Quienes se hayan tomado el trabajo de leer las columnas anteriores de esta serie sobre el buen vivir, es probable que hayan tenido sensaciones encontradas.
Por un lado, habrán recorrido una serie de propuestas parciales, que de ser implementadas, encararían temas pendientes de hace mucho, como el rol del Estado o la pobreza. Vendrán más. Sin embargo, seguramente, muchos de los esforzados lectores se habrán cuestionado la viabilidad de concreción de esas metas.
Como el objetivo de esta serie de reflexiones está muy lejos de limitarse a buscar soluciones tecnocráticas a problemas sociales, sin cambiar el marco político, cultural o institucional, debo tomar el guante antes de ser abandonado por voluntarista. Paso a explicar cuál es el contexto en que lo dicho puede intentar ser implementado.
Nuestra historia está llena de controversias entre el decir y el hacer; entre los derechos establecidos en el papel y su ejercicio.
Todo derecho que podríamos llamar social; cuya vigencia dependa de nosotros y de otros actores de la comunidad, puede ser controvertido, bloqueado, sea con mecanismos burocráticos o por el mero uso de un poder relativo superior, como en el contrato en negro, por caso.
Al respecto, nuestra tesis general se enuncia de manera muy simple: Si el problema no es enunciar el derecho, sino garantizar que el marco de relaciones sociales en que se busca implementarlo permite avanzar con solvencia, nos debemos concentrar en eso.
Veamos un ejemplo simple.
Al recuperar la jubilación por el sistema de reparto en 2008, se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un fondo soberano como el que tienen la gran mayoría de los países centrales, que en la actualidad representa más del 12% del PBI. El objetivo de ese fondo es casi obvio: apuntalar las prestaciones a la clase pasiva.
Lamentablemente, eso no sucedió ni un solo minuto durante la existencia del FGS, a lo largo de más de 17 años.
Durante este período, o se capitalizó financieramente el recurso inicial, como un inversor rentista cualquiera o se usaron los recursos de mayor liquidez para sacar de apuro a la Tesorería general, recibiendo papeles de deuda a cambio. Mientras tanto, el poder de compra de las jubilaciones cayó durante buena parte del lapso, especialmente estos años, hasta dimensiones ridículas.
Ninguna de sus opciones estatutarias para evitar este retroceso, algunas de ellas muy interesantes, se usó.
Pretender cambiar esto de raíz y tener una proyección de aplicación de este enorme capital (hoy 70.000 millones de dólares), manteniendo e incrementando su valor, no es voluntarismo. Es simple vocación política de estudiar, asesorarse, trabajar para quienes deben recibir los beneficios.
O sea: el marco que establece un instrumento como el FGS, usado en la dirección que establece su definición original, es realmente un camino transformador. Solo hay que querer recorrerlo. Hasta se podría sumar a la población con discapacidad al universo que pueda tomar beneficios de aquí.
Sirve como ejemplo muy fuerte.
A la vez, es el único que podemos citar, que está disponible, en que solo hay que girar el volante en otra dirección.
Se deben diseñar otros escenarios similares, con objetivos sociales que sean universales y esto constituirá la fuerte semilla que oriente hacia un Estado nuevo. Propondré dos casos.
1- Fondo de Patrimonio Ciudadano (FPC)
Se parte de reconocer que el sol, el viento, los cauces de agua del país son propiedad de todos los argentinos y estos debieran participar de los beneficios que emergen del uso de esos insumos comunes.
El 40% de la demanda actual de energía eléctrica se atiende con energías renovables. Debería crearse un FPC al cual todo productor público o privado debería aportar el 3 a 5% anual de sus ingresos por venta de energía renovable (hoy un total de 3100 millones de dólares), como retribución ciudadana. Ese patrimonio, creciendo unos 150 mil millones de dólares anuales, se utilizaría para financiar proyectos comunitarios de generación de energía renovable en escuelas, hospitales, ámbitos públicos en general, que serían propiedad del FPC y aportarían al incremento del patrimonio de todos los argentinos.
En pocos años, este fondo estaría en condiciones de proyectar cómo usar el capital disponible para implementar y/o garantizar programas complementarios que apunten a los mismo fines: utilizar los bienes comunes para beneficio de todos.
2 – Fondo de Desarrollo Productivo (FDP)
Esta es una idea más conocida y ya implementada en varias partes del mundo: Constituir un fondo de promoción productiva, de la ciencia y la tecnología, a partir de una alícuota de las ventas de productos originados en recursos no renovables, cuya utilización compromete a la calidad de vida de generaciones futuras. El fondo noruego es tal vez el más mediático, basado en la explotación de su petróleo, pero hay decenas de fondos similares y la ausencia de uno en la Argentina, es solo fruto de la mirada corta de los gobernantes.
Sobre el concepto y funcionamiento de tres fondos de enorme significado ciudadano ( para los adultos mayores y los discapacitados; para el patrimonio ciudadano y para el desarrollo productivo, la ciencia y la tecnología), todos ellos de implementación factible, se debe montar la conciencia generalizada que un Gobierno debe y puede actuar tras objetivos de la comunidad, que se instalan por encima de los individuos, que no entran en conflicto con ellos, salvo que se busque apropiarse mezquinamente de lo colectivo.
El neoliberalismo nos ha despojado a la inmensa mayoría para beneficio de un puñado. No se trata de superarlo con impuestos a la riqueza, que pretendan recuperar algo de lo que nos sacan, mientras lo siguen sacando. Debe ser por caminos distintos, que incluyan la obligación tributaria de los que más tienen, pero que en paralelo impidan la asimetría en la generación y apropiación de valor.
Se trata, en resumen, de instalar progresivamente una relación distinta entre los seres humanos. En lugar de volver hacia el peón que no podía mirar a los ojos a Robustiano Patrón Costas, antes de 1945, ir hacia la obligación ineludible de cada dirigente político, en cada lugar, de demostrar que lo que se decide es para beneficio de las mayorías y convencer de esto a tales mayorías.
Fuente Tiempo Argentino
