El 17 de septiembre, Javier Milei envió al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado, según el comunicado oficial, a proteger los derechos soberanos de la República Argentina. La iniciativa, impulsada al calor del súbito giro malvinero de Milei, empieza por las Islas, pero termina bastante más lejos. Son 133 artículos que abarcan desde la explotación de los recursos naturales hasta la defensa, la seguridad
nacional, la inteligencia y la protección de infraestructuras críticas. Hay un dato que obliga a leerlo con atención: en sus 45 páginas no se menciona ni una sola vez al Reino Unido.
Como advirtió Luciano Anzelini en su análisis del proyecto publicado el pasado domingo en El Cohete a la Luna, el Gobierno utiliza una causa capaz de reunir uno de los consensos más profundos de la sociedad argentina para concentrar poder. Después del primer título, específicamente referido a los recursos naturales en Malvinas, el proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo presidido por el propio Presidente, articula funciones de defensa e inteligencia, establece un régimen de protección de infraestructuras críticas y modifica la Ley de Defensa Nacional. ¿Para qué sirve un Estado que amplía sus facultades de inteligencia y coerción, y tensiona la frontera entre la defensa militar y la seguridad interior, al mismo tiempo que renuncia a las herramientas que permiten al país desarrollarse y preservar sus márgenes de decisión frente al mundo?
La nueva postura de Milei respecto de Malvinas difícilmente pueda borrar lo ocurrido durante los tres años anteriores. Los argentinos lo escuchamos reivindicar a Margaret Thatcher y, ya en funciones, justificar la visita de David Cameron a las islas sin previo aviso. Por eso, no sorprende que una mayoría de nosotros haya leído su reciente conversión soberanista como una decisión de conveniencia política. Más que celebrar como extraordinaria una actitud que debería ser obvia en cualquier presidente argentino, conviene preguntarnos qué concepción del Estado aparece detrás de este proyecto.
El Estado que Milei quiere destruir es el que puede mejorar la realidad de todos los argentinos y las argentinas: el que produce conocimiento, desarrolla tecnología, planifica, construye infraestructura y amplía los márgenes de acción del país. El Estado que concentra capacidades de vigilancia y disciplinamiento político y social, en cambio, parece gozar de excelente salud. El pasado domingo, Milei llegó a asegurar que su gobierno había expulsado a 30.000 “terroristas”, personas que, según él, se habían infiltrado en el país para “dinamitar el modelo argentino”: una muestra inquietante y absurda de la facilidad con la que el Presidente amplía la categoría de amenaza. De esa manera, la lógica del Estado en peligro sirve de justificación para blindar su proyecto de subordinación: desplaza conflictos políticos y sociales al terreno de la seguridad nacional y fortalece los instrumentos necesarios para sostener un rumbo que reduce la autonomía del país y concentra los beneficios en unos pocos.
La disputa por el modelo de país y por su lugar en el mundo tuvo, la semana pasada, dos escenas elocuentes en Nueva York. Milei proclamó ante la ONU que la Argentina se había “alineado sin ambigüedades con Occidente”. En esa misma ciudad, Axel Kicillof sostuvo en Columbia que el país puede apoyarse en sus recursos estratégicos, sus capacidades científicas, sus universidades y su entramado industrial para convertirse en un actor relevante en un mundo en transformación. Son dos modos de pensar la inserción internacional, pero también dos maneras de responder qué necesita un país para conservar opciones y elegir su propio camino.
Malvinas es una causa demasiado arraigada en el corazón de nuestro pueblo para convertirse en la coartada de aquellos que pretenden disciplinar hacia adentro y subordinarse hacia afuera. Los 649 argentinos que murieron en la guerra, los veteranos y una historia de casi dos siglos de reclamo soberano merecen algo más que una utilización coyuntural de su nombre. Defender la soberanía exige proteger nuestros recursos y nuestros derechos sobre las islas, pero también conservar las herramientas que permiten a la Argentina desarrollarse y actuar con autonomía. Cuando un Estado recorta ciencia, tecnología e infraestructura, resigna márgenes de decisión frente al mundo y, al mismo tiempo, fortalece sus aparatos de inteligencia, sus facultades coercitivas y sus mecanismos de disciplinamiento, queda claro para qué quiere ser fuerte y para qué ha decidido ser débil.
* Son integrantes del Opeir: Carlos Tomada, Carlos López, Braulio Silva Echevarría, Mariano Kestelboim, Carlos Raimundi, Ariel Lieutier, Marcelo Granitto, Luciano Anzelini, Rubén Pascolini y Martín Villaverde.
Fuente Tiempo Argentino
