“La extranjerización que promueve el gobierno tiene todo que ver con el cientificidio. Para comprar un país barato lo tenés que romper, tenés que romper a la gente. Tenés que hacer que no valga mucho. Y qué mejor para eso que ir en contra de la soberanía científico-tecnológica”. Desde la columna de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, las palabras de Eduardo –de la carrera de Ciencias Biológicas, uno de los miles de manifestantes de la reprimida marcha del jueves contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se votó a medias y desmembrada- sirven para entender la lógica de una gestión que hace del desfinanciamiento universitario y la destrucción del sistema científico una política de Estado. El incumplimiento de la Ley de Financiamiento (LFU) continúa, el reclamo se prolonga y el segundo cuatrimestre comienza con medidas de fuerza en defensa de la educación.
Durante la semana que pasó, en el plano judicial hubo una buena noticia para el reclamo de las casas de altos estudios. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley, tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, el conflicto sigue. “Pese al fallo de la Corte y a la reciente resolución de la Cámara, el Gobierno no da ningún paso concreto para comenzar a aplicar la ley. Empezamos el segundo cuatrimestre con un escenario pésimo para las universidades públicas. El gobierno se sigue ensañando con el sistema de ciencia, con el sistema universitario, e incumple incluso lo que la Corte le ha señalado que debe hacer. Esta es la situación de gravedad en la que estamos”, resume la historiadora Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
Este lunes está previsto el plenario de Conadu para resolver pasos a seguir, tras las consultas y asambleas a docentes en todo el país. “Quedamos en el plenario pasado en que si no había una ejecución de los fondos que se enmarcan en la ley nos encaminábamos hacia medidas, así que creo que ese va a ser el saldo del plenario”, anticipa.
En tanto, desde Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y Asociación de Docentes (ADUBA) convocaron a un paro para el miércoles 12, que ya se convirtió en una cita en defensa de todo el sistema científico (Conadu Histórica, por su parte, llamó a una semana de paro a partir del martes 18).
El Ministerio de Capital Humano salió rápidamente a cuestionar la medida de fuerza, asegurando que el Gobierno está cumpliendo su parte y que la negociación se encuentra vigente, por lo que el paro es “prematuro”.
No más excusas
“El gobierno nacional no cumple con la cautelar, desobedece el fallo de la Corte Suprema de Justicia y no respeta tampoco los compromisos que asumió, porque no se han transferido los recursos pautados para hospitales universitarios, ni se incrementó la cuota de gastos de funcionamiento como estaba previsto, lo que profundiza las dificultades”, señaló Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Desde ese espacio, el jueves se solicitó a la Justicia “que intime al Gobierno a cumplir con la medida cautelar” en un plazo de cinco días.
Además, la Justicia debe resolver sobre un escrito presentado por el Ejecutivo ante el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, pidiendo que se anule la cautelar con el argumento de que la situación se resolvió con el acuerdo firmado entre las partes. Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, publicaron una “cartita” para el magistrado, planteándole que “levante la suspensión de la ejecución de la medida cautelar que mantiene desde el 24 de abril”. Remarcaron que “no hay más excusas, ni obstáculos procesales ni tiempo de espera”.
“Ya no tienen más excusas para no actualizar los salarios de los trabajadores no-docentes conforme a lo establecido por la ley”, coincidió Gonzalo Ghedin, delegado general de APUBA en Exactas. En relación al acuerdo firmado en junio entre el CIN, las federaciones y el Gobierno, que contempla una recomposición parcial de los salarios, sostuvo que “fue un inicio pero estuvo lejos de acercarse al cumplimiento total de la Ley y no fue suficiente para desendeudar a las familias no-docentes, que mantienen varios empleos para poder llegar a fin de mes”.
“Nos estamos preparando para arrancar con medidas de protesta porque el Gobierno sigue incumpliendo la ley y solamente abonaron los sueldos con el aumento del acta que firmaron con los rectores y las federaciones excepto Conadu Histórica. Es un aumento magro e insuficiente (21%, cuando por ley es 54%) y el desfinanciamiento es enorme, no sólo en los salarios sino también en becas e infraestructura. El malestar sigue y es generalizado en todo el país”, destacó Lucía Ortega, de la Asociación Gremial Docente (AGD).
En tanto, las autoridades de la UBA pidieron una audiencia de forma individual. La Justicia consultó a las partes y el viernes se supo que el CIN rechazó esa posibilidad porque “implicaría un dispendio de tiempo”.
El cientificidio en marcha
Un informe publicado en mayo por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que casi el 85% de los docentes universitarios percibía salarios por debajo de la línea de la pobreza.
De acuerdo a ese relevamiento, desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026 el salario real docente y no docente cayó 34,2 por ciento. La mayor caída ocurrió entre diciembre 2023 y julio 2024 (-23,1%). En 2025 volvió a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% en diciembre de ese año.
Sobre este panorama se sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, el 21 de agosto del año pasado. Fue vetada en septiembre y ratificada en el Congreso en octubre. Ese mismo mes, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 por supuesta falta de financiamiento.
Sin embargo, la propia normativa habilitaba realizar adecuaciones presupuestarias para su ejecución. El incumplimiento llevó a la judicialización y en esos vericuetos sigue el tema, mientras el cientificidio como política de Estado continúa. «
«Terroristas»: Milei, el espejo de Videla
Los ataques de Milei hacia las universidades no solo son presupuestarios. Con declaraciones que no fueron repudiadas con el ímpetu que ameritaba, el mandatario dijo que en las casas de altos estudios hay estudiantes, docentes e investigadores “disfrazados de terroristas”, imbuidos por ideas gramscianas. Casi idéntico mensaje al proferido por el genocida Jorge Rafael Videla en el juicio de 2010. “La descalificación y las acusaciones infundadas atentan contra la convivencia democrática y la institucionalidad”, expresó el Consejo Directivo de Exactas de la UBA. Hubo otras voces de rechazo, pero no una respuesta conjunta. Profundizar ese repudio es uno de los planteos de las Resoluciones de la Asamblea de la AGD UBA de esta semana. Lo mismo pidió la Asociación de Docentes de la UNS a su Consejo Superior.
“La gran pregunta es si habrá una reacción institucional a la altura o si seguirán todos dispuestos a mirar para otro lado cuando ya mismo está siendo demasiado tarde”, había alertado el sociólogo Daniel Feierstein.
Fuente Tiempo Argentino