La Justicia Federal argentina le ordenó a las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum que se abstengan de ejecutar cualquier acción destinada al avance del proyecto Sea Lion (o León Marino). Fue en el marco de la acción preventiva impulsada por la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes de Malvinas La Plata (Cecim).
Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, hizo lugar este miércoles a la medida cautelar solicitada por ambas organizaciones. De ese modo, le ordenó a las firmas que “se abstengan de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución del proyecto ‘León Marino’“.
La orden impide a las firmas avanzar en la perforación del lecho o subsuelo marino para avanzar en la explotación hidrocarburífera. También frena la instalación de infraestructura submarina dedicada como conductos, líneas de flujo, sistemas de conducción, comunicación, inyección o control. La magistrada ordenó que se frene la puesta en funcionamiento de las unidades flotantes destinadas a la producción, almacenamiento o descarga de hidrocarburos.
La medida también impide el inicio de la extracción o explotación comercial de hidrocarburos y también prohíbe la ejecución de obras terrestres y portuarias destinadas a sostener la actividad extractivista. La resolución apunta también contra la instalación de bases logísticas, plantas de preparación de lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos e infraestructura habitacional.
Además de eso, la jueza intimó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleoum Development and Production Limited informen a la causa el estado actual del proyecto, sus cronogramas, el detalle de los pozos proyectados y demás detalles sobre el proyecto. La magistrada también exhortó a las firmas a que informen cuáles fueron las entidades financieras y fondos que hayan financiado el proyecto extractivista sobre la plataforma continental argentina. Todo eso, en carácter de declaración jurada.
Como las empresas no se presentaron con sus respectivos representantes legales en el expediente, la orden deberá remitirse de manera directa por vía postal, a través de la Cancillería.
El proyecto León Marino busca extraer petróleo de la plataforma continental argentina, en una zona ubicada a poco más de 200 kilómetros al norte de las islas Malvinas, ocupadas ilegalmente por Inglaterra. Navitas, una de las dos empresas que está atrás, tiene sede en Israel. Rockhopper es británica.
En la resolución a la que tuvo acceso Tiempo, Borruto sostuvo que la decisión es de carácter cautelar y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las firmas. “Que la circunstancia de que las demandadas sean sociedades constituidas en el extranjero no enerva la plena vigencia del derecho argentino, desde que el emprendimiento cuestionado se proyecta sobre la plataforma continental argentina y sobre los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas”, sentenció la magistrada.
Al argumentar la medida cautelar con el objetivo de prevenir un daño ambiental, la magistrada consideró que “el riesgo no es hipotético ni remoto”, ya que el proyecto avanzó hacia su etapa de ejecución pese al rechazo de la Cancillería argentina.
Fuente Tiempo Argentino
