La saga judicial que involucra al consultor y estratega libertario Fernando Cerimedo sumó un nuevo capítulo de alto impacto que termina de resquebrajar el andamiaje del ecosistema mediático de la ultraderecha regional. En el marco de la causa que investiga el intento de femicidio a manos de sicarios contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, se incorporaron a la causa una serie de audios donde el propio Cerimedo desnuda los entretelones financieros detrás de la venta del portal La Derecha Diario. Lejos de responder a convicciones ideológicas, las conversaciones revelan que el traspaso del medio difusor de noticias falsas estuvo motivado por disputas patrimoniales domésticas, escaso rédito económico y crecientes roces políticos con sus socios.
En las grabaciones registradas pocas semanas antes del ataque a balazos en las puertas del Swissotel de Santa Cruz de la Sierra, el exasesor de Javier Milei apunta directamente contra su exsocio y comprador del medio, el operador español Javier Negre. “Es un mercenario de verdad, peor que yo”, se escucha decir a Cerimedo en un sincericidio que sintetiza la matriz de negocios que mueve a los agitadores digitales del espacio ultraconservador. La operación se concretó formalmente en dos etapas: tras la venta del primer 50% de Madero Media Group en 2024, la mitad restante del paquete accionario terminó de quedar en manos del empresario ibérico días antes del atentado que dejó a Beller al borde de la muerte.
Cerimedo sobre Javier Negre: «Es un mercenario de verdad, peor que yo».
Nadia Beller explicó a Clarín el contexto del audio donde Cerimedo detalla porque quería vender su participación en La Derecha Diario al aducir que al no estar divorciado de Natalia Basil esas acciones… pic.twitter.com/cXyDhV2eiC
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 10, 2026
La premura del consultor por desprenderse del medio respondió a una maniobra para vaciar bienes gananciales en el marco de su divorcio de Natalia Basil, exdirectora de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Basil figuraba originalmente con el 85% del paquete accionario de la firma junto a otros militantes libertarios, pero era Cerimedo quien ejercía el control operativo y editorial. Para evitar que la madre de sus hijos ingresara a la estructura societaria a su nueva pareja, el estratega prefirió rematar las acciones al mejor postor europeo, dejando al descubierto cómo el entramado societario de la batalla cultural servía además como tapadera para maniobras patrimoniales privadas.
El material filtrado no solo complica la situación procesal del empresario en el expediente de violencia de género extrema, sino que proyecta sus esquirlas hacia la política local y la justicia internacional. Las declaraciones de Beller derivaron en una citación por parte del fiscal federal Franco Picardi en la causa que investiga el pago de sobornos y contrataciones irregulares en la ANDIS durante la gestión de Basil. Este nexo confirma que la usina de noticias falsas montada para demoler opositores funcionaba en estrecha simbiosis con la caja pública del Estado nacional, articulada por los mismos funcionarios que administraban partidas millonarias.
A este frente judicial en Argentina y al expediente por tentativa de homicidio en Bolivia se le suma el agravamiento de las condiciones de reclusión del propagandista argentino. Tras ser trasladado de urgencia desde el penal de Palmasola hacia la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro a más de 4000 metros de altura para cumplir prisión preventiva por enriquecimiento ilícito, la justicia boliviana abrió en las últimas horas una tercera causa en la región de Beni por su presunta vinculación con redes del narcotráfico. El derrotero judicial cercena la impunidad de quien supo ser el armador mimado de las campañas sucias de la extrema derecha en el cono sur.
Cercado por los expedientes y abandonado por sus antiguos aliados de la Casa Rosada y del Palacio Quemado, la figura de Cerimedo se desmorona al ritmo de las pruebas que su propia víctima entrega a los tribunales.
Fuente Tiempo Argentino