La ex presidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, pasó su primera noche tras las rejas mientras se espera que sea interrogada por la Fiscalía general tras su detención por su participación
en el golpe de Estado contra el ex mandatario Evo Morales en 2019.
Los principales partidos opositores, que niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019, condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios. El ministro de Justicia, por su parte, rechazó acusaciones de Áñez de “persecución política”, dijo que el proceso se ajusta a derecho y que a la ex presidenta y ex senadora le corresponde un juicio ante un tribunal ordinario. La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se dé transparencia a todos los procedimientos legales.
Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, cuando se fue Morales en medio de una fuerte convulsión social luego de que opositores denunciaran un fraude en las elecciones en las que el líder izquierdista buscaba la reelección. Las denuncias de fraude desataron protestas en las calles y motín policial, y en medio del problema, las Fuerzas Armadas le hicieron a Morales la “sugerencia” de renunciar. Morales, se exilió en México, se trasladó un mes después a Argentina como refugiado y volvió a su país en noviembre de 2020, tras la elección presidencial ganada por Luis Arce, del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), su ex ministro de Economía.
Áñez, fue detenida en la madrugada de ayer en Trinidad, a 600 kilómetros de La Paz. También fueron detenidos sus ex ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y todos fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados por la Fiscalía. La acusación es por “sedición, terrorismo y conspiración”.
Áñez está detenida en las celdas de un cuartel de la policía y fue trasladada por unas horas a la Fiscalía, pero se acogió al derecho al silencio y fue devuelta a la unidad de los uniformados. La Fiscalía espera tomarle declaraciones en las próximas horas y decidir en qué condición legal la remite a un juez, para la apertura del proceso legal.
Dirigentes convocaron desde mañana protestas contra estas detenciones, calificadas como una “persecución política”, informó la agencia de noticias AFP. El nombre de Áñez figura en una denuncia que hizo en diciembre pasado la ex diputada del MAS Lidia Patty, contra el líder cívico de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que resultó gobernador electo. En la demanda figuran cinco ex ministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles. El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho. Explicó que a Áñez no le corresponde un juicio de responsabilidades o de privilegio, por su condición de ex gobernante, sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.
Un juicio de privilegio significa que la Fiscalía de la Nación pide al Parlamento autorizar el juicio y luego desarrollar el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia. La detención de Áñez motivó que desde la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijera desde Twitter que “las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”. Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, António Guterres, pidió mantener las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos legales”.
La subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, pidió ayer por Twitter que Bolivia defienda todos los derechos civiles y garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana.
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