Es un emblema del fútbol argentino que pasó del auge a la desidia. Con sus instalaciones deteriorándose, la administración marplatense comandada por Guillermo Montenegro (LLA-Pro), importando el método de privatizaciones «regaladas» a empresarios amigos que lideraron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en CABA, lo entregó por apenas 10 millones de pesos al mes a una empresa investigada en Brasil, que a seis meses de la concesión no hizo ninguna obra, tiene cheques rechazados y hasta dejó de pagar la luz.
El «Estadio Mundialista” se inauguró el 21 de mayo de 1978 como sede de la Copa del Mundo. El plan del general Omar Actis, presidente de la entidad organizadora, era remodelar las plazas antiguas y no gastar más allá de los 100 millones de dólares. Originalmente se llamó Estadio Ciudad de Mar del Plata y formó parte de las tres sedes que construyó la última dictadura para la puesta en marcha del Mundial ’78. Allí se jugaron seis partidos. El más destacado: Italia–Francia, donde se marcó el primer gol del campeonato.
Pero el almirante Emilio Eduardo Massera tenía otros planes y el negocio del torneo no se le podía escapar. Para hacer campañas electorales necesitaba dinero y el EAM (Ente Autárquico Mundial 78) –creado durante la gestión del ministro de Bienestar Social, José López Rega– era una fuente inagotable. Para graficar, el campeonato realizado en España en 1982 costó 300 millones de dólares y el de Argentina, cuatro años antes, 700 millones de dólares.
En tiempo récord se construyó el complejo que durante décadas sería protagonista de los acontecimientos deportivos y culturales más importantes de la ciudad. La llegada de Queen en 1981, la victoria de Argentina contra Dinamarca en la Finalíssima de 1993 (último trofeo de Maradona en la selección), los Juegos Panamericanos de 1995, los Torneos de Verano, los recitales de Soda Stereo, Mercedes Sosa, León Gieco, Joaquín Sabina, Luis Miguel y Duran Duran entre otros. En 1998, por iniciativa del periodista deportivo Mario Trucco, el estadio pasó a llamarse José María Minella, en homenaje al primer marplatense en llegar a la selección nacional.
Al mejor postor
Ya en 1994 (pleno menemato) un intento fallido de privatización a favor de la empresa Telemarket de Eduardo Luis Metzger, derivó en la cancelación por primera vez de los torneos de verano. Uno de los involucrados, el CEO del grupo, Hugo Jinkis, acabó en 2015 con prisión domiciliaria por su participación en el FIFAgate.
De forma progresiva la plantilla del personal municipal a cargo se redujo a menos de la mitad y durante más de una década de intendencias del Pro el estadio sólo sumó una inversión en la gestión de Carlos Fernando Arroyo que fue para reparar un cartel lumínico. Luego se debió clausurar su tribuna techada por falta de mantenimiento, lo que apresuró un proceso de licitación que desembocó en un escándalo de resonancia nacional.
La firma brasileña Revee, socia de Minella Stadium (que ganó la licitación como única postulante) quedó enganchada junto con su grupo controlante, REAG, en el “Caso Banco Master”, la mega estafa bancaria que sacude a Brasil.
La compañía habría presentado una Cédula de Crédito Bancario (CCB) por 458 millones de reales otorgada por Banco Master a Revee como prueba de la capacidad financiera, a los que sumaba una declaración jurada en la que afirmaba que U$S 26 millones provenientes de ese financiamiento ya se encontraban reservados para las obras en Argentina.
Pero al parecer la línea de financiamiento había sido concedida originalmente bajo el compromiso de destinar los recursos a dos proyectos de Reeve en São Paulo (una arena multi-propósito y la ampliación de un estadio) que finalmente fueron abandonados. La Policía Federal brasileña analiza el préstamo otorgado por considerarlo parte de una serie de transacciones sospechosas.
En la investigación se menciona también a João Carlos Mansur, presidente del consejo de administración de Revee y uno de los empresarios alcanzados por la denominada Operación Carbono Oculto, el mayor operativo policial y financiero en la historia de Brasil donde se desarticuló una red del cartel Primer Comando de la Capital que lavó más de 5500 millones de dólares a través del fraude fiscal y la adulteración de combustibles.
Sin cheques, sin obras, sin luz
Mientras tanto, las principales reformas en el Minella y el Polideportivo todavía no comenzaron y la concesionaria ya acumuló 25 cheques rechazados por falta de fondos por casi $ 590 millones.
Lo que es peor aún, Minella Stadium ya tiene iniciado su primer juicio laboral. Se trata de un empleado de seguridad de la empresa MK Soluciones SA que nunca había sido registrado y que sufrió un accidente de tránsito rumbo a su trabajo, sin recibir luego ningún tipo de cobertura ART. Ante semejante panorama la oposición local solicitó un pedido de informes pero el intendente interino, Agustín Neme, no brindó ningún dato ni publicó el contrato con la empresa.
A seis meses de anunciarse la licitación como un hito histórico, la empresa no solo no realizó ningún trabajo sino que además dejó de abonar la luz y el estadio permaneció a oscuras una semana por corte de suministro. A pesar de la concreción de varios recitales las facturas acumuladas superaban los 25 millones de pesos y la energía eléctrica se restituyó después de varios días tras acordar un plan de pagos.
Ahora el Municipio de General Pueyrredón evalúa el pedido de autorización de la empresa concesionaria para transferir el 87,5 por ciento de su paquete accionario a la firma Perfeta Producciones SA, propiedad del empresario Marcelo Fabio Fígoli, un hábil productor de espectáculos que pendula entre ambos lados de “la grieta” y es dueño de varios medios de comunicación en el país. La ONG Mirada Ciudadana, bajo la figura de “víctima colectiva”, solicitó mediante un escrito que intervenga la Justicia Federal por posible lavado de activos.
No es la única concesión escandalosa de la gestión. Bajo la figura de «padrinazgo» el municipio le entregó Plaza del Agua al Grupo Infobae: significa publicidad no habilitada de empresas privadas en zonas públicas y el renombramiento de una plaza, lo que solo puede hacerse bajo la aprobación del Concejo Deliberante.
En Punta Mogotes, Guillermo Montenegro impulsa un pedido de «municipalización» de la zona (donde los terrenos son 70% de la Provincia y 30% del municipio) para poder hacer un emprendimiento con las características de Puerto Madero, lo que significaría un gran negocio dentro de la gestión de LLA-Pro.
A esto se suma el Camping Municipal, que fue entregado a Bien Producido S.A propiedad del empresario Matías Iriarte para la realización de una zona destinada al Glamping (servicios turísticos de lujo), con una concesión por 20 años bajo un canon de apenas $1.250.000 por mes.
Una ganga: manejar el complejo por apenas 10 millones de pesos al mes
Similar a la política del PRO en CABA (de la que Guillermo Montenegro fue funcionario) algo que se repite en muchas de estas “privatizaciones” es el bajo retorno que recibe el Estado municipal por la entrega de sus espacios públicos. Por ejemplo, la concesión del Estadio de Mar del Plata a la firma Minella Stadium SA establece un canon anual de 120 millones de pesos, es decir unos 10 millones de pesos al mes. Algo irrisorio si consideramos los miles de metros cuadrados otorgados para fines comerciales y que con la realización de un solo recital la firma podría recaudar más de cinco veces el monto anual. Lo mismo sucedió con el traspaso de los terrenos linderos al Faro de la Memoria a Burbarrel SA, creadora del Gin Tonic “La Restinga”. En este caso el pago establecido mediante un convenio entre el municipio y el empresariado fue por 250 mil pesos mensuales. Teniendo en cuenta que la botella de gin cuesta $ 18.800, la compañía debería vender tan solo 15 unidades de 750 ml. al mes para pagarle al municipio el uso de unos costosos lotes cuyo valor de mercado es millonario y que, como si fuera poco, integran parte de una reserva turística forestal.
¿Concejales, notarios o socios?
Desde que gobiernan las políticas privatistas del PRO y LLA, la Municipalidad de Mar del Plata opera como una escribanía donde algunos concejales parecieran contemplar a la ciudad como una inmobiliaria a cielo abierto. Poco antes de estallar el escándalo Minella, circulaban una serie de videos donde se mostraba el total abandono que presentaba el estadio.
Los pliegos, aprobados el 24 de julio del 2025, contaron con el voto afirmativo de los y las concejales Cristian Beneito (PRO), Julián Busetti (Pro), Guido García (Coalición Cívica), Ricardo Liceaga Viñas (UCR), María Cecilia Martínez (LLA), Mercedes Morro (Vamos Juntos del PRO), Agustín Neme (Pro), Daniel Nuñez (UCR), Gustavo Pujato (UCR), Florencia Ranelluci (Pro), Emiliano Recalt (LLA), Maria-nela Romero (UCR), Marina Sanchez Herrero (UCR) y Guillermo Volponi (Pro). Muchos de estos ediles son martilleros, contadores y abogados: ninguno de ellos podía desconocer lo que estaban votando, ni como concejales, ni como profesionales.
Mucho menos cuando el intendente Guillermo Montenegro salió públicamente a decir que la sociedad se había formado específicamente para la licitación del estadio cuando luego en los papeles surge que se había constituido incluso antes de la creación de los pliegos. Pero en otros casos de privatizaciones sospechosas bajo la figura de “permisos” o “excepciones”, fueron los mismos funcionarios municipales los que accedieron después a parcelas en paseos costeros concesionados por el voto de sus mismos bloques.
Tal es el caso del ex concejal y actual titular de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos Santiago Bonifatti, que poseía una construcción ilegal (Rancho Móvil) sobre un acantilado en el extremo sur de la ciudad. O la torre de 35 pisos que constructoras privadas quieren levantar en la zona histórica de la loma de Stella Maris, donde pudo establecerse que la empresaria Florencia Miconi había contratado para un estudio de impacto a la arquitecta María Muller, pareja del secretario de Obras Públicas del Municipio, Jorge González.
Todo esto sin mencionar la estrecha relación entre el secretario de Turismo de la Nación Daniel Scioli y algunos empresarios de la zona como Roberto Fiocca, a quien desde el Ente de Turismo y Cultura de Mar del Plata (Emturyc) se le otorgó después de un dudoso proceso licitatorio la concesión de Playa Redonda, uno de los sectores más codiciados y vírgenes de Chapadmalal, sin pagar canon los primeros dos años (para luego abonar $ 90 millones al año). Quien preside el organismo de turismo marplatense es Diego Juarez, ex secretario personal de Scioli, que en abril del 2024 había sido designado como director de La Unidad Turística Chapadmalal a los efectos de iniciar el proceso de vaciamiento para la privatización de los hoteles del complejo, que impulsa LLA a nivel nacional.
Fuente Tiempo Argentino