A pesar de la derrota en el Congreso del gobierno nacional para imponer la Ley de Tierras, advierten que Arauco avanza sobre las poblaciones locales y originarias de Misiones. Lo que sucede en las colonias rurales de San Pedro representa la cara real del extractivismo forestal en la provincia. Mientras las familias continúan reclamando respuestas y mantienen un acampe frente a la Municipalidad, aparecen nuevos testimonios sobre procedimientos realizados en las chacras que describen un escenario de violencia cada vez más preocupante. El conflicto pone en evidencia la enorme concentración territorial alcanzada por la multinacional chilena en la región y un modelo forestal que durante décadas contó con promoción, incentivos y vínculos permanentes con el poder político provincial.
Arauco está presente en Misiones desde 1996 y se convirtió en el principal actor del sector forestal y en uno de los mayores propietarios privados de tierra de la provincia. Su expansión territorial acompañó el crecimiento de un modelo basado en grandes extensiones de monocultivos de pino y eucalipto destinados a abastecer la industria forestal. En una provincia donde existen cientos de miles de hectáreas de bosques implantados, la empresa llegó a concentrar por sí sola más de 230.000 hectáreas.
El conflicto es desigual: de un lado familias que necesitan pocas hectáreas para plantar mandioca, maíz, poroto, sandía o zapallo, criar animales y sostener a sus hijos. Del otro, una multinacional que controla una gran superficie, posee recursos jurídicos, económicos y logísticos incomparables y mantiene una aceitada relación con las máximas autoridades provinciales.
Productores de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita, San Juan Bosco y otros parajes denuncian desde hace semanas detenciones, golpes, amenazas, secuestro de herramientas y motocicletas, viviendas incendiadas, cultivos destruidos y animales muertos, desaparecidos o heridos. Todas las miradas se posan sobre Arauco Argentina.
El relevamiento comenzó con unas 123 familias afectadas, pero las organizaciones que acompañan el reclamo estiman que podría alcanzar a alrededor de 300 grupos familiares y más de mil personas.
Saúl Lindao: “Cuando desperté estaba esposado”
Saúl Lindao vive en Puerto Argentino 2 y forma parte de las familias campesinas de una zona que comprende 2500 hectáreas, donde ellos hacen uso de 200. Según relató, alrededor de las diez de la mañana del miércoles se encontraba trabajando en los canteros de su chacra cuando llegaron efectivos de la Policía de Misiones acompañados por dos empleados de seguridad de Arauco, llamados “los verdes” por su vestimenta.
Lindao asegura que los representantes de la empresa llevaban machetes y que los policías portaban distintas armas de fuego como escopetas, ametralladoras y una pistola 9 milímetros. Los efectivos le preguntaron si podían revisar el campamento y su vivienda. El hombre respondió que no autorizaría el ingreso sin una orden judicial. Los propios policías, afirma, reconocieron que no tenían una orden de allanamiento.
La negativa desencadenó en una situación extremadamente violenta. Lindao sostiene que personal vinculado a Arauco insistió en que el terreno pertenecía a la empresa y que, mientras permanecía en la puerta de su casa, policías se acercaron por detrás y lo ahorcaron hasta hacerle perder el conocimiento. “Cuando desperté estaba esposado”, recuerda.
El productor denuncia que recibió golpes de puño en el abdomen, la espalda y rodillazos. Tras quedar tirado en el suelo, volvió a recibir una paliza. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría. Allí, según cuenta, le realizaron un pedido de antecedentes, lo encerraron y le informaron que existía una causa vinculada al conflicto por la propiedad.
Lindao sostiene que al retirarse no recibió documentación que explicara formalmente el procedimiento ni constancia de los elementos que habían sido retirados. Entre sus pertenencias, denuncia que le quitaron documentación y una motocicleta Honda Titan KS 125. También asegura que al regresar a su vivienda encontró el interior revuelto, mercadería tirada en el piso y que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para el apeo y el trabajo rural.
Por si fuera poco, denunció que su “compañera, una perra pitbull, recibió durante el procedimiento varios proyectiles de goma. Otros dos perros, en tanto, recibieron gas pimienta y patadas. La violencia contra los animales es una constante en los testimonios de las familias de San Pedro. Los productores vienen denunciando perros heridos, animales de cría muertos o desaparecidos y episodios en los que encontraron sus chacras destruidas después de haber sido retirados del lugar.
El productor afirma que tras la paliza y la liberación, un policía de apellido Fariña lo habría amenazado para que “no llorara” y no relatara que había sido golpeado durante la detención. Sin embargo, los dolores eran tan intensos que decidió ir al hospital. Lindao asegura era tal el temor que sentía que finalmente lo revisaron y nunca precisó a qué se debían las lesiones. “Me dio pánico contar la verdad”, explicó.
Hoy dice sentirse amenazado y afectado psicológicamente. Su temor no se limita a lo que pueda sucederle a él, sino que lo relaciona con lo que atraviesan otras familias de las colonias: casas incendiadas, animales muertos, disparos contra perros y cerdos, herramientas y galpones quemados y familias con niños obligadas a abandonar los lugares donde viven.
Las historias de Ángel Rivero y de El Paisa
Lindao cuenta que durante su permanencia en la comisaría se enteró de que Ángel Rivero también había sido detenido. Según los productores, el día anterior este hombre se encontraba limpiando un sector de tierra para plantar zapallos cuando ingresó la Policía y lo trasladó a la dependencia policial. Las organizaciones que acompañan a las familias sostienen que la detención ocurrió sin que se le exhibiera una orden judicial.
La producción en la que trabajaba Rivero, estaba destinada al cultivo de zapallo con acompañamiento técnico del INTA y para su posterior comercialización. Su detención provocó nuevas protestas y aceleró la movilización de las familias hacia el centro de San Pedro.
El relato de “El Paisa», otro campesino de la zona, permite comprender una dimensión del conflicto que difícilmente aparezca en un expediente judicial: la manera en que la incertidumbre territorial modifica la vida cotidiana de una familia. Tiene un hijo con discapacidad y junto a su familia viven de lo que produce su chacra: zapallo, maíz, poroto, sandía y otras verduras.
Para El Paisa, las familias se sientan completamente desprotegidas. Sostiene que recurrir a las instituciones tampoco les ofrece seguridad, porque existe entre los productores el temor de que reclamar termine derivando en nuevas causas o detenciones.
El año pasado, dice, su propia vivienda fue incendiada por la empresa Arauco en complicidad con la Policia de Misiones. Luego, reconstruyó su casa con el dinero obtenido trabajando en la tarefa, una de las labores rurales más exigentes y peor remuneradas de la economía misionera.
Durante este conflicto, las organizaciones relevaron seis incendios. En las colonias, el fuego adquirió un significado que excede ampliamente el daño material. Todos temen que el foco se inicie cuando haya niños adentro de las casas. El Paisa también sostiene que los incendios benefician posteriormente a la expansión de las plantaciones forestales por los mecanismos legales que permitirían extender durante décadas el uso forestal de terrenos afectados por fuego.
Chacras vs monocultivos
El paisaje dista mucho entre las chacras y el que impera en las tierras de Arauco. En las colonias campesinas se observan diferentes cultivos, árboles, animales y una biodiversidad asociada a las pequeñas producciones. En los grandes pinares, en cambio, existe un paisaje uniforme y sin biodiversidad, donde se encuentran animales muertos debido a la aplicación de agrotóxicos que contaminan el agua y el suelo.
La disputa por la tierra es, al mismo tiempo, una disputa entre formas profundamente diferentes de habitarla.
Cuando lo público y lo privado se encuentran en el territorio
Uno de los aspectos más delicados del conflicto es precisamente la frontera entre los intereses privados de Arauco y el funcionamiento de las instituciones públicas. Las familias de San Pedro no solamente reclaman frente a la empresa. Desde hace semanas buscan respuestas del propio Gobierno de Misiones, especialmente de la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, el organismo provincial que interviene directamente en los procesos de regularización dominial y cuya conducción está a cargo de Daniel Behler, quien recibió en Posadas a representantes de las más de 120 familias que denunciaron detenciones, agresiones y destrozos en sus viviendas.
Behler reconoce a Arauco como propietaria y coloca a quienes viven y producen sobre esas tierras en la categoría de ocupantes o usurpadores. Esto condiciona desde el comienzo cualquier posibilidad de negociación.
El Gobierno de Misiones debería garantizar que el área de Tierras no actúe como simple certificador de la posición registral de una multinacional. Además, se debe investigar el accionar policial denunciado, transparentar cualquier servicio adicional prestado a Arauco y abrir una instancia real de regularización que contemple el arraigo, el trabajo y las condiciones de vida de las familias.
Los campesinos describen procedimientos donde policías llegan acompañados por personal que identifican como perteneciente a Arauco. Durante la movilización del 19 de agosto, manifestantes afirmaron además haber observado una camioneta de la empresa saliendo de la Comisaría Primera de San Pedro con efectivos policiales en su interior.
La tierra como condición para expandir el monocultivo
El modelo forestal necesita grandes extensiones y continuidad territorial para sostener plantaciones industriales de pino y eucalipto y abastecer a gran escala la cadena. En Misiones, ese proceso de concentración avanzó durante décadas sobre un territorio que nunca estuvo vacío. Allí ya vivían familias campesinas, pequeños productores y comunidades mbya guaraní que desarrollaban otras formas de producción y de relación con el monte.
La presencia simultánea de personal que los productores identifican como perteneciente a Arauco y efectivos de la Policía de Misiones es sistemática. No es la primera vez que esta relación genera cuestionamientos en San Pedro. En abril de 2025 se documentaron procedimientos donde policías que prestaban servicio adicional para Arauco brindaban cobertura a guardabosques de la empresa durante intervenciones en tierras disputadas.
Perderlo todo y empezar otra vez
Una familia campesina no pierde solamente un inmueble cuando su casa se incendia. Pierde colchones, ropa, documentos, alimentos almacenados, herramientas, semillas, muebles y recuerdos. Cuando también pierde animales y cultivos, desaparecen al mismo tiempo su vivienda y su fuente de sustento. En San Pedro no existen políticas públicas que protejan a las familias rurales. Sino que el miedo se convirtió en una condición cotidiana de vida.
Las familias rurales reclaman poder trabajar, cultivar, que sus animales estén a salvo y que sus hijos puedan permanecer dentro de sus casas sin miedo. Y reclaman algo que en cualquier Estado de derecho debería ser elemental: que una disputa sobre la propiedad de la tierra jamás sea resuelta mediante el terror de quienes la habitan.
Fuente Tiempo Argentino