Desde la Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA-A, expresan extrema preocupación por la situación de la población migrante. Hacen un análisis desde una óptica sindical y de organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes y advierten que el reciente «Programa de Seguridad Migratoria» -creado mediante resolución 551/2026- desborda por completo el control migratorio legítimo y abre un campo de abusos contra quienes viven y trabajan en el país en condición migrante.
Todo esto sucede en medio de un debate global en el que acusan a Argentina de ser un país racista. Recientemente, el titular del bloque libertario de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, presentó un proyecto xenófobo para que los estudiantes extranjeros, sin residencia permanente, paguen para acceder a la educación y la salud en el territorio bonaerense.
Conversión de las fuerzas de seguridad
En este marco, Tiempo mantuvo un diálogo con Yolanda Moreno, abogada y titular de la Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA-A: «El problema es la conversión de las fuerzas de seguridad federales en policía migratoria auxiliar de la Dirección Nacional de Migraciones, con facultades de inteligencia, persecución, detención y expulsiones basadas en la mera sospecha de irregularidad documental«, denunció.
Y completó. «Este desplazamiento, que es de un poder típicamente administrativo hacia una lógica policial muy confusa, sin parámetros objetivos ni control judicial previo y claro, tensiona de manera directa principios básicos del debido proceso, igualdad ante la ley y libertad personal«.
La directora explicó que desde una óptica sindical y de defensa de la libertad sindical, la categoría “cualquier extranjero sospechado de no tener los papeles en orden” funciona como cláusula abierta que habilita controles selectivos por nacionalidad, color de piel o condición social. Y señaló que eso genera un miedo permanente a la detención y la expulsión del territorio argentino.
Moreno remarcó que ese miedo no es solo subjetivo: «Se traduce en menos denuncias de abusos laborales, menos afiliación sindical, más silencio frente a la explotación y mayor facilidad para que los empleadores sin escrúpulos impongan salarios de miseria y condiciones degradantes«..
También ahondó en que articulando derechos laborales y Derechos Humanos, advierten que la resolución confunde deliberadamente migración con ilícito al vincular “movimientos migratorios irregulares” con “organizaciones criminales” y “amenazas para la seguridad nacional”.
Construyendo la figura del enemigo público
La letrada explicó que, en términos políticos y jurídicos, esto implica equiparar una irregularidad administrativa con criminalidad organizada. Construyendo así un enemigo interno en la figura de la persona migrante habilitando políticas de excepción sobre todo un colectivo especifico de personas.
Desde la central sindical contaron a este diario que observaron con muchas preocupación la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Moreno enfatizó: «Porque trasladar funciones centrales del control migratorio a cuerpos entrenados en orden público y combate del delito rompe la separación entre gestión administrativa y persecución penal. También contamina la primera con prácticas de inteligencia y criminalización de la población migrante y trabajadora«.
Por lo cuál consideró que esta nueva creación. «Está muy lejos de ser una mera reorganización institucional y configura un escenario en el que la condición migratoria se convierte en puerta de entrada a ser vigilada, estigmatizada y reprimida«.
Destrucción de derechos básicos
Explicó que las personas sienten temor a la detención o expulsión arbitraria por el distanciamiento que se produjo de las instituciones públicas y porque empuja a amplios sectores migrantes a la invisibilidad administrativa y a la informalidad laboral. Y que esto no solo vulnera derechos básicos como identidad, salud, educación y trabajo, sino que también disminuye la capacidad de organización colectiva y de negociación frente a la patronal.
Por todo esto, en defensa de las personas migrantes, desde la central sindical explicaron que enfrentar el nuevo “Programa de Seguridad Migratoria” exige combinar movilización social con herramientas legales concretas. Y que por eso es necesario impulsar acciones de amparo colectivo que cuestionen la compatibilidad de la resolución con la Constitución Nacional y Provincial.
También con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, promoviendo el uso del hábeas corpus frente a detenciones arbitrarias fundadas en meras sospechas. «Debemos activar la inmediata intervención de las defensorías, los organismos de control y los mecanismos contra la violencia institucional para combatir esta nueva modalidad porque es ilegal«, concluyó la directora Moreno.
La relación política internacional
Desde la central sindical aseguraron a este diario que todas las resoluciones del gobierno de Javier Milei y el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 366/2025, están en sintonía con la política de Donal Trump de criminalizar a la migración, creando la xenofobia y racismo contra la migración pobre.
Sostuvieron que también se suma el Parlamento Europeo, que acaba de aprobar los centros de devolución para migrantes en terceros países y agiliza las deportaciones dentro de la Unión Europea. Y que el debate está puesto en migrantes si o migrantes no; mientras que el problema central de la migración es otro.
Recomiendan que la mejor manera es el pleno desarrollo como Estados-Nación, por eso es importante solidarizarse con la lucha de los pueblos latinoamericanos contra las políticas neoliberales. Como sucede en Bolivia que se encuentra -ejemplificaron- paralizada por siete semanas y sumado un estado de excepción, contra el Escudo de las Américas. Es una iniciativa impulsada por Trump, que también tiene un capítulo antiinmigrante.
Fuente Tiempo Argentino
