El titular del Juzgado de Garantías 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, confirmó la prisión preventiva a 11 de los 15 penitenciarios acusados de abusar sexualmente y torturar a un grupo de detenidas -el pasado mes de junio-, en la Unidad Penal 51 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Cuatro miembros de la fuerza fueron liberados.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa como particular damnificada institucional. El pasado 28 de septiembre, se conoció la resolución en la que el juez también desestimó distintos planteos de nulidad formulados por los defensores de los imputados.
Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de La Plata, retiró el pedido de prisión preventiva respecto de Carlos Alberto Salice, Juan Antonio Juanena, Facundo Sebastián Medina y Juan Manuel Villena. Por eso, quedaron libres.
Los 11 penitenciarios imputados y con prisión preventiva
El juez consideró que existen elementos suficientes que muestran la responsabilidad de los uniformados en los terribles hechos denunciados por las detenidas. Por lo cual, la prisión preventiva cayó sobre María Belén Toledo, Daiana Belén Balmaceda, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Gisela Mailín Iguarán, Raquel Noemí Boccardo, Carlos Miguel Tocci, Lucas Germán Dama y Miguel Ángel Eduardo Villota.
Todos ellos están imputados y serán juzgados por los siguientes delitos: “Tortura en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones, como autores o partícipes necesarios”.
Sin embargo, la prisión preventiva no asegura que los 11 detenidos continúen alojados en establecimientos penitenciarios. Porque el juez Masi dispuso que la medida pueda cumplirse bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Esto sería así, una vez evaluados y aprobados los domicilios que brindaron los imputados solicitantes del beneficio semi-liberatorio.
El día que ocurrieron los hechos
La justicia platense investiga los terribles hechos ocurridos el pasado 3 de junio durante una brutal represión que se desató tras una pelea entre detenidas en la planta alta del penal. Justo ese día, las mujeres de todo el país salieron a las calles para movilizarse contra la violencia de género.
En esa ocasión, las detenidas denunciaron abuso sexual, torturas y otros terribles delitos de características dictatoriales, entre ellas, “submarino húmedo”. Ahora, la justicia debe determinar el grado de participación que tuvo cada uno de los miembros de la fuerza penitenciaria en estos delitos. Algo que quedará al descubierto a medida que avance el proceso de la causa.
Una de las detenidas que resultaron víctimas denunció que la obligaron a besarle “las botas” a una de las jefas penitenciarias. Y aseguró que cada vez que se negaba a hacerlo la escupían, la amenazaban y le pegaban, entre muchas otras cosas degradantes de la condición humana.
Protocolo de Estambul
Otras dos detenidas denunciaron que fueron víctima de abuso sexual con acceso carnal -con el caño de la escopeta- “por parte de varios penitenciarios”. Hasta el momento, las defensas de las y los funcionarios detenidos también realizaron “algunos cuestionamientos a los testimonios de las detenidas”. Por lo cual, todo quedará claro cuando se realice el debate oral y público.
En tanto, el organismo político responsable, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires (MJDHPBA); cuando ocurrieron los hechos pasó a disponibilidad a 10 penitenciarios.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria solicitó a la Justicia de La Plata que: “todas las declaraciones de las víctimas e inspecciones médicas se realicen bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul, entre otras normas internacionales sobre violencia sexual en instituciones de encierro”.
Fuente Tiempo Argentino
