardi, la erogación de más de $ 75 mil millones de las arcas públicas en beneficio de empresarios proveedores de medicamentos e insumos médicos.
Según el expediente, Spagnuolo y otros funcionarios, como su ex número dos Daniel Garbellini y actores del sector privado como Miguel Calvete y Pablo Atchabahián, sólo por mencionar algunos, habrían implementado un sistema de compulsas de precios paralelo, al que sólo se invitaba a participar a un reducido y controlado grupo de droguerías y proveedoras de insumos. Ese armado no habría tenido otro fin que simular una competencia que no era tal, con sobreprecios y retornos millonarios. Todo, en detrimento de personas vulnerables como lo son pacientes con discapacidad.
La Sala II, integrada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, -con Martín Irurzun de salida tras cumplir ayer 75 años, el límite legal para seguir en el cargo- tiene pendiente la revisión de los procesamientos de Spagnuolo y el resto de los implicados. El extitular de ANDIS es considerado un potencial jefe de asociación ilícita y autor de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo. «
Fuente Tiempo Argentino
