Hace dos meses, el Tribunal de Defensa de la Competencia condicionó la compra de Telefónica por parte de Telecom. El objetivo declarado fue evitar un duopolio y reconstuir un tercer operador con posibilidades reales de competir en un mercado de altísima facturación. Poco menos de un mes después, ese proceso tendría una sola opción sobre la mesa, dentro de un proceso muy veloz que siembra sospechas sobre la repetición de un patrón que el Grupo Clarín ya utilizó en las últimas décadas.
El disparador se activó el 17 de junio de 2026. Ese día el TDC publicó la resolución 38/2026 y planteó un requisito previo para autorizar que Telecom pueda quedarse con Telefónica. Consideró que esa fusión sólo podía concretarse con dos desinversiones que permitieran garantizar la competencia en el mercado de telecomunicaciones. Le ordenó a Telecom que se desprenda de 6 millones de clientes de celulares y de la cartera de provisión de internet por cable fijo en 28 distritos. La 38/2026 también le ordenó a la empresa que quiere comprar Telefónica que defina una especie de ente fiscalizador, un agente de monitoreo, que controle que se cumple la orden del tribunal. Fue el movimiento más público del proceso, porque desde ese momento, el apuro de los tiempos y la ausencia de información pública disponible incrementaron las dudas sobre el desenlace de la operación, que todavía no se ha concretado.
El 7 de agosto, tres semanas después de la resolución, se conoció que la empresa Metrotel había presentado una propuesta para quedarse con el paquete que Telecom debe resignar. El movimiento despertó mas preguntas, especialmente por la velocidad. Un mes después de la resolución, el TDC designó a la consultora Together Business Consulting como ente fiscalizador, o ente de monitoreo. Dos semanas después de esa designación, la firma avaló la propuesta de Metrotel, con un envión tan potente que parece más ligado a la convalidación de un plan preexistente que al desarrollo de un proceso de desinversión. Así es la lectura de las fuentes consultadas por Tiempo con acceso a cada una de las etapas que disparó el Tribunal de Defensa de la Competencia y que ahora deberán controlar el Enacom y la Agencia Nacional de Comunicaciones (ANC).
Por la importancia de la operación y la dimensión de las empresas en juego, los involucrados prefirieron mantener silencio de radio en algunos casos y, en otros, la reserva total de su identidad. ¿Hubo un acuerdo cerrado para que Metrotel se quede con el desprendimiento de Telecom? ¿Se puso en marcha un mecanismo para que el Grupo Clarín siga controlando todos esos activos?
Metrotel es la marca de la firma C.P.S. Comunicaciones S.A. Se autodefine como un operador de infraestructura y servicios corporativos, “con más de 25 años de trayectoria». Sus prestaciones van desde la provisión de fibra óptica a la instalación de data centers y conectividad para bancos y firmas o canales que necesitan banda ancha de alta velocidad. Dentro del expediente, la firma fue definida como una empresa “de menor envergadura”, que se dedica a atender al mercado corporativo y con un servicio residencial de “alcance local acotado y una participación marginal” en el mercado. Esa definición técnica del Enacom contrasta con el objetivo de absorber 6 millones de usuarios de celular y proveer banda ancha domiciliaria. Ambos negocios no son actividades que Metrotel esté desarrollando, ni tampoco con ese volumen.
El TDC estableció que la firma que se quede con la desinversión no tiene que tener “ningún tipo de relación societaria, contractual, crediticia o de otra naturaleza” con Telecom o con Telefónica. El objetivo es que nada comprometa la autonomía del nuevo comprador y que finalmente sea evitado el duopolio en el mercado de telecomunicaciones argentino. De acuerdo al informe técnico de la operación, Metrotel ya es proveedor de Telefónica. La empresa ofrece banda ancha residencial con Metrotel como proveedor mayorista. Esa vinculación comercial ya aparece como un obstáculo, porque existe una relación comercial previa entre la firma que pretende comprar y una de las que está obligada a vender. Ante las consultas de Tiempo, fuentes vinculadas al expediente explicaron que todo eso fue relativizado y que las partes aseguraron no tener vínculos que pongan en riesgo la obligación del Tribunal. Lo hicieron mediante una declaración jurada, pero esas afirmaciones no fueron investigadas, hasta ahora, por las autoridades.
Dentro del secretismo que reina en este momento dentro del sector de las telecomunicaciones, las fuentes consultadas le dieron crédito a una versión que circula dentro de las empresas en danza. Metrotel se presentó a esta operación con el plan de adquirir conectividad por encima de los estándares mínimos exigidos y luego cedérselo a Telecom por región. Si eso se confirma, parte de las frecuencias que el Tribunal trata de sacarle a la empresa fusionada volverían, pero mediante el alquiler.
La cantidad de dudas y la velocidad se incrementan por los antecedentes de la empresa controlante de Telecom, una de las firmas que debe desinvertir. El Grupo Clarín, conducido por Héctor Magnetto, ya llevó adelante la compra de activos estratégicos, con operaciones que fueron cuestionadas por su efecto en la competencia (pulverizándola) y por sus condiciones.
El antecedente más lejano fue profundamente investigado por Tiempo en los últimos 15 años. Se trata de Papel Prensa, la fábrica de papel para diarios que fue comprada en noviembre de 1976 (durante el primer año de la última dictadura militar) por Clarín, La Razón y La Nación. El accionista principal de la empresa había sido el banquero David Graiver, muerto pocos meses antes en un accidente aéreo que nunca fue esclarecido. Al frente quedó su viuda, Lidia Papaleo, que declaró haber firmado el traspaso de acciones bajo amenazas y apuntó directamente a Magnetto como el impulsor de la operación para obligarla a firmar. Después de hacerlo fue secuestrada y torturada, junto a otros integrantes del directorio que fue obligado a desprenderse. En 1988 la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas detectó irregularidades en la compra por parte de Clarín, La Nación y La Razón. En 2016 el caso fue cerrado y la Justicia sobreseyó a Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre. El argumento fue que no habían encontrado “elementos objetivos” que conecten la venta con los crímenes cometidos durante la dictadura. Papaleo apeló, pero la Corte dejó ese veredicto en firme.
Sin embargo, los objetivos económicos de la operación fueron cumplidos. La papelera tuvo precios diferenciales para sus nuevos propietarios, con una ventaja monopólica sobre las demás editoriales. Las denuncias de medios de distintas orientaciones siempre apuntaron a una competencia desleal organizada desde el grupo más poderoso de medios de la Argentina.
Durante la recuperación democrática hay otro antecedente, pero en la expansión del diario Clarín a la radio y la televisión. La periodista Graciela Mochkofsky, en su libro Pecado original reveló que Clarín se quedó con el control de Radio Mitre a partir de 1985 y 1986 mediante el Banco Mariva y un grupo de testaferros. Toda esa arquitectura fue articulada para evitar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que le impedía a los diarios comprar emisoras de radio. Fue uno de los primeros pasos del multimedios antes de la compra de Canal 13. Los detalles fueron blanqueados en 1989, después de la llegada de Carlos Menem al poder y cuando la Ley de Reforma del Estado, que había redactado el mendocino Roberto Dromi, enterró esa prohibición.
Por ahora estos antecedentes se ciernen como una nube de sospechas sobre el desarrollo del caso que podría terminar con una desinversión gigante en manos de Metrotel. La empresa pertenece a dos fondos: a Riverwood Capital, nacido en Sillicon Valley con una cartera de activos que llega a los 6000 millones de dólares, y al gigante Blackstone, el mayor gestor de activos con una cartera de 1,35 billón de dólares. Telecom, por su parte, pertenece en un 40% a Cablevisión Holding (del Grupo Clarín), mientras que otro 40% está en manos de Fintech Advisory, el fondo que conduce el empresario mexicano David Martínez, con oficinas en Nueva York y Londres. Es uno de los mayores inversores en deuda soberana y corporativa de mercados emergentes. Por eso ha sido un jugador clave en las reestructuraciones de la deuda argentina.
Por encima de ese entramado sobrevuela la práctica corporativa de comprar activos estratégicos de manera indirecta, en términos vidriosos y al límite de las regulaciones. Metrotel asoma como el tercer competidor que entraría para romper el duopolio, pero las relaciones comerciales previas y la posibilidad de alquilar parte del espectro, ponen en duda el objetivo del Tribunal de la Competencia de abrir el mercado de telecomunicaciones y evitar que se siga cerrando en una o dos manos. A esos movimientos se suman algunos indicios que hablan de los preparativos para una operación previa con un año de anticipación: la firma sacó un préstamo de 110 millones de dólares, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Itaú. El crédito fue concedido para tener mayor capacidad de fibra óptica, un dato que combina con la ofensiva de Metrotel para pelear mejor el paquete que debe desinvertir Telecom.
A ese entramado se suma una coincidencia que incrementó las sospechas sobre el vínculo entre Clarín y Metrotel. Se trata de Sebastián Bardengo, actual CEO de Metrotel. Llegó a ese puesto en enero de 2023, pero tiene una larga carrera previa en el Grupo Clarín, según reveló el periodista Diego Genoud en El Destape. Bardengo registra una carrera gerencial desde 2008 hasta 2017 y después pasó a conducir Cablevisión Holding desde ese año hasta 2023, cuando pasó al frente de Metrotel.
Ahora, el TDC definirá si Metrotel tiene la capacidad técnica para quedarse con la desinversión. Antes tendrá que hacerlo el Enacom, pero el apuro y la presencia de un único oferente incrementa los interrogantes sobre un pacto entre el gobierno y el Grupo Clarín para garantizar que su expansión transcurra sin sobresaltos, pero sin que se note. «
Fuente Tiempo Argentino
