Los legisladores porteños Andrés La Blunda y Alejandro “Pitu” Salvatierra encabezaron en la Legislatura de la Ciudad una audiencia junto a vecinos, organizaciones territoriales y organismos de protección de derechos para abordar las denuncias de violencia institucional y hostigamiento policial durante los operativos desplegados por el gobierno de Jorge Macri en distintos barrios populares.
La actividad fue organizada de manera conjunta por la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, presidida por La Blunda, y la Comisión de Violencia Institucional, presidida por Salvatierra, como parte del trabajo que ambas vienen realizando para escuchar a las personas afectadas y construir respuestas institucionales frente a la actuación de las fuerzas de seguridad.
Durante la audiencia, vecinas y vecinos denunciaron situaciones de hostigamiento y violencia policial y exhibieron fotografías de las heridas que, según relataron, dejó el operativo Tormenta Negra 2, realizado el 24 de septiembre.
Salvatierra cuestionó la reiteración de los procedimientos policiales y denunció un trato discriminatorio hacia quienes viven en los barrios populares: “Estamos hartos, no aguantamos más, no merecemos que nos traten así. El acto de discriminación que está cometiendo el jefe de Gobierno es claro: a nosotros nos tratan distinto que al resto de los porteños. Los operativos son perversos».
Además enfatizó que «en lo que va del año se hicieron 46 operativos policiales sobre los barrios populares. ¿Se llevaron narcos? Ninguno. Estamos podridos. No tenemos por qué soportar que violen nuestros derechos. Queremos hablar de derechos, de nuestros derechos, y para eso estamos acá sentados”.
La Blunda destacó que la audiencia forma parte de un trabajo conjunto entre la Legislatura, vecinos, organizaciones territoriales y organismos de derechos humanos para transformar las denuncias y testimonios en respuestas institucionales y fortalecer el control democrático sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y del Gobierno porteño.
“Estamos construyendo respuestas institucionales colectivas, no solamente desde la Legislatura sino junto con los territorios. Lo que estamos haciendo es ejercer un control democrático frente a situaciones y políticas del Gobierno de Jorge Macri que van en contra de nuestra Constitución”, sostuvo La Blunda.
El legislador planteó además que detrás de los operativos existe una concepción sobre cuál debe ser la respuesta del Estado ante las problemáticas sociales. “La Constitución de nuestra Ciudad se basa en un principio fundamental, que es el de la justicia social, y pone primero la respuesta social y en último lugar el punitivismo. Con Jorge Macri ese orden se dio vuelta”, afirmó.
La Blunda remarcó también la importancia de que los testimonios de las víctimas queden registrados públicamente y puedan convertirse en insumos para informes, pedidos de explicaciones y nuevas herramientas institucionales de control. En ese sentido, señaló que existe una continuidad entre las audiencias, las recorridas realizadas junto a Salvatierra y el trabajo con vecinos, organizaciones territoriales y organismos de derechos humanos.
Como parte de esa respuesta institucional, La Blunda impulsó dos iniciativas legislativas destinadas a fortalecer los mecanismos frente a posibles hechos de violencia institucional y garantizar los derechos de las víctimas.
Una de ellas propone institucionalizar por ley la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional e Integridad Policial. La iniciativa busca darle carácter permanente, crear las figuras de un fiscal de Cámara y un fiscal de Primera Instancia y establecer que esos cargos sean cubiertos mediante concurso. La Fiscalía tendría competencia especializada para investigar hechos que pudieran constituir violencia institucional o delitos vinculados con el ejercicio irregular, abusivo o ilegal de funciones policiales y de seguridad.
El segundo proyecto propone la implementación de la Defensa Pública de Víctimas, mediante la creación de defensorías especializadas y permanentes dentro del Ministerio Público de la Defensa para brindar asistencia y representación jurídica a víctimas de delitos de competencia de la Justicia porteña.
Por su parte, el legislador Pitu Salvatierra presentó ante cada uno de los operativos pedidos de información sobre la coordinación de ellos y los controles de legalidad. Además, impulsó un repudio firmado por todo el bloque de Unión por la Patria señalando el hostigamiento y la discriminación.
En paralelo, el vicepresidente segundo de la Legislatura porteña e integrante del bloque de Unión por la Patria, Juan Pablo Modarelli, presentó dos pedidos de interpelación a funcionarios del Gobierno de Jorge Macri por los operativos desplegados en los barrios populares. Las iniciativas buscan que brinden explicaciones ante la Legislatura el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, por la actuación de las áreas a su cargo.
De la audiencia participaron el senador nacional Mariano Recalde; el diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Horacio Pietragalla; y los diputados nacionales Paula Penacca, Javier Andrade y Lucía Cámpora.
También estuvieron presentes los legisladores porteños Vanina Biasi, Amanda Martín, Mariana González, Alejandro Grillo, Leandro Santoro, María Bielli, Delfina Velázquez, Matías Barroetaveña, Graciana Peñafort, Claudia Neira, Victoria Freire, Claudio Ferreño, Juan Pablo Modarelli y Francisco Caporiccio.
Participaron además Mariana Gagliardi, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad; Ezequiel Paolucci, director ejecutivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura; Ariel Lud, director ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; y Natalia Gabelini y Gustavo Palmieri, comisionados de dichos organismos.
La audiencia contó además con representantes del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo, el CELS, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, DIAFAR, Movida Ciudad, H.I.J.O.S. Capital, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, CEPOC, la Coordinadora contra los Desalojos y ACVI, además de vecinos y vecinas afectados por los operativos.
Fuente Tiempo Argentino
