Vuelve a la estratégica Cámara Federal porteña el juez Eduardo Farah, un aliado del kirchnerismo

al decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial que fue firmado por el presidente Alberto Fernández.

El magistrado está vinculado al kirchnerismo por ser el mismo que liberó al empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa hace dos años, que estaban detenidos en el marco de la causa conocida como Oil Combustibles.

Con esta decisión, Farah retoma el cargo que había dejado en 2018 tras negociar con el gobierno de Mauricio Macri su traslado a otro tribunal.

Según el decreto 53/2021, el Consejo de la Magistratura hizo lugar a la solicitud de reintegro del magistrado “teniendo en consideración la expresa manifestación del juez en torno a que no posee interés en participar de los concursos orientados a cubrir las vacantes para las que fuera trasladado”.

Tras ese polémico fallo de 2018, Farah pidió su traslado al Consejo de la Magistratura. Primero fue a un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín.

Pero tras el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados, el juez pidió volver a la Sala II de la Cámara Federal.

Farah asumió como juez de la Sala II de la Cámara Federal en 2008. Accedió a este cargo por concurso y su decreto de designación lo firmó la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Desde allí se mantuvo bajo la tutela del Javier Fernández, el ex operador judicial del kirchnerismo con quien lo unía una amistad. Habían sido compañeros de escuela en el Colegio Sagrada Familia.

Su regreso se aprobó en el Plenario del Consejo de la Magistratura con amplia mayoría, con todo el respaldo del oficialismo y de los representantes de los jueces. Pero no fue la única decisión fuerte que tomó el Consejo. En la misma sesión aprobó la terna que incluye al abogado Roberto Boico para cubrir otra vacante en la misma Sala II de la Cámara Federal.

Así, el Gobierno se garantiza tener dos jueces afines en el estratégico tribunal que se encarga de revisar los procesamientos de los 12 jueces federales de Comodoro Py, los que se encargan de investigar a funcionarios y políticos en casos de corrupción.

Para el kirchnerismo es clave que vuelva a su antiguo cargo ya que esa sala actualmente tiene un solo camarista, Martín Irurzun, con el que mantienen fuertes diferencias. 

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